El proyecto fue aprobado sobre tablas, en sesión ordinaria, por 211 votos positivos y uno solo negativo de la diputada ex arista Marcela Rodríguez, un día después de haber recibido despacho favorable en la reunión conjunta de las comisiones de Familia y de Presupuesto del mismo cuerpo legislativo.

La iniciativa estuvo en dos oportunidades a punto de tener sanción del Congreso, pero su tratamiento perdió vigencia parlamentaria debido a las opiniones contrapuestas que generaba la medida al interior de los bloques.

El presidente de la comisión de Legislación Penal, que fue cabecera para el tratamiento de la iniciativa, el kirchnerista Oscar Albrieu, destacó que con esta norma se incorporan “avances tecnológicos” para brindar “una herramienta más a la política criminal para la eficacia de la aplicación de la ley del Estado”.

A su vez, su colega kirchnerista Diana Conti, quien como presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales fue también miembro informante del dictamen de mayoría, negó que haya sido el oficialismo el que puso trabas al proyecto y aseguró que, al contrario, “fueron los opositores los que frenaron el avance del tema” en los últimos meses.

Desde el radicalismo, Manuel Garrido marcó sus disidencias con el proyecto que, en general, contó con el apoyo de su bloque.

Garrido estimó “poco razonable que el registro sólo se circunscriba a los condenados por delito sexual porque da a entender que presupondría un mayor nivel de reincidencia”, lo cual dijo que “es un mito que no abonan las cifras tanto nacionales como internacionales”.

Mientras, la macrista Cornelia Schmidt-Liermann señaló que “la gran cantidad de denuncias por casos de violación hacen que en Argentina sea imprescindible contar con una herramienta eficaz para la prevención de este delito”.

Sin embargo, aseveró que se perdió “la oportunidad de consensuar un proyecto de avanzada. El registro de violadores es un proyecto muy específico para delitos de índole sexual”.

En ese contexto, propuso que se aprobara una ley “más amplia, creando un Banco Nacional de Huellas Genéticas Digitalizadas No Codificante universal” que facilite “la identificación y el rastreo de paradero de personas desaparecidas como en casos de trata de personas o robo de bebés”.

El sojero salteño Alfredo Olmedo propuso, por su parte, “la castración” de violadores y pedófilos.

A su turno, la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, advirtió que en la actualidad y “gracias a los esfuerzos hechos en estos años” la Argentina “tiene capacidad, a diferencias de años anteriores, para tomar muestras (de ADN) en todo el territorio nacional”.

Consideró que esa situación hace que se esté “en condiciones para que esto (por el registro) sea un instrumento eficaz”.

DyN