Un director de banco que aprueba un crédito arriesgado o una inversión que finalmente acaba en impago debe asumir su responsabilidad.

Eso es lo que piensa el gobierno de Angela Merkel y por eso el consejo de ministros de Berlín aprobará mañana una reforma penal que tendrá como consecuencia la aplicación de penas de hasta 5 años de cárcel para quienes aprueben inversiones de forma poco fundamentada que terminen en fiasco.

Es un proyecto de ley redactado por el equipo del ministro de Finanzas,Wolfgang Schäuble, que establece ciertas novedades en la regulación de bancos y aseguradoras y que bien podría terminar sirviendo de patrón a la hora de poner letra legal a la unión bancaria europea, en plena negociación. La nueva ley alemana contempla sanciones económicas y penas de prisión, con el objetivo de evitar nuevas crisis financieras como la desencadenada a escala global en 2008.

En una primera reacción, la Asociación Alemana de la Banca ha transmitido que, «a la espera de conocer en detalle el proyecto de ley, esta decisión podría acarrear una disminución del nivel de crédito disponible en la economía alemana» y ha alegado en su favor que los bancos alemanes «son tradicionalmente cautos y prudentes a la hora de conceder créditos».

Pero si bien es cierto que los créditos a particulares se conceden en Alemania con todas las precauciones habidas y por haber, no puede decirse lo mismo de las inversiones a más alta escala y que han llevado a los bancos alemanes a estar tan pringados como el resto en las hipotecas basura estadounidenses y en la deuda basura de países europeos.

Eso, según la voluntad de Merkel, no debe volver a ocurrir, de forma que, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, «el quebrantamiento de las obligaciones de los responsables de gestión de riesgo será perseguido por la vía penal cuando esto ponga en peligro la propia pervivencia de la entidad o el cumplimiento de sus compromisos», dice el nuevo documento legal.

El proyecto de ley establece también la obligación de separar la banca de inversión de la comercial en las grandes entidades financieras, para impedir que los clientes particulares puedan sufrir pérdidas ocasionadas por las operaciones de riesgo de la entidad.

Si los activos de riesgo de un instituto financiero superan el 20% del total o los 100.000 millones de euros, el banco o aseguradora deberá establecer una empresa independiente para sugestión, creando un cortafuegos para defender el negocio comercial, apunta el documento, recogiendo las propuestas del consejo de expertos convocado por la Comisión Europa para regulación de la banca.

Además da un paso más allá al convertir en delito penal la inversión de alto riesgo fallida.

 

 

Rosalía Sánchez | Berlín

El Mundo.es