Promulgada por primera vez en 1978, FISA es un conjunto de leyes federales que permite a las agencias de seguridad estadounidense recolectar y utilizar información procedentes de potencias extrajeras en casos de espionaje o terrorismo. Es una ley extensa con muchas ramificaciones y la sección 702, una enmienda aprobada en 2008 por el ex-presidente George W. Bush, es uno de los puntos más controvertidos del texto.

Esta sección reconoce el poder la NSA para interceptar comunicaciones electrónicas sin necesidad de una orden judicial, tan sólo con un informe anual en el que se especifiquen los motivos por los que está activa la vigilancia.

La enmienda estuvo a punto de ser eliminada del texto durante la votación de la conocida como Acta de la Libertad de Estados Unidos de 2015, bajo el mandato de Obama, pero finalmente se pospuso su consideración hasta este año, cuando se cumple una década de su promulgación.

La sección 702, como el resto de los textos de la FISA, tiene referencias claras a su uso exclusivo sobre objetivos extranjeros pero su implementación ha permitido a la NSA analizar durante años, y con el apoyo de grandes compañías y operadoras estadounidenses, el tráfico de Internet en su conjunto, incluida las comunicaciones que se realizan dentro del país.

«El problema general con estos programas es que están lejos de ser «específicos». Bajo la Sección 702, la NSA recopila miles de millones de comunicaciones, incluidas las pertenecientes a estadounidenses inocentes que en realidad no son el blanco original de la vigilancia» argumenta la Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización creada para velar por los derechos de los internautas.

Estas comunicaciones, además, se almacenan en bases de datos a las que otras agencias de inteligencia doméstica, como el FBI, pueden acceder sin fines relacionados con la seguridad nacional y sin una orden judicial o revisión judicial.

Bajo la sección 702, la NSA puede pedir a grandes operadoras o compañías como Google o Facebook que intercepten cualquier mensaje o dato que contenga información sobre un objetivo concreto (un número de teléfono o un correo electrónico, por ejemplo).

Pueden hacerlo incluso si el mensaje no está dirigido o emitido por el sujeto en cuestión, una práctica que ha generado varias críticas por parte de los organismos judiciales del país debido a que ese supuesto no estaba claramente codificado en la enmienda.

La nueva ratificación, que expande el programa durante seis años, ahora permite claramente a la agencia interceptar estas comunicaciones en masa. «Esto significa seis años más de acceso del FBI a las bases de datos recopiladas por la NSA, a los efectos de la aplicación de la ley doméstica. Una rutina que se aleja mucho de la justificación original de la seguridad nacional», denuncia Cindy Cohn, directora ejecutiva de la EFF.

Para complicar aún más las cosas, el nuevo texto es intencionadamente vago a la hora de exigir los datos que la NSA debe conocer para definir un «objetivo» en sus labores de vigilancia electrónica.

Antes necesitaba un número de teléfono, un correo electrónico o una cuenta específica en una red social, ahora basta con un nombre y sólo el Congreso de los EE.UU. tiene poder para exigir que pare una investigación si considera injustificada la medida.