La propuesta, presentada por los senadores del oficialismo, Daniela García y Ernesto Mancinelli, apunta a la transparencia de las entidades públicas ya que permite a la ciudadanía solicitar acceso a la información emitida por el Estado, en cualquier formato que se haya almacenado, ya se documentos escritos, audiovisuales o archivos digitales.

Tanto Jorge Albarracín, el radical que dirige la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, como Parés indicaron que no se establecerán modificaciones en el proyecto «para que no se demore el tratamiento». Una vez sancionada la ley, se creará la Comisión Provincial de Acceso a la Información Pública y Transparencia activa, donde se podrá denunciar los incumplimientos a la ley.

Desde la oposición, los bloques mostraron su apoyo a la iniciativa, tanto por la implicancia de la ley como por el voto positivo de sus partidos en el Senado. Los nuevos integrantes, a su vez, también se manifestaron a favor. «La gente tiene que poder evaluar el desempeño del gobierno, de forma directa; es esa información la que les permite tomar decisiones a la hora de votar», expresó el diputado Mario Vadillo (PI).

El Acceso a la Información Pública es un derecho contemplado en la Constitución Nacional que afirma el correcto desarrollo de la democracia, pero al no estar reglamentada, en la práctica tenía una efectividad casi nula. La iniciativa, en este y otros proyectos, rondaba desde hace tiempo: algunos datan desde 1985, siendo unos 30 los presentados; incluso se esperaba que la iniciativa actual estuviese aprobada para septiembre del 2017.

Luego de su aprobación, los tres poderes del Estado deberán responder en un plazo no mayor a un mes (quince días con posibilidad a un prórroga), al igual que a nivel nacional, cuya ley invita a las provincias en el artículo 36 a adherirse. La información se entregará a través de una página web, donde no sólo quedará visible para quien los solicite, sino para cualquiera que acceda al sitio, según Albarracín.

El trámite será gratuito y podrá realizarlo cualquier persona humana o jurídica (ya sea pública o privada) sin necesidad de acreditar interés legítimo. Los responsables de cada área deberán nombrar a un funcionario garante que atienda y resuelva las solicitudes de información. Este derecho también incluye a las empresas y sociedades con participación en el Estado.

El alcance de la ley incluye algunas restricciones, como negar información que pudiera afectar la seguridad, este clasificada como secreta por leyes vigentes, o pueda perjudicar algún procedimiento judicial, por ejemplo.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/este-miercoles-se-aprueba-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica