Por si eso fuera poco, Mauricio Macri terminó de confirmar que su aliada Elisa Carrió no está dispuesta a abandonar su papel de tábano sabio, para alertar a propios y extraños cuando el Gobierno esté a punto de tomar decisiones cuestionables desde el punto de vista legal o moral. Incluso, cuando se tratara de una mera amenaza gubernamental para golpear y después negociar, como la hipotética reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Es obvio que la amenaza del decreto apuntaría a forzar una negociación, como en su momento lo hizo el cuestionable decreto de Macri, luego retirado, por el cual designó a dos miembros de la Corte. Es probable también que el Poder Ejecutivo pueda valerse de la restrictiva reglamentación de los DNU heredada del gobierno kirchnerista, que exige que, para perder vigencia, un decreto deba ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Pero aun así sería evidente la impotencia de un gobierno que supuestamente vino a garantizar la legalidad y la calidad institucional.

Claro que antes de eso deberá resolver sus enormes problemas de comunicación para explicar la ley y transmitir a la opinión pública la verdadera dimensión de la crisis del sistema previsional.