El proyecto que garantiza el acceso integral a las técnicas de reproducción médicamente asistida fue apoyado por la mayoría de los bloques y reunió 204 votos, luego de permanecer trabado durante un año en el Senado. Los legisladores estimaron que una de cada seis parejas no puede tener hijos. Sólo uno votó en contra.

La Cámara de Diputados saldó una deuda de más de dos décadas en el Congreso y sancionó este miércoles la ley que incorpora los tratamientos de Fertilización Asistida al Programa Médico Obligatorio (PMO), con respaldo casi unánime y la presencia de representantes de organizaciones sociales que celebraron desde los palcos.

El proyecto, que permaneció “cajoneado” casi un año en el Senado, fue convertido en ley con 204 votos. El texto propone que obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema de salud pública del país brinden cobertura de los tratamientos de fertilización.

“Hace años vemos cómo se da un proceso de gran inequidad. Aquellas que tienen recursos económicos tienen la posibilidad de pagar los tratamientos para tener un hijo, y otras familias, la mayoría no lo pueden hacer”, justificó la presidenta de la Comisión de Salud, María Elena Chieno.

La radical María Luisa Storani, abanderada en el tema, celebró la “constancia» de las organizaciones civiles de “soportar los cajoneos de este proyecto”. “Gracias a la tenacidad, a la insistencia y la lucha de las organizaciones sociales hoy estamos acá”, agregó Virginia Linares (GEN), quien precisó que la norma “impacta en más de 600 mil personas” que “en promedio corresponde a un 20% de las parejas”.

“¿Qué barreras logramos vencer? Las de las corporaciones, que impedían y que se negaban a que esta ley se apoyara”, enfatizó la chubutense Nancy González (FpV). Su par Silvina García Larraburu consideró a su turno que el Parlamento “está reparando una deuda con todas las parejas que sufren infertilidad”. “Hoy les devolvemos la esperanza de poder engendrar un hijo”, celebró la santacruceña Ana María Ianni.

Por Unidad Popular, Graciela Iturraspe recordó que “el tema de reproducción asistida lleva 23 años de atraso en esta casa” y pidió avanzar en la “desmercantilización de la salud”.

Silvia Majdalani (PRO) fue la única en plantear objeciones al proyecto sancionado, al considerar que la mujer mayor de edad debe tener un diagnóstico de infertilidad para acceder a los tratamientos. “Esta ley posiblemente no cumpla mis expectativas ni las de mucha gente, pero lamentablemente no puedo ignorar los 20 años de lucha”, reconoció.

Fue la única macrista que votó a favor de la ley, ya que el resto de su bloque se abstuvo: Federico Pinedo, Paula Bertol, Gabriela Michetti, Cornelia Schmidt-Liermann, Jorge Triaca y Pablo Tonelli. También se abstuvieron los aliados del Pro mendocinos Omar de Marchi y Roberto Pradines, y el radical Rodolfo Fernández.

Sólo un diputado votó en contra: el sindicalista de Comercio Julio Ledesma, de Corriente de Pensamiento Federal.

Con banderas y remeras, poblaron los palcos del recinto representantes de organizaciones como Abrazo por Dar Vida y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT).

La nueva ley

La flamante norma garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. En el texto quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos o embriones.

Para esto, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sector público de salud estarán obligadas a incluir en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los tratamientos de Fertilización Asistida y, en este sentido, los de diagnóstico, los medicamentos y terapias de apoyo.

En tanto, a la hora de llevar adelante estas prácticas no podrá haber restricciones fundadas en la orientación sexual o el estado civil del demandante.

Además, se creará un registro único en el que deben estar inscriptos todos los establecimientos sanitarios habilitados para realizar estas prácticas, así como aquellos donde funcionen bancos receptores de gametos y embriones.

Como órgano de aplicación, el Ministerio de Salud tendrá la tarea de capacitar a los profesionales en la materia y la Nación tendrá un presupuesto para campañas de publicidad y concientización sobre el nuevo régimen, más allá de que su ejecución le corresponde a las provincias.