Alejandro Vandenbroele se sentó frente al fiscal del caso Ciccone y cumplió su vieja amenaza: dijo que va a hablar.

Acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou , enfrenta un juicio oral por el caso Ciccone y tiene otras tres causas abiertas. Desde ayer, lo custodia el Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia. Su primera declaración como arrepentido está prevista para el viernes.

Vandenbroele llegó a la fiscalía de Jorge Di Lello ayer, a las 14, tal como estaba acordado. Lo acompañaban el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y un funcionario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané. Hacía semanas que la defensa conversaba con el Gobierno sobre esta presentación. Dos veces estuvo a punto de concretarse. La semana pasada, Vandenbroele se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella fue quien, el viernes, le anunció a Di Lello que Vandenbroele iba a hablar, según fuentes oficiales.

La detención de Boudou, dispuesta por el juez Ariel Lijo hace diez días, precipitó la decisión de Vandenbroele, relató una alta fuente del Gobierno, que dijo que él se había encontrado, de repente, «sin abogado y sin dinero».

Vandenbroele se presentó ayer en lo de Di Lello, en el 5º piso de Comodoro Py, sin abogado. Su defensa particular había renunciado, semanas antes.

El fiscal convocó entonces a Juan Martín Vicco, el defensor oficial que lo representará en el caso por la presunta asociación ilícita que Vandenbroele está acusado de integrar junto con Boudou (es la causa por la que el ex vicepresidente fue detenido). Vicco no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Ayer, estuvo un largo rato reunido con Vandenbroele.

Di Lello convocó también a Francisco Lagos, el titular del programa nacional de protección de testigos, al que Vandenbroele quería ingresar. Además, el fiscal le informó al juez Lijo.

El contenido de la audiencia en la fiscalía de Di Lello fue transcripto en un acta. La reunión duró unas dos horas y se reanudará el viernes. Ese día, Vandenbroele declarará ante el fiscal y sellarán un acuerdo. «Eso siempre y cuando brinde información que pueda comprobarse», aclararon a LA NACION fuentes de la investigación.

Para gozar de los beneficios de un arrepentido, el presunto testaferro deberá aportar datos «precisos, comprobables y verosímiles» que colaboren con el éxito de la causa.

Deberá hacer referencia «únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe» y «a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor» que la suya.

Incluso si cumpliera todos estos requisitos, no evitaría ser sometido a juicio ni condenado, pero su pena -según dice el nuevo régimen sobre los arrepentidos- «podrá reducirse» y no ser la del autor de un delito consumado, sino la que la ley prevé para los casos de «tentativa».

Vandenbroele también podría ser favorecido con un criterio más flexible a la hora de interpretar si debe esperar una eventual condena en prisión. Si, tal como se prevé, fiscal y acusado llegan a un acuerdo, ese documento deberá ser homologado después por el juez para tener valor.

De acuerdo con la ley, sólo pueden sellarse este tipo de convenios respecto de casos aún no elevados a juicio. Por eso, en principio, no tendrá efectos para el caso Ciccone, que está en plena instancia de debate oral.

Pero Vandenbroele tiene otras tres causas abiertas que todavía no llegaron a juicio.

Una es la que investiga un contrato de consultoría millonario con la provincia de Formosa. Por este caso en el Gobierno dicen que podría quedar complicado el gobernador Gildo Insfrán. Vandenbroele cobró 7,8 millones de pesos del Estado formoseño como representante de The Old Fund (TOF), firma que luego sería controlante de Ciccone.

Vandenbroele está acusado además de haber integrado una «asociación ilícita» liderada por Boudou. Esta es una nueva imputación, que le hizo Lijo en la misma resolución en la que ordenó la detención del ex vicepresidente. Este caso era, originalmente, por enriquecimiento ilícito contra Boudou, pero se amplió.

La tercera causa que lo tiene como imputado es un remanente todavía no elevado a juicio de Ciccone. En el marco de ese caso, los investigadores dan por probado su vínculo con el vicepresidente. Consideran pruebas, por ejemplo, las llamadas con el secretario privado de Boudou y los viajes compartidos con el entonces jefe de gabinete del ex vicepresidente Guido Forcieri.

Cuatro miembros de la Prefectura Naval fueron imputados por la filtración de las imágenes del momento de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en Puerto Madero, el 3 del actual. El fiscal federal Juan Pedro Zoni, suplente de su colega Paloma Ochoa, pidió abrir una investigación contra cuatro efectivos vinculados con la detención del ex funcionario. El fiscal elevó el requerimiento ante el juez federal Sebastián Ramos, quien ahora deberá decidir si da curso o no a las medidas de prueba sugeridas por el representante del Ministerio Público.