La polémica resolución 23 de 2013 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que autorizó excepcionalmente la producción de vino con vides no permitidas por la legislación vigente en una zona acotada de la provincia de Buenos Aires (el “Vino de la Costa”) se coló ayer en la sesión del Senado nacional en la que se aprobó la ley que declara el vino como Bebida Nacional.

La senadora radical por Mendoza, Laura Montero, presentó un proyecto para que la resolución del INV número 72 de 1992 que dispuso que sólo es vino el producido por vides de la variedad Vitis Vinífera tenga categoría de ley y restar poder así al presidente del INV para hacer nuevas excepciones como pasó con el “vino de la Costa”, que se produce con “uva chinche” (Vitis Labrusca Isabella Americana).

Montero, que contó con el acompañamiento de Ernesto Sanz, el otro senador por la UCR, también presentó un proyecto de resolución para que el titular del INV, Guillermo García, asista a la comisión de Economía del Senado para explicar por qué decidió conceder esta excepción a los pequeños productores bonaerense. Además, Montero presentó otra iniciativa para declarar el rechazo a la resolución 23/2013.

“Entendemos que la resolución Nº 23/13 es un verdadero retroceso para la vitivinicultura nacional que compromete el nombre que nuestro país se ha sabido ganar en el mundo”, dice el proyecto de Montero.

Ayer, la senadora pidió “preferencia” para que este conjunto de iniciativas se traten en las comisiones, a fin de obtener dictámenes y poder votarlas en la próxima sesión, que será el 30 del corriente.

“Pido al Gobierno nacional que revea la resolución 23/13 porque la puerta que se abre es inconmensurable. Estamos yendo a contramano de la norma que hoy celebramos (la promoción del vino como Bebida Nacional) ya que podemos perder mercados y reconocimiento internacional”, dijo Montero. Por su parte, Sanz -junto a los senadores del PJ disidente Sonia Escudero (Salta) y Roberto Basualdo (San Juan)- aprovechó la presencia en el recinto del titular del INV, Guillermo García, para pedirle que dé marcha atrás con la resolución 23/13.

En Diputados también recaló el tema. Roberto Pradines (PD) presentó un proyecto de ley por el cual se deroga la resolución 23/13 firmada por García. “Los otros colegas de la oposición están de acuerdo en acompañarme, pero ningún legislador del kirchnerismo mendocino quiere defender nuestra vitivinicultura”, dijo Pradines, quien sumó a su proyecto las firmas de los radicales Enrique Vaquié y Mariana Juri y la del peronista disidente Enrique Thomas, ex titular del INV.

Luego de celebrar la sanción de la ley que declara al vino “Bebida Nacional”, García aseguró que dio instrucciones “para encapsular este tema”.

Explicó que el INV sacará una resolución complementaria a la 23/13 “para dejar en claro que estas 22 hectáreas que se han inventariado se trata nada más que de un reconocimiento histórico a un pequeño grupo de productores bonaerenses, porque la vitivinicultura tiene que ser muy humana y hay que dejar que se vayan reconvirtiendo”.

Agregó que “la corporación puede ayudarlos con sus programas y ahí termina una historia de inmigrantes con una tradición de años. Hay que respetar el ser humano que está en ese lugar. Hay que dar garantías de vida a esa gente”. Dio como ejemplo el enorme mercado “que está surgiendo en Brasil con el jugo de uva” y es posible direccionar esta pequeña producción bonaerense a este mercado.

Por último, García se mostró de acuerdo con asistir al Senado a dar explicaciones.