El Senado tratará mañana la adhesión de Mendoza al decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri para recuperar los bienes de la corrupción y el delito, más conocido como extinción de dominio. El oficialismo espera que obtenga media sanción y que pase a Diputados. 

Uno de los puntos del debate será el momento en el que iniciar el reclamo de bienes. En el proyecto de Cornejo dice que apenas haya un fiscal investigando es posible hacer el reclamo; ese es uno de los puntos en los que el oficialismo cedería y admitiría que se empiece a buscar los bienes al momento de la imputación.

La extinción de dominio no será un reclamo ante el fuero penal, sino que será en el civil. Así el proyecto oficial plantea la reforma del Código Procesal Civil de la provincia para permitir la apertura de una causa paralela al juicio penal que busca condena de prisión.

Según el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino dijo que este proyecto “es la herramienta jurídica para que devuelvan la que se robaron. Es una acción autónoma del proceso penal, se habilita al fiscal civil para que realice una investigación para que las personas investigadas en un proceso penal demuestren el origen lícito de los fondos con los que compraron los bienes que poseen. En el mundo se llama decomiso anticipado, acá se lo conoce como extinción de dominio”.

El proyecto ingresó el 30 de enero ingresó por mesa de entradas del Senado. En aquellos días Cornejo presentó en sociedad el texto y pedía rápido tratamiento. Un mes y medio después llega al recinto del Senado.

Los delitos en los que se aplicaría la “acción civil de extinción de dominio” son la corrupción de menores, prostitución, pornografía infantil, estafas, fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. también se incluye el encubrimiento, para casos en los que se encuentran personas con objetos robados y se niegan a decir quién los proveyó.

Cuando haya detenidos investigados por estos delitos, se abriría una causa paralela en el fuero civil, en el que los investigados deberán demostrar cómo obtuvieron los bienes que el Estado pretende recuperar.

Con la sentencia civil favorable, el Estado subastará los bienes y con los fondos que obtenga conformará un fondo de garantía y el resto se destinará a educación.

En la actualidad, para obtener los bienes obtenidos con fondos ilícitos hace falta condena penal; “en los últimos 20 años se han iniciado 63 causas de corrupción sólo 7 han tenido condena. Si se ata la extinción de dominio a la sentencia penal, puede que el expediente esté paralizado, o el acusado está prófugo. Con esta herramienta, el proceso civil se sigue, más allá de lo que pase con el caso penal”, dijo D’Agostino.

El senador Marcelo Rubio, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), indicó que el proyecto ya tiene despacho favorable y espera que mañana estén los votos necesarios para aprobar la norma.