La superficie de bosques desmontada entre enero y junio de este año en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco superó la superficie de 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques, según reveló ayer Greenpeace a través de un informe. La normativa sancionada a fines de 2007 protege a las regiones que forman parte de Parques Nacionales y Provinciales, zonas de bosques ribereños, lugares en los que habitan animales en peligro de extinción y áreas en donde viven comunidades, sobre las cuales continúa el avance del desmonte. “Lo más grave es que en ningún caso se está reforestando, por lo cual el bosque no vuelve a crecer. Se está avanzando de una manera muy alta”, advirtió en diálogo con PáginaI12 Noemí Cruz, vocera de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Cruz aseguró, además, que desde el Estado nacional se impulsó un proyecto de ganadería que atenta contra la conservación de los bosques en la provincia de Chaco. Por todos estos motivos, según afirmó la activista, Greenpeace va a llevar al Congreso de la Nación una Ley de Delitos Forestales para frenar el desmonte.

En Chaco fueron desmontadas 17 mil hectáreas, de las cuales 10.718 mil eran bosques protegidos; en Santiago del Estero el total fue de 13.707, con 8.083 mil prohibidas; en Formosa de 7.754 hectáreas deforestadas, en 136 no estaba permitido; en tanto en Salta, de 7.009 hectáreas, 678 se desmontaron ilegalmente. Esos fueron los datos obtenidos en cada provincia por el relevamiento que realizó Greenpeace. Para ello utilizaron imágenes obtenidas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y finalmente comparadas y superpuestas a las imágenes de 2015 y 2016. “Lo que hacemos desde el año pasado es monitorear provincia por provincia, y vemos que la deforestación está avanzando sobre los bosques que la Ley de Bosques protege. Se está aumentando de una manera muy alta”, explicó Cruz, y denunció que existe “una clara complicidad de los funcionarios provinciales en la violación de la normativa”.

El informe señala que los bosques nativos que fueron clasificados por las provincias en las categorías “I-Rojo” y “II-Amarillo” de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos deben continuar en pie, ya que su desmonte “tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades”. “Permitir el desmonte en esas zonas vulnera e ignora las demandas de la sociedad”, agrega el estudio. La activista salteña indicó que la categoría I-Rojo, “integra áreas que son Parques Nacionales y Provinciales, además de bosques ribereños”. “En algunos casos se avanzó en estas zonas, en Chaco por ejemplo, en la región de transición entre Chaco Seco y la selva de la Yunga. Allí fueron desmontadas 3 mil hectáreas de manera ilegal”, detalló luego. “Donde más avanza el desmonte es en la región de Chaco Seco, en donde hay muchas especies en peligro de extinción que quedan sin su hábitat. Cuando se aniquila el bosque también se exterminan a los animales”, agregó.

Por su parte, la categoría de II-Amarillo se le asigna a las zonas “en las que viven comunidades y el desmonte puede acarrear conflictos sociales”, apuntó Cruz. El desmonte de las regiones de esta clasificación ocurre principalmente en Santiago del Estero. La activista enumeró varios ejemplos en la provincia: “Hace tres meses, y de nuevo hace una semana, el empresario y terrateniente santafesino Hugo Moschen avanzó con topadoras y abrió picadas de 30 metros de ancho en la comunidad El Retiro, sin autorización de la Dirección de Bosques de Santiago. Amenazaron con tiros al aire a los campesinos y destruyeron quebrachos, algarrobos y mistoles. Luego los campesinos pudieron frenarlos”, relató. Al caso se suman “el intento de avanzar sobre tierras en la comunidad de La Florida, en donde murió una mujer de 92 años en junio al no poder resistir un intento de desalojo”, y “otros casos de usurpación de tierras campesinas, que están en riesgo, como Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo”.

Dentro de este contexto, Cruz advirtió que “el Estado nacional impulsó un proyecto de, supuestamente, ganadería sustentable. Pero de ninguna manera es sustentable porque se elimina todo el sotobosque y a la escala que se quiere hacer es irreversible”. Para finalizar el informe, Greenpeace reclama al Congreso de la Nación “la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales”. Al respecto, el coordinador de la campaña de Bosques de la ONG, Hernán Giardini, explicó que actualmente “se aplican multas a los infractores de la Ley de Bosques pero no son suficientes para desalentar el delito; en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa legal”. Por este motivo, consideran que es necesaria “una Ley penal que sancione a los responsables de destruir los bosques nativos con penas de 2 a 10 años de prisión. Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes”.

Informe: Juan Funes.