La Legislatura provincial aprobó el 30 de agosto pasado el nuevo Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que tenía vigencia desde hacía 60 años. Comenzará a funcionar a pleno a partir del 1 de febrero de 2018 con los objetivos de dar agilidad y celeridad a los procesos y con la finalidad de acercar la Justicia al ciudadano.

El Gobernador Alfredo Cornejo presentó este mediodía en la Casa de Gobierno algunos de los principales puntos a destacar de la nueva ley. El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay; el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, participaron en la presentación. Además, estuvieron presentes los miembros de la Comisión Redactora.

Nanclares calificó al nuevo código como una “política de Estado” que se logró gracias a la “colaboración de todos los que hicieron aportes” para redactarlo. Subrayó la celeridad en los procesos y el compromiso que deberán tener todos los actores involucrados en aplicarlo siguiendo “los lineamientos de la oralidad”.

Cornejo indicó que desde diciembre de 2015 se venía trabajando en concretarlo. Destacó los trabajos realizados por la Comisión Redactora y subrayó el hecho de que “trabajaron ad honorem para hacerlo”. Informó que “somos la primera provincia en lograr adecuar su Código de Procedimientos al nuevo Código Civil, sancionado en 2015.  Hubo, sin lugar a dudas, vocación política para llevarlo adelante”.

El Gobernador subrayó también “la capacidad técnica de los equipos” y el alto nivel de consenso en las diferentes instancias en las que el proyecto fue sometido a audiencia pública. Explicó que todas las mejoras realizadas apuntan a “optimizar la administración de justicia” y a resolver con agilidad y rapidez “los problemas de la ciudadanía”. En este sentido, expresó que el uso de la tecnología será la principal herramienta para conseguir los objetivos de “agilidad y rapidez”.

Agregó que son varios los cambios que se están realizando y mencionó que “las modificaciones legales que estamos haciendo tienen por objeto que los recursos que el Estado invierte en administración de justicia estén cada vez más cerca de los ciudadanos”. Además, señaló que “es necesario que la Justicia aplique las nuevas reglamentaciones con gestión y liderazgo. De nada sirve tener una buena ley si después no hay gestión y liderazgo para aplicarla día a día”.

Por su parte, Garay expresó: “No sólo estamos promulgando la ley del Código Procesal Civil, sino que también en días más estará lista la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, estamos modificando normas con más de 40 años de vigencia ininterrumpida que necesitaban ser corregidas. Si comenzamos modificando, estructuralmente, los procesos, podemos alcanzar la meta de hacer trascender la función pública a favor del ciudadano”. 

D’Agostino anunció que “seguiremos avanzando en otras reformas, teniendo en consideración los ejes trazados por este Gobierno: una Justicia cercana a la comunidad, que resuelva rápidamente los problemas, y aplicando la modernidad para facilitar los procesos”.

Algunos de los puntos a destacar de la nueva ley

Plantea que “toda persona tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones en forma definitiva”, prevé la “conciliación, la transacción, la mediación, el arbitraje y otros métodos de solución de conflictos”. Dispone que “iniciado un proceso, tanto las partes como el Tribunal podrán impulsarlo evitando su paralización, con el objeto de adelantar el trámite con la mayor celeridad y eficacia posible”.

También establece el “deber de los jueces de encontrarse presentes”, indicando que “tanto las audiencias como las diligencias de prueba en las que así se indique, se realizarán por ante juez o tribunal, no pudiendo ser delegadas en otros funcionarios, bajo pena de nulidad, salvo cuando este código excepcionalmente lo permita. En caso de ausencia justificada, podrán ser subrogados por otro juez conforme la ley especial o según lo establezca por acordadas la Suprema Corte, salvo que circunstancias excepcionales autoricen a suspender la audiencia”.

La celeridad de los actos procesales

Asimismo, el nuevo CPCyC refiere en cuanto a la celeridad que “los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, cuando a ello se faculte por ley o por acuerdo de partes, y de concentrar en un mismo acto la mayor cantidad de diligencias posibles, así como la colocación de todas las órdenes anticipatorias en resoluciones que el juez entienda puedan emitirse para una más ordenada y rápida resolución de la causa”.

Igualdad de los litigantes

De igual forma, estipula que “el tribunal debe velar por la igualdad de los litigantes y por preservar las garantías del debido proceso. Todos los sujetos del proceso deben cooperar entre sí para que se obtenga, en tiempo razonable, la decisión de mérito efectiva”; que “todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las partes”, y que “el juez o tribunal debe carecer de todo interés en la resolución del litigio”.

Asistencia para niños y adolescentes

Otro de los aspectos previstos es que los “niños, niñas y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente y las personas con capacidad restringida pueden solicitar al juez, o al asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida, información sobre los posibles abogados especializados, inscriptos en el registro local, a los fines de poder elegir uno que lo asista en juicio”.

Las nuevas tecnologías

Se hace hincapié en las nuevas tecnologías que “se presentan como herramientas que permiten una mejor gestión de la justicia mendocina. Aportando eficiencia, celeridad y seguridad favoreciendo la labor de los operadores jurídicos”, según señalan los fundamentos del proyecto impulsado por el Gobierno provincial.

En ellos, se destaca que “no podemos estar ajenos  que el avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como de las ciencias de la administración y gestión, reclaman un trabajo interdisciplinario que influye en la forma de realización  de los actos procesales, permitiendo una celeridad y registración en soportes diferentes al papel. Sin embargo, su gestión se modifica, por lo que implica otra necesidad de incorporación a la normativa”.

Los procesos civiles

Siguiendo el texto de la fundamentación, “Mendoza, conforme las estadísticas, es la provincia con mayor litigación del país y una de las mayores del mundo si tenemos en cuenta su población”, a lo que se suma que “también se advierten deficiencias  en la duración promedio de los procesos civiles (aproximadamente cicno años); con un alto costo por expediente y un consenso social que reclama una justicia más ágil al momento de resolver los conflictos que son llevados a su conocimiento”.

Hoy, “el proceso civil se caracteriza por la falta de inmediación, delegación de funciones, ausencia de concentración, escasa publicidad con dominio de la escritura en soporte papel”, que contribuye a un nivel “de eficiencia bajo, con resoluciones más o menos alejadas de los hechos, dentro de un sistema que favorece y alimenta artimañas procesales de las partes y la mala fe en los procesos, por ende, la progresiva e inexorable extensión de los plazos”.

Así, se establecen las bases para el cambio de un proceso monocrático a un proceso por audiencias, bajo  los principios de colaboración, celeridad y sobre todo el de oralidad.

Actualizaciones y regulaciones

Por otra parte, el Ministerio Público ha sido actualizado. Entre los nuevos auxiliares incorporados se destaca la regulación de los amigos del tribunal.

Asimismo, se regulan institutos según el Código Civil y Comercial de la Nación, como la acción preventiva y la acción directa. Se actualizan los institutos y procedimientos adaptándolos al nuevo Código Civil sobre derechos reales, sucesiones y derecho procesal internacional.

Se crea una unidad de medida: el JUS, “para dar estabilidad y fácil cómputo de montos en todos los casos en que resulta necesarios, como multas, honorarios de peritos, sanciones y competencia por valor, entre otros”.

Además, se crea una Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario integrada por un miembro designado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, o el que en el futuro lo remplace; un miembro por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; presidente de la Federación de Colegios de Abogados y el presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, o sus remplazantes respectivamente.

Para las ejecuciones se adopta el proceso monitorio, se aceleran el apremio, el desalojo y otros procesos  especiales. También se regulan los procesos de Consumo, derivados de la Ley 24240, por monto, y se crea el procedimiento de Pequeñas Causas.

Recursos e incentivos

En referencia a los recursos se han abreviado los plazos, se han unificado los recursos extraordinarios y se ha establecido la Acción Autónoma de Revisión de la cosa juzgada como procedimiento propio ante la Suprema Corte de Justicia.

Otros cambios introducidos tienen que ver con que se otorgan mayores incentivos a los abogados que logren la conciliación en la audiencia preliminar, pudiendo percibir los mismos como juicio completo, y se da relevante importancia a la instrucción realizada por los  asesores letrados quienes se convierten en los primeros investigadores y  productores de prueba. Por eso, se otorga mayor plazo  a la contestación, pero se impone adjuntar con ella  y con la demanda la mayor cantidad posible de prueba  producida y que simplifique la tramitación  del expediente judicial.