El BOLSÓN, Chubut.- Arde la Patagonia andina por un conflicto territorial centenario, de raíces y enconos muy profundos. A esa tierra sumida ahora en la impotencia y el desasosiego la fagocitan las llamas desde hace cuatro años, cuando un grupo de mapuches, conducido por el lonko (líder político) Facundo Jones Huala, decidió propagar una guerra de fuego. Centró en ella como enemigos a terratenientes extranjeros, latifundistas y productores agropecuarios, endilgándole al huinca (hombre blanco que daña) el despojo de sus tierras.

Ésa es la misma tierra que -al igual que el resto del país- hoy clama para que vuelva con vida Santiago Maldonado, desaparecido desde hace 13 días cuando la Gendarmería repelió un corte en la ruta 40, a metros de un predio ocupado por mapuches. Maldonado simpatizaba con esa causa.

Ese combate sellado a fuego es el que también hoy dispara una espiral creciente de violencia. Coacciona e intimida. Y en su irracional desenfreno -según dicen en las comarcas andinas-, deslegitima un reclamo territorial que, formulado por otras vías, la Constitución y las leyes argentinas consagran como un derecho de los pueblos indígenas.

En la Justicia se suman hoy más de 70 causas penales vinculadas a la agrupación fundada por Huala, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Los delitos van desde privación ilegítima de la libertad y simulacro de fusilamiento a incendios en puestos de estancia, plantaciones forestales, refugios en parques nacionales como el Neumeyer y el Jakob, galpones y maquinarias agrícolas de productores de frutillas, abigeato, sabotaje al tendido eléctrico y hasta la destrucción de un emblema patagónico, como es la legendaria Trochita. Desde hace dos años, el tren a vapor debió reducir de 402 a 25 kilómetros su histórico recorrido por la obstrucción y el corte de sus vías.

«Además de incendiar la estación Bruno Thomae, RAM nos impide atravesar su territorio -cuenta Yanina Sanpedro, coordinadora de Turismo de El Maitén-. Y nosotros no nos arriesgamos a pasar con pasajeros y menos con turistas extranjeros. Es doloroso porque esa locomotora a vapor de 1922 es el orgullo del pueblo y una fuente de ingresos por los servicios de charter, que antes por US$ 10.000 eran contratados por extranjeros para unir en dos días Esquel con nuestro pueblo.»

En esa localidad recuerdan otro antecedente incendiario por el que aún lloran los montañistas: la destrucción de un flamante refugio donado al Club Andino El Maitén sobre las nevadas cumbres del Cerro Azul. «Era nuestra vía de escape en una naturaleza sublime, por su sobrecogedora panorámica. Al mes de ser inaugurado RAM lo desmanteló; luego lo redujo a cenizas porque para llegar hasta allí se invadía territorio mapuche», contó Sanpedro.

Los más de 70 focos incendiarios diseminados entre Chubut, Neuquén y Río Negro -eje del wallmapu (el territorio ancestral mapuche)- apuntan sin medias tintas contra «intereses capitalistas, imperialistas y oligárquicos», aunque las mayores víctimas son puesteros de su misma etnia. Desde 2013, los ataques sorpresivos, en áreas inhóspitas y de madrugada, casi imposibles de prevenir en la inmensidad patagónica, han sido públicamente reivindicados por RAM y por el Movimiento Autónomo del PuelMapu (MAP). Uno y otro invocan una representatividad que gran parte de su propia etnia cuestiona y en muy duros términos.

Las comunidades mapuches de Cushamen, por ejemplo, describieron su accionar como actos terroristas. El lonko Raducindo Calfupan exigió el regreso de la Gendarmería a El Maitén para garantizar la paz social y la integridad de personas y bienes.

En la Argentina hay 205.009 mapuches. «Sólo un núcleo aislado de individuos aspiran a instalar por la fuerza una nación mapuche como propone Huala», explicó el aparcero Camilo Nahuelquir. «Pedimos a la gente y a los medios que no asocien a todos con esa violencia», indicó.

El werken (vocero) Antonio Fermín fue aún más categórico: «RAM hace terrorismo y nos denigra porque somos un pueblo pacífico, que jamás dañará a otro hermano mapuche».

La lectura de un informe sobre el grupo, elaborado por el Ministerio de Seguridad, grafica la saña con la que RAM somete a sus pares, como le sucedió a Nicanor Rayel, por ser empleado del grupo Benetton, enemigo declarado de RAM. Frente a su esposa y sus tres hijos, lo sacaron del rancho en medio de la noche, lo conminaron a permanecer dos horas en las gélidas aguas del río Chubut, mientras lo amenazaban de muerte y le disparaban cerca en el agua para que entregara dinero y armas. Luego, le quemaron el puesto.

«El hombre quedó tan traumado, que no logró reponerse psicológicamente», dijo Vivian Huges, administrador de una de las estancias de Compañía Tierras del Sud Argentino (CTSA), el holding de los italianos que concentra cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia. Fueron adquiridas a la S.A. Paz y Ochoa en 1991, luego de que un consorcio inglés intentara licuar sus activos en 1982.

El Pu Lof de Resistencia -las 1300 hectáreas usurpadas a CTSA en 2015 de la estancia Leleque por 15 encapuchados- se erigió en un objetivo estratégico por parte de quienes reivindican con armas su pertenencia ancestral a un territorio arrebatado por el huinca.

Reclamos

«Estamos dispuestos a dar la vida para liberarnos del Estado que nos aniquiló como pueblo, nos capturó como esclavos, nos sobornó con alcohol y baratijas y nos explotó pagándonos con vales o nos empleó en estancias por un plato de comida. Es el mismo Estado que nos impuso la nacionalidad argentina, cuando siempre fuimos una nación mapuche; el que confinó a las ciudades, expulsándonos de nuestro territorio, para seguir explotándonos hoy como mano de obra esclava. Es también el que hoy no reconoce nuestros derechos como pueblos originarios.»

Así hablan hombres y mujeres de entre 20 y 30 años, en la tierra que ocupan, que es también el escenario de donde el 1° pasado desapareció Santiago Maldonado. Ellos (cinco en total) lucen encapuchados. Lo atribuyen a una persecución judicial y policial en Chubut desde que anunciaron su liberación para expresarse como pueblo mapuche. Los acompañan mujeres, niños y jóvenes de distintas partes del país, que apoyan su causa. En la Justicia sospechan que el predio guarece a miembros de RAM. Ellos lo niegan. Aunque allí precisamente fijó residencia Jones Huala y de allí también se secuestraron en dos allanamientos armas y combustible. El día del operativo la Gendarmería incautó manuales para hacer la guerra, herramientas de labranza y cuchillos, y también folletos que los ocupantes entregaban a los vehículos en los cortes de media calzada sobre la ruta 40, exigiendo la liberación de Huala.

Su discurso no es beligerante. Por el contrario, es cordial y explicativo y se extiende durante muchas horas hasta caer la noche cerca de un fogón. Es entonces cuando otros jóvenes encapuchados irrumpen desde la estepa y se suman al diálogo. Dicen que muchos en esa comunidad se criaron en Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz y Bariloche, en hogares donde las madres limpiaban baños y los padres subsistían con trabajos precarios. Crecieron escuchando de sus abuelos historias lacerantes: «Durante la Conquista a las mujeres les cortaban los pechos para que no amamantaran y a sus hijos más grandes los enviaban al Norte como servidumbre», contaron. Les han repetido que los mapuches son vagos y feroces piqueteros. Que provienen del otro lado de la Cordillera y no son un pueblo originario; invasores que en su expansión trasandina exterminaron al tehuelche. Aunque ese punto es sumamente polémico para la antropología moderna. Mientras un antropólogo legendario como el ya fallecido Rodolfo Casamiquela ubica al mapuche en la Araucanía y en el país a partir de 1822, otros afirman que su territorio de poblamiento en la Patagonia data de 10.000 años cuando no existían los Estados nacionales. Además, hubo hibridación y sincronismo cultural entre tehuelches y mapuches, explican.

«Hablar de un mapuche chileno y de un tehuelche argentino es una aberración científica. Tiene la finalidad de desoír los reclamos territoriales de los pueblos nativos para proteger a los terratenientes extranjeros», dijo una investigadora del Conicet que prefirió no ser identificada.

Apoyados en su causa por organizaciones sociales y de derechos humanos, según admitieron los miembros de la toma, la visión política de izquierda revolucionaria se mezcla con conceptos de sustentabilidad ambiental basados en una cosmovisión sacra del suelo y de los recursos naturales.

En su proyecto territorial para crear la Nación Mapuche, que intuyen les insumirá años, no permitirán la extracción de oro ni plata, la explotación forestal, ni la presencia de aserraderos, papeleras, gasoductos, ni hidroeléctricas, como tampoco la actividad petrolera. Son todas esas actividades las que pretenden impedir que CTSA desarrolle en «su territorio recuperado». En su ideario las tierras son exclusivas para el pastoreo, los ranchos de madera, la siembra variada de trigo, papas y habas, árboles frutales, yuyos medicinales y huertas orgánicas y comunitarias. «El mapuche, hombre de la tierra, se funde en un solo ser con el territorio. Ése es el concepto de su espiritualidad, donde los ríos, los árboles y los coirones tienen su espíritu», dicen mezclando palabras en mapudungun (el habla de la tierra). Afirman que no consumen alcohol ni drogas. No repetirán las perdiciones que corrompieron a ancestros, endeudándolos en los mercados de ramos generales.

Señalan que el huinca (también se traduce como ladrón) siempre se aprovechó del mapuche analfabeto, engañándolo y obligándolo a firmar papeles de cesión de tierras cuando el lonko Miguel Niacuche Nahuelquier negoció con Roca la posesión de 625.000 hectáreas para 100 familias en la comunidad de Cushmen. «Así los sometieron sobornándolos. Son los mismos que hoy defienden los intereses de los terratenientes», indican.

«Mi hijo tiene seis años y sé que tarde o temprano terminará judicializado», dice una mujer mapuche que pareciera ejercer algún tipo de liderazgo en el grupo. «No es lo que desearía pero es un costo que estoy dispuesta a pagar si eso sirve para liberarnos como pueblo».

Todos minimizan las acciones de RAM. «Qué importancia tiene un poco de fuego cuando lo que se ataca es la infraestructura de los Benetton y de los Lewis, que cercan los campos, nos impiden el acceso al agua y contaminan el suelo con cateos mineros y proyectos hidroeléctricos.»

El 13 marzo de 2015 cuando se tomó el predio, esa comunidad emitió el siguiente comunicado: «Ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, sin tierra donde poder subsistir dignamente, y ante la falta de agua y la desertificación prolongada, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde hace 130 años por parte del Estado y grandes terratenientes, reivindicamos la recuperación de nuestro suelo.

Jimena Psathakis, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), uno de los organismos del Estado que les facilita a los pueblos indígenas el acceso a la propiedad de tierras, indicó que esa comunidad «rechazó todo ofrecimiento para tramitar su personería jurídica y que se realice -como impone la ley- el relevamiento territorial del lugar que ocupan ya que desconocen al Estado argentino como un interlocutor válido». Y agregó: «Mantienen una actitud intransigente en cuanto al estado de ocupación de las tierras en conflicto y exigen la devolución de las mismas. Concurrimos en enero para encausar el conflicto en una nueva mesa de diálogo, pero en primera instancia nos fue denegado el ingreso por decisión de la comunidad. En otro intento nos lo permitieron, pero recibieron a las autoridades del INAI con los rostros encapuchados y portando armas blancas».

A diferencia de lo que sucede allí, en el resto de Chubut, Río Negro y Neuquén, según pudo comprobar la nacion, existen decenas de tomas o recuperaciones de predios, pero sin violencia ni armas. No todos convalidan los métodos violentos. También existe mucho asesoramiento legal sobre los derechos que los asisten por parte de abogados especializados, que se quejan de que los Tribunales y los Estados provinciales desoyen sistemáticamente estos reclamos.

Gumersindo Montiel, un pequeño productor de hacienda lanar en Colanco Hue, en Río Negro, sufrió una usurpación de sus tierras. «Un día se me metió una mujer mapuche en el galpón. Al tiempo vinieron más, ya que deben justificar la ocupación comunitaria, pero no resistieron porque las condiciones de vida allí son extremas. Luego vino otro, que denunció que lo había amenazado de muerte. Ni el gobierno ni la Justicia actúan. Yo ya bajé los brazos», se resigna.

La legislación argentina, mediante el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 que incorpora el convenio 169 suscripto con la OIT en Ginebra, amparan ampliamente el reclamo de tierras de comunidades indígenas. «Allí se reconoce su preexistencia étnica y cultural como pueblos originarios -apunta Psathakis-. Como sujetos de derecho, los mapuches están habilitados para reclamar territorio, siempre que ese reclamo sea viable en términos del cumplimiento de la ley 26.160, que fija los términos del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y del reconocimiento de los Estados provinciales y Nacional cuando se trate de tierras fiscales.»

«Todavía hay mucha xenofobia y discriminación contra nuestro pueblo. Pero lo que es peor, hay un desconocimiento de las leyes que apunta a negarnos nuestros derechos», dice la werken (vocera) Marta Ranquehue, del Lof (comunidad) Millalonco Ranquehue, en Bariloche. Hace años se instaló con otras 14 familias en un predio del Ejército, en el camino al cerro Catedral, donde formaron una comunidad que se autoabastece para todos sus requerimientos de subsistencia. Desde entonces, enfrentó varios desalojos, con la destrucción de los hogares, volvió a empezar y hoy sigue combatiendo en los tribunales para que no la desalojen.

Revisionismo

«El problema es haber construido una historia de la Conquista sobre la mentira, que acallaron las grandes matanzas y los excesos de todo tipo. Y esconder que antes de la independencia, España firmó dos tratados con lonkos mapuches donde se reconocía la existencia del Pueblo-Nación Mapuche, instalado desde Azul hasta el sur de la Patagonia», dijo aunque no pudo precisar fechas o el nombre de los tratados.

Pero ese punto sirve para ilustrar la revisión histórica que, ayudados por especialistas, las comunidades encaran para exigir una reparación histórica y así formar una nación mapuche que no necesariamente le dispute el ejercicio de poder al Estado, sino que les reconozca su territorialidad y su autodeterminación para vivir de acuerdo a sus creencias, explica Ranquehue.

«Cuesta entenderlo pero el mapuche pertenece al territorio y no el territorio al mapuche. Soy argentina, pero no por opción sino por obligación», dice al lado de dos elementos que resumen el sincretismo cultural: un ejemplar de Rayuela juega con dos grandes madejas de lana, cuyo proceso integral ella misma realiza desde el vellón, desarmando las matas hasta formar el hilo.

Al principio parece no animarse, pero luego reconoce en Jones Huala a su lonko y afirma que no le constan los delitos que le atribuyen.

Preso en Esquel por un pedido de extradición, Chile acusa a Huala, de 31 años, de incendiar un latifundio, agredir a dos carabineros y profugarse. Nacido en Bariloche, quienes lo conocen lo describen como un líder nato, lector voraz, díscolo, politizado desde chico por influencia materna. Cumplió un rol «patriarcal» para sus dos hermanos menores y ya de adolescente había definido su ideario político de lucha y reivindicación indígena, apoyando también a los movimientos populares «de los pueblos pobres de la Argentina y Chile» y al partido Patria Libre.

Ramón tiene 65 años, creció como mapuche en una Patagonia sin alambrados cerca de Epuyén. Desde los 6 años cada vez que entraba en un comercio para ofrecer a la venta cueros de liebre que el mismo cazaba, según cuenta, recibía el mismo trato: «¿Qué querés, indio de mierda?». Trabajó en un gasoducto, en construcción de caminos, curtiembres, como soldador y en un frigorífico. Cambiaba de trabajo porque sus rasgos indígenas -dice- le impedían cualquier ascenso. «Ya soy viejo, pero mi vida fue eso», señala. Un recuerdo lo persigue: celebraban un final de año con sus compañeros de trabajo y él se ofreció a preparar una larga mesa comunitaria. Al momento de ubicarse en los asientos, un compañero le dijo: «Indio, no pensarás sentarte acá. Te podés quedar, pero en otra mesa». Cerca de los 50 años, regresó al campo con su mujer mapuche y se asentó en un predio donde cría gallinas y ovejas. Nunca pudo acceder al terreno propio y todavía lucha contra los desalojos.

Basta conversar con locales en un bar de Bariloche para aceptar que la discriminación al mapuche es moneda corriente. «Jones Huala es lo mismo que la mayoría del pueblo mapuche: cambian continuamente de trabajo porque no les gusta trabajar. Y cuando los tomás, después te hacen un juicio laboral», comentaban en un bar céntrico, donde el conflicto mapuche desplazó el interés por las elecciones. «Seguro que a Maldonado lo tienen escondido esos salvajes mapuches del RAM», se escuchó otro comentario.

Sanpredo lo resumió así: «Muchos de sus reclamos son justos, pero es la vía de acción violenta lo que los torna inaceptables. Ganarían mucho más, ya que las leyes los amparan estableciendo una verdadera mesa de diálogo. Y es necesario que se produzca, porque nadie quiere vivir con el terror fuera de su casa».

Quemaron una bandera argentina

Las tensiones entre manifestantes y el Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional que reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado sumaron dos jornadas consecutivas de mucha tensión. Ayer, unos 300 manifestantes que marcharon por el centro de El Bolsón hasta la sede de ese Escuadrón pintaron con aerosol rojo las placas recordatorias a seis gendarmes caídos en Malvinas y quemaron una bandera argentina, lo que acentuó el malestar de esa fuerza que niega haber detenido a Maldonado.

 Al grito de «gendarmes asesinos» y de «Estado represor» otros manifestantes arriaron del mástil la bandera argentina, que pertenece a la Gendarmería, la agujerearon, la pintaron con el lema «gendarmes asesinos» y luego la quemaron entre vítores.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tres testigos afirman que, en medio del desalojo, la Gendarmería disparó balas de goma y de plomo, que los manifestantes corrieron hacia un río y todos menos Maldonado pudieron cruzar. Y en ese momento, afirman, a él lo subieron a una camioneta blanca de esa fuerza. Esas tres personas finalmente declararon ayer como testigos en la Justicia. Según pudo saber la nacion, los testigos se mostraron con miedo y pidieron garantías. La primera en declarar ante los representantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) fue una mujer que situó a Maldonado en la estancia Leleque en el momento del desalojo.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2052673-ram-el-grupo-mapuche-que-en-las-sombras-tiene-en-vilo-a-la-patagonia