Argentina bajo Milei: entre el orden de las cuentas públicas y una sociedad que reclama respuestas

El desafío es determinar si la estabilización puede transformarse en crecimiento sostenido, trabajo de calidad y una mejora concreta para el conjunto de los argentinos.

La Argentina atraviesa una transformación económica profunda. Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, el país ingresó en una etapa marcada por un fuerte ajuste fiscal, la reducción de la intervención estatal, la desregulación de distintas actividades económicas y un cambio en las prioridades de la política pública.

El Gobierno sostiene que estas medidas resultan indispensables para terminar con décadas de desequilibrios, inflación persistente, endeudamiento y pérdida de confianza en la moneda. Sus argumentos encuentran respaldo en una sociedad que durante años padeció la incertidumbre de los precios, la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad de proyectar el futuro.

Pero una transformación de esta magnitud no puede evaluarse únicamente desde los despachos oficiales, los mercados financieros o las planillas presupuestarias. También debe observarse desde la fábrica que necesita vender, el comercio que enfrenta una caída de la demanda, el productor que calcula sus costos, el empleado que espera el día de cobro, el jubilado que organiza sus gastos y la familia que debe decidir qué necesidad puede postergar.

La discusión central no consiste en negar los problemas que heredó el Gobierno ni en desconocer la importancia de estabilizar la economía. Consiste en determinar si el camino elegido está construyendo las condiciones para que el conjunto de la sociedad pueda vivir mejor.

Porque una economía puede mostrar avances en determinadas variables y, al mismo tiempo, mantener dificultades importantes en otras. Comprender esa diferencia es indispensable para realizar un análisis serio de la Argentina actual.

El equilibrio fiscal: un instrumento, no un proyecto de país

El Gobierno convirtió el equilibrio fiscal en una de las principales bases de su programa económico. La decisión responde a un problema histórico: sostener déficits durante períodos prolongados, financiarlos de manera inestable y postergar las correcciones puede profundizar la inflación, debilitar la moneda y deteriorar la confianza.

Ordenar las cuentas públicas constituye, por lo tanto, un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, el debate no termina cuando los ingresos del Estado alcanzan para cubrir sus gastos.

También importa cómo se consigue ese resultado, qué partidas se reducen, cuáles se preservan y qué consecuencias tienen las decisiones sobre la actividad económica y las condiciones de vida.

No todos los gastos públicos cumplen la misma función. Revisar estructuras innecesarias, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia administrativa puede contribuir a una gestión más responsable. Reducir inversiones indispensables, deteriorar servicios esenciales o abandonar obras estratégicas plantea problemas diferentes.

El equilibrio fiscal es una herramienta para alcanzar estabilidad, previsibilidad y mejores condiciones de desarrollo. No constituye, por sí mismo, una garantía de crecimiento ni una medida completa del bienestar social.

La verdadera discusión es qué se hace con esa estabilidad y qué oportunidades permite construir.

Si el orden de las cuentas se convierte en el punto de partida para impulsar la producción, generar empleo, fortalecer la infraestructura y mejorar los ingresos, puede contribuir a una transformación duradera. Si, en cambio, se presenta como un objetivo suficiente, el país corre el riesgo de confundir la administración de sus recursos con un proyecto integral de desarrollo.

La inflación baja, pero las familias necesitan recuperar su capacidad de compra

La inflación ha sido uno de los problemas más persistentes de la economía argentina. Reducir su velocidad resulta fundamental para que los trabajadores puedan organizar sus gastos, los comerciantes calcular sus costos y las empresas planificar inversiones.

En septiembre de 2026, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual del 1,9 %. Es una referencia importante para evaluar la evolución reciente de los precios, pero no significa que el costo de vida haya regresado a los niveles anteriores ni que todos los hogares hayan recuperado su poder adquisitivo.

Cuando los precios acumulan fuertes aumentos durante un período prolongado, una menor inflación no revierte automáticamente lo sucedido. Los alimentos, los alquileres, los medicamentos, el transporte y los servicios pueden seguir absorbiendo una proporción considerable de los ingresos.

Para un trabajador, la pregunta no es solamente cuánto aumentaron los precios durante el último mes. La pregunta es si su salario alcanza para cubrir los gastos habituales, si puede afrontar una emergencia y si queda algo de dinero para ahorrar.

Para un jubilado, el problema puede ser todavía más urgente cuando los medicamentos y los gastos cotidianos representan una parte sustancial de sus ingresos.

Y para una familia con hijos, cada incremento en los servicios, la alimentación o el transporte puede obligar a reorganizar el presupuesto y postergar otras necesidades.

Por eso, la evolución de la inflación debe analizarse junto con los salarios reales, las jubilaciones, las tarifas y los gastos de los hogares. La estabilidad monetaria puede constituir una condición necesaria para la recuperación, pero su valor social depende de que permita mejorar efectivamente la capacidad de compra.

La inflación puede desacelerarse antes de que las familias recuperen lo perdido. Esa diferencia ayuda a explicar por qué un indicador favorable no siempre se traduce en una percepción inmediata de alivio.

El consumo: el termómetro de la vida cotidiana

El consumo interno permite observar cómo las condiciones económicas llegan a los hogares y repercuten en la actividad comercial.

Durante agosto de 2026, las ventas de los supermercados a precios constantes registraron una caída interanual del 3,7 %. El dato muestra que, al comparar con el mismo mes del año anterior, el volumen vendido fue menor, aunque la situación no sea idéntica para todos los comercios ni para todas las regiones.

Detrás de un indicador como este aparecen situaciones concretas: consumidores que buscan ofertas, familias que cambian sus marcas habituales, compras que se realizan en cantidades más pequeñas y gastos que se trasladan hacia productos indispensables.

El problema no afecta únicamente a quien compra. Cuando un comercio vende menos, sus ingresos se resienten. Si esa situación se prolonga, puede reducir pedidos a proveedores, limitar nuevas contrataciones o revisar la continuidad de determinados puestos de trabajo.

El comercio minorista, los almacenes de barrio, las pequeñas empresas y numerosos emprendimientos dependen de la circulación de ingresos dentro de la comunidad. Su actividad está estrechamente vinculada con los salarios, las jubilaciones y la capacidad de consumo de la población.

Esto no significa que toda caída de ventas responda a una única causa ni que todos los rubros atraviesen el mismo escenario. Significa que el consumo constituye una variable imprescindible para comprender cómo evoluciona la economía real.

Una recuperación sostenible necesita que las familias vuelvan a consumir sin endeudarse de manera excesiva y que los comerciantes puedan vender sin depender exclusivamente de promociones, recortes de costos o una demanda cada vez más limitada.

La industria: producir en un escenario de transformación

La industria nacional enfrenta uno de los desafíos más importantes de la nueva orientación económica.

La apertura comercial, la modificación de los precios relativos, los costos de financiamiento y los cambios en la demanda obligan a las empresas a revisar sus estrategias. Para algunas actividades, el nuevo escenario puede generar oportunidades de modernización, incorporación de tecnología y acceso a insumos más competitivos. Para otras, puede significar una competencia difícil de afrontar, especialmente cuando existen diferencias importantes de escala, productividad, infraestructura o acceso al crédito frente a productores extranjeros.

No toda protección industrial es eficiente ni toda apertura garantiza una competencia equilibrada. El desafío consiste en construir condiciones para que las empresas argentinas puedan mejorar su productividad, incorporar tecnología y competir sin depender permanentemente de subsidios o privilegios.

Pero esa transformación requiere tiempo, inversión y previsibilidad.

Una fábrica no puede modernizarse de un día para otro si no dispone de financiamiento. Tampoco puede sostener indefinidamente su estructura si pierde ventas, acumula deudas y enfrenta costos que no consigue trasladar al mercado.

Además, la industria tiene un efecto que trasciende sus instalaciones. Cada establecimiento productivo puede sostener proveedores, transportistas, talleres, comercios y servicios profesionales. Cuando una empresa reduce su actividad, las consecuencias pueden extenderse a una red mucho más amplia.

Por eso, la evolución industrial debe evaluarse no solamente por el volumen de producción, sino también por la cantidad y calidad del empleo, la utilización de la capacidad instalada, la inversión y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.

La Argentina necesita una industria competitiva, capaz de exportar y de abastecer el mercado interno. El debate consiste en cómo alcanzar ese objetivo sin perpetuar ineficiencias, pero también sin desarmar capacidades productivas que demandaron años de formación, inversión y experiencia.

Las pymes y el pequeño comerciante: la economía que sostiene el empleo

En el centro de muchas comunidades argentinas se encuentra una realidad que no siempre ocupa el lugar que merece en las discusiones macroeconómicas: la de las pequeñas y medianas empresas.

Son talleres, fábricas, negocios familiares, emprendimientos, transportistas y prestadores de servicios que generan actividad y empleo en ciudades grandes, localidades pequeñas y zonas rurales.

A diferencia de las grandes compañías, muchas pymes cuentan con reservas limitadas y tienen menos posibilidades de acceder a financiamiento en condiciones favorables. Una caída prolongada de las ventas, un aumento de los costos o una demora en los pagos puede comprometer su funcionamiento.

El pequeño comerciante enfrenta una dificultad particular: necesita mantener abierto su negocio, pagar alquileres, salarios, impuestos, servicios y proveedores, pero depende de clientes cuyos ingresos también están condicionados por la situación económica.

Cuando disminuye la circulación de dinero, la dificultad se multiplica. El comercio vende menos, compra menos mercadería y limita sus gastos. El proveedor recibe menos pedidos y puede verse obligado a reducir su propia actividad.

La respuesta no pasa por proteger indefinidamente a cualquier empresa, independientemente de su eficiencia. Pasa por generar condiciones en las que los emprendimientos viables puedan producir, invertir, contratar personal y adaptarse a los cambios.

Una economía que aspira a crecer necesita grandes inversiones, pero también miles de empresas medianas y pequeñas capaces de sostener el tejido productivo cotidiano.

El campo, las economías regionales y el desafío de distribuir las oportunidades

El sector agropecuario constituye una fuente esencial de exportaciones y generación de divisas. La energía y la minería también pueden ampliar la capacidad exportadora argentina y atraer inversiones de gran escala.

Estas actividades ofrecen oportunidades importantes, pero sus resultados no se distribuyen de manera automática ni uniforme.

El productor agropecuario debe afrontar costos de insumos, maquinaria, combustible, transporte y financiamiento, además de los riesgos climáticos. Su rentabilidad depende de la combinación de precios, productividad, condiciones comerciales y características de cada explotación.

En las economías regionales, las dificultades pueden ser diferentes. Productores de frutas, hortalizas, vid, olivos y otras actividades necesitan infraestructura, agua, energía, logística, acceso a mercados y condiciones que permitan sostener la producción.

En Mendoza, por ejemplo, la disponibilidad de agua, el mantenimiento de los sistemas de riego, los caminos y los costos energéticos son factores determinantes para buena parte de la actividad agrícola y agroindustrial. Una mejora macroeconómica puede generar condiciones favorables, pero no reemplaza las soluciones concretas que necesita cada territorio.

También debe considerarse el efecto de las importaciones y de los cambios en los precios relativos sobre las cadenas de producción locales. La competencia puede impulsar mejoras, aunque sus beneficios dependerán de que las empresas tengan posibilidades reales de adaptarse y de que existan reglas previsibles.

El país necesita exportar más y aprovechar sus recursos. Pero también necesita que las oportunidades se extiendan a los proveedores nacionales, los trabajadores, las cooperativas y las localidades que participan de esas cadenas productivas.

El éxito exportador será más sólido si contribuye a diversificar la economía, mejorar la infraestructura y generar empleo más allá de los sectores directamente beneficiados.

La energía y la minería: una oportunidad que necesita desarrollo

Vaca Muerta, la producción de hidrocarburos, el potencial minero y las inversiones vinculadas con los recursos naturales ocupan un lugar creciente en las expectativas económicas del país.

Estas actividades pueden aportar divisas, ampliar las exportaciones, impulsar obras y generar demanda de servicios especializados. También pueden contribuir a mejorar la disponibilidad energética y fortalecer la posición de Argentina en los mercados internacionales.

Sin embargo, una inversión de gran magnitud no garantiza, por sí sola, una mejora equivalente en las condiciones de vida de toda la población.

Importa cuántos empleos genera, qué proporción de sus insumos se adquiere a proveedores nacionales, cuánto valor agregado queda en el país y de qué manera se distribuyen los beneficios económicos entre las distintas jurisdicciones.

También resulta fundamental que el desarrollo de estas actividades respete las normas ambientales, contemple las necesidades de las comunidades y disponga de controles adecuados.

El desafío es convertir los recursos naturales en una plataforma para el desarrollo. Eso requiere infraestructura, capacitación laboral, investigación, proveedores locales y políticas que permitan aprovechar los ingresos para fortalecer otras áreas de la economía.

Argentina no debería desaprovechar sus ventajas productivas, pero tampoco debería confiar su futuro exclusivamente a ellas. Una estructura económica diversificada es más capaz de resistir cambios en los precios internacionales y generar oportunidades para trabajadores con distintas calificaciones.

El empleo: no alcanza con tener una ocupación, también importa cómo se vive de ella

El mercado laboral ofrece una de las señales más relevantes para medir la evolución social de la economía.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9 % de la población económicamente activa, según el relevamiento nacional urbano. El indicador permite dimensionar la dificultad de quienes buscan trabajo y no consiguen una ocupación, pero no describe por sí solo toda la situación laboral.

También es necesario observar la informalidad, los ingresos, las horas trabajadas, la estabilidad de los puestos y la evolución del empleo asalariado registrado.

Una persona puede tener trabajo y, aun así, no alcanzar a cubrir sus necesidades. Otra puede desarrollar varias actividades informales para completar sus ingresos. Un joven puede pasar meses buscando su primera oportunidad laboral, mientras un trabajador con experiencia puede enfrentar dificultades para reinsertarse después de perder su empleo.

Para los trabajadores registrados, la preocupación suele concentrarse en el salario real, la estabilidad y la capacidad de sostener los gastos familiares. Para quienes trabajan por cuenta propia, se agregan las variaciones de la demanda, la falta de previsibilidad y la necesidad de afrontar sus propios costos de seguridad social.

La creación de empleo formal y productivo es fundamental porque permite mejorar los ingresos, ampliar la protección social y construir trayectorias laborales más estables.

La economía necesita trabajadores capacitados, empresas capaces de contratar y un sistema educativo que dialogue con las transformaciones productivas. También necesita políticas que faciliten la incorporación de jóvenes, la actualización profesional y la reinserción de quienes pierden sus puestos.

El objetivo no debería ser solamente reducir las estadísticas de desempleo, sino ampliar las oportunidades de acceder a trabajos que permitan vivir con dignidad y proyectar un futuro.

Los jubilados y las familias que hacen cuentas todos los días

Hay sectores para los cuales las transformaciones económicas se sienten con especial intensidad porque tienen pocas posibilidades de modificar sus ingresos en el corto plazo.

Los jubilados son uno de ellos. Sus gastos en medicamentos, alimentos, vivienda y servicios no pueden postergarse indefinidamente, y cualquier pérdida de capacidad de compra puede repercutir directamente en su calidad de vida.

La discusión previsional necesita contemplar la sostenibilidad del sistema, la evolución de los ingresos públicos y la situación de quienes aportaron durante su vida laboral. También debe considerar los gastos esenciales que enfrentan las personas mayores y las diferencias entre quienes cuentan con otros recursos y quienes dependen principalmente de su jubilación.

Algo similar ocurre con las familias que destinan una parte elevada de sus ingresos a la alimentación, el alquiler, el transporte y los servicios públicos. Para ellas, un incremento tarifario puede representar mucho más que una modificación de precios: puede obligarlas a reducir otros consumos indispensables.

La política económica debe reconocer que los hogares tienen capacidades muy diferentes para adaptarse. No es lo mismo atravesar una etapa de ajuste con ahorros, propiedades o ingresos diversificados que hacerlo dependiendo de un único salario.

La responsabilidad fiscal debe coexistir con mecanismos que permitan proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, con criterios transparentes y una evaluación permanente de los resultados.

La solidaridad social no exige ignorar los límites presupuestarios. Exige discutir cómo se distribuyen los esfuerzos y qué prioridades debe preservar una comunidad para no profundizar desigualdades evitables.

La educación, la salud y la infraestructura también son parte de la economía

En el debate sobre el gasto público, la educación, la salud y la infraestructura suelen presentarse como partidas que deben ajustarse para alcanzar determinados objetivos fiscales.

Sin embargo, también constituyen inversiones en las capacidades de la sociedad.

Una educación de calidad amplía las posibilidades laborales, favorece la innovación y permite que las nuevas generaciones participen de una economía cada vez más compleja. Un sistema sanitario accesible contribuye a proteger a las familias y a reducir las consecuencias económicas de las enfermedades. Una red adecuada de rutas, agua potable, saneamiento y energía facilita la producción y mejora las condiciones de vida.

Esto no significa que cada gasto en estas áreas sea eficiente ni que las instituciones deban quedar exentas de controles. La calidad del gasto, la transparencia y la evaluación de resultados son indispensables.

Pero reducir una partida presupuestaria sin considerar sus consecuencias puede generar costos posteriores mucho mayores, tanto para el Estado como para la población.

En las provincias y los municipios, las necesidades adquieren características particulares. Las distancias, la distribución territorial de la población y las actividades productivas determinan demandas que no siempre pueden resolverse con una política uniforme.

Por eso, la discusión sobre el federalismo debe incluir los recursos, las responsabilidades y las obras necesarias para que las oportunidades de desarrollo no dependan exclusivamente del lugar donde vive cada argentino.

El Estado y el mercado: una discusión que necesita superar los extremos

El programa económico de Milei propone reducir la intervención estatal y ampliar el espacio de las decisiones privadas. Sus defensores sostienen que la desregulación, la competencia y la estabilidad pueden liberar recursos y mejorar la eficiencia. Sus críticos advierten que una retirada excesiva del Estado puede profundizar desigualdades y debilitar servicios esenciales.

La discusión no debería resolverse mediante consignas.

El mercado es fundamental para generar actividad, impulsar innovaciones y orientar inversiones. Pero también existen problemas que requieren regulación, infraestructura común, controles y políticas públicas. La competencia no siempre se desarrolla en condiciones equivalentes, y determinados servicios no llegan de manera suficiente a todos los territorios cuando dependen exclusivamente de la rentabilidad privada.

Del mismo modo, un Estado que interviene sin planificación, acumula estructuras innecesarias o utiliza recursos sin controles puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo.

La Argentina necesita instituciones eficientes, reglas previsibles y una administración responsable. Necesita empresas con libertad para producir y contratar, pero también condiciones para evitar abusos, proteger derechos y garantizar servicios fundamentales.

La discusión importante no es cuánto Estado o cuánto mercado puede exhibir un gobierno como una cifra aislada. Es qué combinación permite generar crecimiento, productividad, oportunidades y cohesión social.

Una recuperación que todavía debe demostrar su alcance

La evolución económica argentina muestra que los indicadores no siempre avanzan en la misma dirección. La actividad puede crecer en la comparación interanual y retroceder respecto del trimestre anterior. Algunos sectores pueden expandirse mientras otros pierden producción. Las exportaciones pueden mejorar sin que todos los hogares experimenten una recuperación equivalente.

En el segundo trimestre de 2026, por ejemplo, el producto interno bruto registró un crecimiento interanual del 2 %, pero una caída del 0,6 % frente al trimestre anterior, en términos desestacionalizados. Ambas cifras describen dimensiones distintas de la actividad y deben leerse en conjunto.

La recuperación, por lo tanto, no puede evaluarse mediante un único dato. Hace falta observar su continuidad, su composición y su capacidad de extenderse a los sectores que generan empleo e ingresos para amplias franjas de la población.

El Gobierno tiene argumentos para defender su programa, especialmente cuando señala la importancia de corregir desequilibrios que durante años limitaron las posibilidades de crecimiento. Pero también tiene la responsabilidad de demostrar que la estabilidad puede sostenerse sin que los costos de la transición recaigan de manera desproporcionada sobre los mismos sectores.

La oposición, por su parte, tiene el desafío de construir alternativas que no se limiten a cuestionar las medidas oficiales. Para recuperar credibilidad, necesita explicar cómo resolvería los desequilibrios fiscales, cómo financiaría sus propuestas y qué políticas impulsaría para promover el empleo, la producción y la protección social.

La sociedad necesita una discusión pública que permita comparar resultados, examinar propuestas y reconocer los problemas sin convertir cada dato en una herramienta de propaganda.

La Argentina que se mide en la vida cotidiana

Hay una manera sencilla de comprender la distancia entre la macroeconomía y la realidad social: observar qué puede hacer cada persona con sus ingresos y qué oportunidades tiene para mejorar su situación.

El industrial necesita producir y vender. El dueño de una pyme necesita pagar los salarios y sostener su empresa. El comerciante necesita clientes. El productor rural necesita previsibilidad, agua, infraestructura y mercados. El trabajador necesita que su salario alcance. El jubilado necesita vivir con dignidad. El profesional necesita oportunidades. El joven necesita un futuro posible. Y las familias necesitan saber que el esfuerzo cotidiano puede traducirse en progreso.

Esas necesidades no son idénticas, pero forman parte de una misma estructura económica. Cuando una actividad crece, puede generar oportunidades para otras. Cuando el consumo se debilita, el efecto puede extenderse desde los hogares hacia los comercios, los proveedores y las empresas. Cuando se deteriora la infraestructura, las dificultades alcanzan tanto a la producción como a la vida cotidiana.

Por eso, el desarrollo requiere una mirada integral. No alcanza con identificar los sectores que ganan competitividad ni con señalar aquellos que atraviesan dificultades. Es necesario comprender las conexiones entre ellos y construir condiciones para que el crecimiento sea más amplio y duradero.

La Argentina necesita estabilidad monetaria, equilibrio fiscal, inversión, exportaciones y reglas claras. También necesita producción nacional, empleo formal, salarios que permitan vivir, servicios esenciales de calidad y oportunidades para sus economías regionales.

No existe una contradicción inevitable entre estos objetivos. El desafío político y económico consiste en articularlos, reconocer los costos de las decisiones y corregir las políticas cuando sus resultados no responden a lo esperado.

El verdadero balance del gobierno de Milei

La gestión de Javier Milei representa un cambio profundo en la orientación económica argentina. Sus resultados no pueden juzgarse únicamente por las promesas de sus defensores ni por las críticas de sus detractores. Deben evaluarse a partir de indicadores concretos, de la evolución de la actividad y de las consecuencias que las decisiones producen en la sociedad.

La desaceleración de la inflación importa. El equilibrio fiscal importa. La inversión y las exportaciones importan. Pero también importan el empleo registrado, los salarios reales, el consumo, la continuidad de las empresas, la situación de los jubilados y el acceso a los servicios esenciales.

El verdadero balance exige observar todas esas dimensiones y reconocer que una mejora en un indicador no resuelve automáticamente los problemas que aparecen en otros.

La Argentina necesita dejar atrás la repetición de crisis que destruyen ahorros, deterioran ingresos y frustran proyectos. Para hacerlo, requiere estabilidad y responsabilidad, pero también una estrategia capaz de transformar sus recursos y su potencial productivo en oportunidades para la mayoría.

El tiempo será decisivo, aunque no puede convertirse en una respuesta permanente para quienes enfrentan necesidades inmediatas. La confianza social se construye cuando las promesas empiezan a encontrar correspondencia en la vida cotidiana y cuando los esfuerzos se perciben como parte de un camino compartido.

Un modelo económico debe demostrar que puede sostener sus resultados, generar empleo, ampliar la producción y mejorar las condiciones de vida. También debe estar dispuesto a revisar aquello que no funciona, porque gobernar implica tomar decisiones, evaluar sus consecuencias y responder ante la ciudadanía.

La discusión sobre la Argentina de Milei no debería agotarse en la defensa o el rechazo de una ideología. Debería concentrarse en una pregunta fundamental: qué resultados está produciendo el rumbo elegido, quiénes se benefician, quiénes soportan sus costos y qué falta hacer para que el crecimiento llegue a más sectores.

Porque el país no es solamente una suma de indicadores macroeconómicos. Es una sociedad integrada por trabajadores, empresarios, productores, comerciantes, jubilados, profesionales, estudiantes y familias que necesitan oportunidades para construir su futuro.

Ordenar la economía es una responsabilidad de cualquier gobierno. Convertir ese orden en producción, empleo, ingresos dignos y progreso compartido es la obligación que termina definiendo su verdadero legado.

La Argentina necesita que las cuentas cierren, pero también que las fábricas puedan producir, que los comercios puedan vender, que los trabajadores puedan vivir de su salario y que las familias vuelvan a sentir que el esfuerzo tiene sentido.

Ese es el desafío que debe atravesar cualquier evaluación honesta del presente: construir una economía que no se limite a mostrar resultados en los indicadores, sino que sea capaz de traducirlos en mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto.