El jueves 14 de marzo será una fecha clave para la política local. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, convocó a una audiencia de conciliación sobre el tema en litigio, la reelección indefinida de los intendentes, para ver si se puede resolver antes un conflicto que además se decidirá en pleno, es decir, con los 7 ministros de la Corte.

Con la medida cautelar a favor de los caciques del PJ, la Corte insiste en tratar de encontrar una salida institucional a un problema que a priori no tiene retorno, debido a la virulencia en ascenso que han tenido los propios protagonistas, tanto del Gobierno provincial, comandado por Alfredo Cornejo; como también los cuatro caciques involucrados, que son Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán), Jorge Omar Giménez (San Martín) y Roberto Righi (Lavalle).

Y al acto, que se realizará en el Salón de Acuerdos del Palacio de Justicia a las 12, están todos invitados: las partes (Gobierno y los 4 intendentes), el asesor de Gobierno, Ricardo Canet; y el fiscal de Estado, Fernando Simón.

La decisión de realizar esta audiencia de conciliación la tomó Nanclares en conjunto con los presidentes de las dos salas, los jueces Mario Adaro y Dalmiro Garay.Justamente ellos dos habían sido recusados por su pertenencia política en épocas clave y con el cargo de ministro de Gobierno: el peronista, cuando se realizó el pedido de reforma del artículo 198 de la Constitución, en 2009; y el radical, en la gestión de Cornejo, y que dejó su cargo a pocos meses de que se promulgara el decreto de la refoma.

No obstante, ambos se defendieron de las recusaciones y la Sala II resolvió que podrán definir sobre este tema, que se está tratando de manera rápida, teniendo en cuenta la “delicada gravedad institucional” de la que incluso se hace referencia en la resolución.

“Visto y considerando que la importancia de la materia planteada mediante la acción de inconstitucionalidad, configura una delicada cuestión de gravedad institucional, lo cual aconseja y torna conveniente encomendar su conocimiento y decisión al Tribunal en pleno”, destacaron.

Las cartas están echadas. Todos opinaron (Intendentes, Gobierno, Asesor de Gobierno y el Fiscal de Estado), y la Sala II aceptó la medida cautelar, por lo que hasta el momento el decreto de Cornejo está suspendido. Restará conocer, si no hay una salida institucional, la opinión de la Corte en pleno.