Presentó en Diputados un proyecto similar al enviado originalmente por el Ejecutivo en el paquete de reforma judicial, y que luego fue modificado. También incluye nuevas modificaciones al Consejo de la Magistratura.

El kirchnerismo aumenta la presión sobre la Corte Suprema: presentó esta noche en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que le quita al Máximo Tribunal facultades presupuestarias, de manejo de personal y hasta de fijación de sueldos, que serán absorbidas por el Consejo de la Magistratura. Se trata, en forma literal, de una vuelta hacia atrás: el texto es similar al que originalmente había enviado el Ejecutivo en el paquete de leyes de reforma judicial, y que fue uno de los pocos cambios que aceptó introducir el oficialismo.

El nuevo proyecto fue presentado por los diputados kirchneristas Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain. Entre otros aspectos, modifica seis leyes nacionales y vuelve a lo que fue el proyecto original del Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura que -entre otras cuestiones- le otorga al Consejo la potestad de «aprobar» con mayoría simple el anteproyecto del Presupuesto anual del Poder Judicial, cuando el actualidad sólo «toma conocimiento» del mismo y lo pasa, «para su consideración», a la Corte.

Tras el fallo de la semana pasada que anuló la elección directa de jueces y abogados por consideralo «inconstitucional», el Gobierno disparó contra la Corte duras declaraciones y se denunció una supuesta investigación de la AFIP hacia el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, que el organismo negó.

Una fuente del Frente para la Victoria le dijo a la agencia DyN que haber retrocedido en su momento «era parte del acuerdo para mantener la administración del Poder Judicial, a cambio de no dictar la inconstitucionalidad de la norma». Pero como no se cumplió con esa parte, «ahora se vuelve a la idea original».

El texto elimina artículos de la reciente Ley 26.855, que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y regresa al plan original, dejando de lado que las leyes modificadas señalaban que iban a quedar «sin efecto» todas las disposiciones «que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación».

Así, el proyecto de los diputados ultrakirchneristas le permite al Consejo de la Magistratura «reajustar los créditos del presupuesto», «fijar las dotaciones de personal de los Tribunales, juzgados y dependencias» y «llevar adelante la administración de personal de todo el Poder Judicial de la Nación, incluida la capacitación, el ingreso y promoción y de la escala salaria, con exclusión del personal de la Corte Suprema».

En muchos casos, la redacción de los nuevos artículos reemplaza donde dice «presidente de la Corte Suprema» por el Consejo de la Magistratura de la Nación. También el Consejo podrá «cubrir los cargos de secretarios y de personal auxiliar de los tribunales» y podrá «redistribuir o trasladar» a quienes se desempeñen «en cualquira de los fueros». Por otra parte, «fijará las dotaciones de personal de los distintos Tribunales y organismos».

«El presupuesto del Poder Judicial de la Nación será atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos específicos propios del del citado poder y será administrado por el Consejo de la Magistratura de la Nación», se señala en el artículo 8 del proyecto. También el Consejo será el encargado de «establecer» las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Por último, el proyecto le acuerda al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en materia de «administración financiero-presupuestaria».

Fuente: Clarin