La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico emitió un comunicado en donde rechaza el accionar del Arzobispado en Mendoza, que conocía la denuncia de abuso sexual contra miembros del Monasterio del Cristo Orante en Tupungato, realizó una investigación propia de la que no se conocen los resultados y cerró el lugar, tras los allanamientos realizados por la Justicia.

Para el organismo que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, la forma en la que actuó la institución de la cual dependen las distintas congregaciones religiosas en este caso, «representa un eslabón más de la larga cadena de abusos de poder que se cometen en la Iglesia Católica».

En un parte de prensa, la organización no gubernamental «advierte a la opinión pública que el método empleado por el Arzobispado de Mendoza para tratar el caso, responde a una línea institucional donde la mentira y el ocultamiento son pilares fundamentales».

En la comunicación se recuerdan las declaraciones públicas del Procurador General Alejandro Gullé, que el 28 de diciembre afirmó que  «el Arzobispado ya estaba investigando, administrativamente, a los monjes y la causa iba a ser elevada al Tribunal Eclesiástico».

En tanto se aclara que «el procedimiento canónico – en cualquiera de sus etapas – es violatorio de elementales garantías para las víctimas, principalmente, las del debido proceso y defensa en juicio.
Existen dos precedentes en la jurisprudencia de los tribunales de Mendoza, que dan cuenta de ello».

«Ponerse a disposición de la justicia”, “rezar”, manifestar “dolor”, son sólo algunos de los actos de fingimiento institucional que complementan el accionar antijurídico y contrario al estado de derecho, marca registrada de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos», advirtió la red.

Y agrega que «el Arzobispado de Mendoza, forma parte del sistema de encubrimiento avalado por el papa Francisco. Días pasados, los medios informaron que mantiene en el Vaticano al ex obispo de Orán (Salta), Gustavo Zanchetta, quien ha sido acusado por abuso sexual y fue trasladado por el propio pontífice.

«El caso del monasterio de Tupungato, será otra demostración de abuso de poder, denegación de justicia y violación de derechos humanos, salvo que la Iglesia Católica decida – de una buena vez – abandonar su accionar delictivo y ajustarse a las leyes de la república las mismas que, de modo contumaz, se jacta de eludir», cierra la comunicación.

El parte completo:

El caso de los monjes del Cristo Orante representa un eslabón más de la larga cadena de abusos de poder que se cometen en la Iglesia Católica.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, advierte a la opinión pública que el método empleado por el Arzobispado de Mendoza para tratar el caso, responde a una línea institucional donde la mentira y el ocultamiento son pilares fundamentales.

Las declaraciones públicas del Procurador General Alejandro Gullé, el 28 de diciembre pasado, así lo acreditan. El arzobispado ya estaba investigando, administrativamente, a los monjes y la causa iba a ser elevada al Tribunal Eclesiástico.

Sin perjuicio de ello, el procedimiento canónico – en cualquiera de sus etapas – es violatorio de elementales garantías para las víctimas, en especial, las del debido proceso y defensa en juicio.
Existen dos precedentes en la jurisprudencia de los tribunales de Mendoza, que dan cuenta de ello. En los casos Iván González contra Arzobispado de Mendoza y C.E.T. contra Orden Salesiana de Don Bosco, la justicia ha declarado que el Derecho Canónico no prevalece sobre la Constitución Nacional y derechos humanos de los denunciantes, declarando en el segundo caso la inconstitucionalidad – por carecer de razonabilidad y violatorio del debido proceso legal – de los cánones 1717 y 1719.

El primero de ellos, precisamente, es el que está aplicando el obispo Colombo al caso Cristo Orante.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 13 de abril de 2015, sostuvo que “Considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los Tratados internacionales de Derechos Humanos, no implica en modo alguno vulnerar el Derecho Canónico ni el Concordato firmado con la Santa Sede”.

“Ponerse a disposición de la justicia”, “rezar”, manifestar “dolor”, son sólo algunos de los actos de fingimiento institucional que complementan el accionar antijurídico y contrario al estado de derecho, marca registrada de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos.

El Arzobispado de Mendoza, forma parte del sistema de encubrimiento avalado por el papa Francisco. Días pasados, los medios informaron que mantiene en el Vaticano al ex obispo de Orán (Salta), Gustavo Zanchetta, quien ha sido acusado por abuso sexual y fue trasladado por el propio pontífice.

La conducta siniestra de Bergoglio, se completa con un pedido a los presidentes de las conferencias episcopales de “visitar” a las víctimas, antes de concurrir al evento convocado para febrero de este año en el Vaticano. Otro acto de amedrentamiento y violencia, disfrazado de falso arrepentimiento.

El caso del monasterio de Tupungato, será otra demostración de abuso de poder, denegación de justicia y violación de derechos humanos, salvo que la Iglesia Católica decida – de una buena vez – abandonar su accionar delictivo y ajustarse a las leyes de la república las mismas que, de modo contumaz, se jacta de eludir.

Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina.