La capacitación estuvo dirigida a funcionarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa y Pupilar.

El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia brindó una capacitación sobre los avances en la aplicación del expediente electrónico, en la cual Mendoza es uno de los principales impulsores.

La formación fue impartida por el director de Informática y Comunicaciones, Víctor Correas, junto con el titular de Políticas Públicas e Innovación, Rubén Zavi, y se centró en la necesidad de aplicar las nuevas herramientas de gestión en todos los ámbitos de la Administración Pública Provincial.

Además, participaron de la charla la defensora general del Ministerio de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri, y la administradora general del Poder Judicial, Mónica González.

Esta capacitación tuvo como eje la incorporación del Poder Judicial en ese sistema de gestión para una mayor eficiencia en el movimiento de expedientes de un poder a otro. Se logran así menores costos y plazos en la tramitación de una pieza administrativa, en beneficio directo para el ciudadano.

“El expediente electrónico hoy es un hecho y es gracias a la decisión del Gobernador Alfredo Cornejo, al apoyo e impulso de los equipos técnicos y al compromiso de los responsables de los distintos sectores que acompañaron este cambio”, remarcó Zavi.

Mendoza, a la cabeza en el interior del país

En este marco, es importante recordar que Mendoza ganó en noviembre de 2017 el Concurso de Políticas Públicas Federales, un certamen que tuvo un jurado de jerarquía nacional e internacional.

Según datos de enero pasado, en la Provincia se realizaron aproximadamente 180.000 trámites por internet, mientras que a la fecha se efectúan unos 8.000 documentos electrónicos diarios.

Así, Mendoza lidera, detrás de Buenos Aires, el listado de las jurisdicciones que introdujeron las nuevas herramientas tecnológicas en su gestión administrativa. El objetivo es brindar al ciudadano rapidez, transparencia y seguridad en sus trámites con el Estado, al tiempo que se contribuye en la despapelización de la gestión y resguardo del ambiente.