Dos legisladores de la oposición, Alejandro Abraham y Juan Agulles, presentaron iniciativas por separado para modificar la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y la movida encendió las luces de alerta, especialmente entre los ambientalistas y algunos intendentes. Lo cierto es que el oficialismo dio luz verde para que se habilite el debate y se avance con el tema en la casa de las leyes.

Si bien nadie quiere quedar pegado a un tema tan sensible como es el de la minería, tanto oficialismo como oposición están de acuerdo en que la provincia necesita ampliar su matriz productiva, especialmente cuando desde la nación se están recortando importantes partidas.

«Lo vamos a tratar en comisión y daremos un tratamiento de calidad como se merece. Vamos a darle tratamiento porque es un proyecto serio», destacó desde Cambia Mendoza, el titular del bloque, Diego Costarelli.

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En contra

Frente a esta novedad, desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), manifestaron su temor frente a este debate. Incluso harán sentir su malestar el martes cuando lleguen a la Legislatura para oponerse al Código de Faltas y a los dos proyectos mineros.

«Estamos muy preocupados. Es una ley reafirmada por la Suprema Corte, ganada y construida en la calle. Estamos en alerta, vamos a empezar a manifestarnos para que no salga. Es aberrante lo que quieren hacer», indicó desde AMPAP, Mariano Nadalich.

Pero los proyectos también generan divisiones internas en el ámbito político. Otro que se mostró en contra de esto es el el exconcejal de San Carlos, Juani Jofré, que a su vez integra Unidad Ciudadana, el mismo espacio que Abraham.

«No quiero que se modifique la Ley. Con Abraham tenemos muchas coincidencias pero en este tema claramente no coincidimos. Mi postura está basada además en lo que piensan y opinaron nuestros compañeros en el plenario», dijo Jofré.

Por su parte, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, fue uno de los primeros en expresar su rechazo, y acusó a Abraham de ser un «lobbista» de las empresas multinacionales.

A favor

Desde la  Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, celebró que el gobierno abra el debate sobre el tema, especialmente porque señaló que en Mendoza la desocupación en el sector ronda el 92%.

«El oficialismo lo ha permitido, sino los proyectos serían letra muerta. Han hecho un guiño para que se trate en forma responsable», añadió Ferrer. «La minería genera recursos en forma inmediata, más allá de las regalías», concluyó.

De alguna forma Ferrer dejó entrever que el oficialismo busca hacer resurgir la minería de la mano de la oposición. Esto significa que si se arma revuelo social, los radicales podrían despegarse rápidamente, específicamente en un clima preelectoral.

La defensa de Abraham

El senador y exintendente de Guaymallén, indicó que el proyecto lo consultó tanto con su partido, como en el oficialismo. «Hay distintas opiniopnes por situaciones de territorialidad. Lo que se pretende es un debate de la matriz productiva», señaló.

«Colocamos un triple control para el desarrollo. La licencia social es un temor que existe. pero no tengo miedo al debate, hay que generar riquezas genuinas», manifestó Abraham.

Los cambios

En el caso del proyecto de Abraham, por un lado allana el camino apuntando a eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además elimina la palara «similares» dejando una puerta abierta en el artículo que se refiere a las sustancias prohibidas como el cianuro, ácido sulfúrico y mercurio.

Mientras que el de Agulles realiza cambios más profundos y polémicos donde propone directamente «parques mineros controlados» en zonas con potencial para la actividad.

Ambos proyectos tienen estado parlamentario y se espera su ingreso a las comisiones para dar inicio al debate.