La UCR en pleno pide que el convenio firmado pase por la Casa de las Leyes porque «se está violando la Constitución provincial y, además, no podrán inscribir a Mendoza como accionista de YPF» dice el senador Juan Carlos Jaliff.

Los Andes intentó tener una respuesta desde el Gobierno pero nunca la obtuvo. Jaliff retruca «no hemos encontrado ni un decreto ratificatorio en el Boletín Oficial». Y el silencio parece darle la razón.

El 9 de agosto del año pasado, la presidenta Cristina Fernández firmaba el Acuerdo Federal Hidrocarburífero en un acto realizado en la localidad de Ensenada, Provincia de Buenos Aires.

Lo que nadie sabía en Mendoza y que fue destapado casi al pasar por el gobernador de Neuquén Jorge Sapag fue el reparto de las acciones. El 23 de agosto de 2012 Sapag detallaba, casi inocentemente, la distribución de la recientemente estatizada YPF entre las provincias petroleras: Neuquén el 10,45%; Santa Cruz el 5,22%; Mendoza el 4,6%; Chubut, 2,1%; Río Negro, 0,8%; y el combo Formosa, La Pampa, Salta y Tierra de Fuego, en torno al 1,9%.

Y entonces estalló el debate en Mendoza. Y el Gobierno de Mendoza escondió el convenio de la lupa legislativa, temiendo un posible rechazo que dejaría a la provincia fuera del esquema petrolero nacional.

Así es que, desde el momento de la firma del Acuerdo Federal Hidrocarburífero hasta la fecha, ese texto no ha tenido ratificación legislativa. De hecho, según la senadora nacional Laura Montero, todas las provincias que firmaron ese convenio ya tienen el aval de sus legislaturas, excepto Mendoza.

En el Gobierno no desconocen que hay provincias que ya tienen esa ratificación legislativa. Fuentes gubernamentales afirman que «Neuquén fue la primera en tener la ley» y afirman que el expediente está en Secretaría Legal y Técnica y esperan remitirlo, pero no hay fecha cierta. Lo concreto es que las fuentes se niegan a rubricar una afirmación y el tema incomoda.

Es más, algunos de esos voceros comentan que no se remitió el acuerdo porque Pérez pretendía lograr algunas acciones más de las que le tocaron. Pero, lo concreto es que el Acuerdo nunca llegó a la Legislatura y los legisladores de la oposición no lo han leído. Incluso del oficialismo tampoco.

Los Andes consultó al constitucionalista Víctor Ibáñez. El letrado sostuvo que, a su criterio, la participación legislativa es ineludible. Cita la ley 7.526, sancionada en el año 2006, que regula la actividad hidrocarburífera en Mendoza. En el artículo 38 se crea una comisión bicameral para el seguimiento de la actividad petrolera, en calidad de órgano de control, por lo que, Ibáñez entiende que la Legislatura debería al menos conocer el texto firmado por el gobernador Pérez.

El senador Jaliff va más allá y cita el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Provincial. En ese apartado se indica que es atribución del Poder Legislativo disponer del «uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la provincia». Con este argumento es que sostiene la potestad de la Legislatura de ratificar lo actuado por el gobernador.

El tema petrolero se coló en la campaña, agitado por la decisión presidencial de otorgarle a Chevron la explotación de petróleo no convencional en Neuquén, en calidad de prueba piloto, con una inversión de 1.200 millones de dólares.

Daniel Peralta – dperalta@losandes.com.ar