La jueza Elena Liberatori dijo que los alumnos “están haciendo uso de sus derechos constitucionales” al ocupar las escuelas.

Hace casi 2.000 años, Ulpiano, pronunció la más pura y reconocida definición de lo que es la Justicia “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”, y agregó los preceptos del derecho “vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde”.

Ahora me pregunto, ¿cómo entiende la jueza Liberatori que, el tomar una escuela no le hace daño a nadie?

El frecuentemente alegado “choque” de derechos es un mito, no existe tal cosa.  El “choque” se da entre los pseudo-derechos que promulgan los políticos demagogos y amantes de lo políticamente correcto; o en las retorcidas interpretaciones de quienes deben velar por la armonía en la convivencia entre los ciudadanos.

La práctica de un derecho, como el derecho a la protesta, no puede pasar por encima de otro derecho, como el de estudiar o el de trabajar.  La protesta no debe interferir con el estudio o con el trabajo, los derechos tienen su límite en el derecho ajeno, así de simple.

Un punto aparte es el tema de la usurpación de un edificio público, hecho que, al parecer, no constituye un delito para la señora jueza.

Ahora repasemos lo que los “politicuchos”, que redactaron la Constitución de la CABA, escribieron en el artículo 39: “La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos… deben ser informados, consultados y escuchados… Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes”.

Primero está la patética inclusión del término “niñas” en el artículo, aclaración absolutamente innecesaria, demagógica y discriminadora, pues el plural “niños” incluye ambos sexos.  Luego está el políticamente correcto “deben ser informados, consultados y escuchados”, patética muestra del cobarde e irresponsable abandono por parte de los adultos de la propia responsabilidad sobre la educación de los menores.

Por otro lado, la jueza mostró, o bien ser intelectualmente deshonesta o bien haber cometido un olvido imperdonable, al aludir que los menores debían ser “informados, consultados y escuchados” y omitir señalar, que el mismo artículo aclara a continuación que “cuando se hallen afectados o amenazados (los menores) pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes”.  La toma del colegio no representa la opción correcta y la jueza lo sabe o debería saberlo.

Así vemos como el postmodernismo, con su relativismo moral, adoptado por parte de nuestra sociedad; y con el garantismo, propugnado por el inefable Zaffaroni y avalado por la jueza Liberatori, nos ha llevado a los argentinos a la situación en la que “todos son demagogos. Padres, docentes y funcionarios sólo buscan evitar enfrentar a los jóvenes, prefieren el aplauso fácil, la lisonja de un montón de nadies. El poner límites, reglas y metas es un camino riguroso, pero que lleva a un buen destino; muy distinto al atajo que hemos tomado, atajo que no lleva a ninguna parte” (extraído del libro El Imperio de la Decadencia Argentina RECARGADO).

Para finalizar, reafirmo lo que escribí hace una semana, Don Domingo Faustino Sarmiento debe estar muy triste, pues, 150 años después de aquel primer censo, aún persiste la disyuntiva: “civilización o barbarie” y agrego otra de sus genialidades “Las palabras ARGENTINO e IGNORANTE se escriben con las mismas letras… Luchemos para que no se transformen en sinónimos”.

                                                                                  Rogelio López Guillemain

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