El fiscal general Germán Moldes solicitó ayer a la Cámara Federal porteña la detención del ex ministro Julio De Vido en la causa en la que se lo investiga por presunto desvío de fondos en la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). Es la segunda vez que un fiscal pide detener al ahora diputado por la provincia de Buenos Aires.
Según reveló DyN, en un duro escrito que no ocultó su tono político, Moldes calificó al ex ministro de Planificación como el “gran tramoyista de las inversiones de la obra pública”, y advirtió que está “parapetado” en el Congreso Nacional, donde la mayoría de los legisladores se negaron a votar el desafuero de De Vido.

Para Moldes, “no hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con ‘el poder público y sus influencias’ se llama Julio M. De Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios”.

De esta manera, Moldes respaldó el pedido inicial del fiscal Carlos Stornelli para quitar a De Vido sus fueros como diputado y detenerlo. El juez de la causa, Luis Rodríguez, no hizo lugar a esos pedidos, y decidió ponerles una caución real (fianza) a los involucrados para mantenerlos en libertad, prohibirles la salida del país y establecer que vayan a tribunales periódicamente para demostrar que están a derecho. Y ordenó las indagatorias que finalizarán el 28 de noviembre, con la declaración de De Vido.

La Cámara Federal tiene audiencia para el próximo 3 de octubre para analizar esta presentación, a la que se sumarán las objeciones de la treintena de imputados.

El caso. PERFIL reveló en 2016 el mecanismo ideado en la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) para desviar miles de millones de pesos sin licitación ni controles. Ese mismo mecanismo también permitió al ex ministro Julio De Vido tercerizar la responsabilidad de las decisiones que, diez años después, la Justicia le atribuye. ¿Cómo lo hizo? La empresa era manejada íntegramente desde la cartera de De Vido, y su mano derecha, Roberto Baratta, tenía un rol preponderante en el engranaje que montaron.

Cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, cañerías o realizar obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos millonarios y ordenaba a Yacimientos pagar las sumas. Muchos de esos fondos no se canalizaban directamente sino a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y sus regionales en Río Gallegos, La Plata, San Nicolás y Avellaneda, encareciendo los costos en un 21%. A cambio de sus servicios, la UTN y su Fundación se quedaban con el 21% de los fondos por “gastos administrativos”.
Sólo por la UTN Santa Cruz habrían pasado unos $ 3 mil millones, según los documentos internos de YCRT.
En su escrito, el fiscal general Moldes les pidió a los jueces de la Cámara Federal Eduardo Farah, Martín Irurzun y –eventualmente– Luis Bruglia que hagan lugar al planteo de Stornelli.
El fiscal Stornelli había pedido a principios de julio la detención y el desafuero de De Vido y el arresto de los demás sospechosos con el fin de interrogarlos, pero Rodríguez lo rechazó. Roberto Baratta está en esa lista, al igual que una veintena de ex funcionarios.

Fondos sin control
El nivel de fondos destinados a YCRT fue monumental, especialmente en comparación con el fracaso del proyecto. Según consta en la causa, el yacimiento debía estar listo para producir dos millones de toneladas anuales de carbón en 2010, pero en 2015 solamente produjo 45 mil toneladas, similar a lo que la mina rendía en sus inicios, en 1951.
A pesar de los magros resultados, las autoridades de Planificación se abocaron a fomentar el “tren turístico” de la mina, uno de los ejemplos de cómo funcionaba el circuito de fondos. La empresa estatal YCRT firmó un convenio con la UTN para reactivar el viejo ramal ferroviario Eva Perón, que conectaba la mina con Río Gallegos. Se firmaron contratos para “asistencia técnica” o “capacitación de personal”. Pero en realidad se usaban para pagar a proveedores de YCRT de forma directa y bajo discrecionalidad. Se destinaron $ 400 millones. La UTN asegura que sólo recibió $ 190 millones.