La Iglesia producirá esta semana una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado –unos 140 millones este año-, que apenas representa 7 % del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.

En agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad.

Pero ahora la voluntad de avanzar será ratificada por todos los obispos tras un debate durante su segundo y último plenario del año que sesionará desde este lunes y hasta el viernes en Pilar.

Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, no terminaron de fructificar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto. Pero el más que dilatado objetivo para acabar con el aporte estatal que para muchos, incluso dentro de la institución católica, constituye una rémora, cobró un imprevisto impulso ante el debate por la legalización del aborto, cuando se alzaron voces reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado.

Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los 40 mil pesos y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte –a los que se suman ayudas menores- totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia.