«Por ahora tenemos la ley. Lo que falta es analizar en los próximos días los expedientes con la situación de todos los productores en cuanto a su estado y flujo de fondos», explicaron desde la asesoría letrada del Ministerio de Agroindustria, el área responsable de su reglamentación. La cartera apeló, al menos ayer, a la confidencialidad para no brindar más información al respecto, pero se sabe que hay un entrecruzamiento de datos en marcha con otras reparticiones (Rentas, Fondo de Transformación).

Desde Buenos Aires, el vocero del Nación, José Luis Oliveros, aseguró que «el fideicomiso está terminando de constituirse».

Algunos directivos de cámaras como Asocam se mostraron sorprendidos por la medida. «Prefiero interiorizarme de los alcances», señaló su presidente, Mariano Ruggeri. Otros, en cambio, se pronunciaron en tono más o menos crítico (ver aparte).

Al respecto, el titular de la Comisión de Economía del Senado, Sergio Moralejo (UCR) precisó que «la intervención de la Provincia responde a impedir que los que tienen posibilidad de pago producto de otros emprendimientos no queden alcanzados. De hecho, el número inicial se redujo sustancialmente por esa razón, y por otro lado, se logró suspender muchos remates».

Al rescate

Rehabilitar a los productores que a causa de la inhibición quedaron marginados como sujetos de crédito para reinsertarse al circuito y así fomentar la producción es uno de los propósitos enunciados, lo cual contempla la refinanciación de pasivos, en función de patrimonio y capacidad de pago.

No obstante, la gestión, cualquiera sea el caso, se remite al principio de la «conservación de unidades productivas para lo cual debe permitir el rescate de las mismas a efecto de que puedan continuar desarrollando su objeto».

De ahí que, con el argumento de reducir la «vulnerabilidad financiera» de los afectados, la Provincia incluso podrá autorizar a Nación Fideicomiso SA «a condonar total o parcialmente la deuda con expresa mención de motivos particulares tenidos en miras para sustentar tal decisión». Para eso, deberá acreditar la imposibilidad de pagar o que implique «excesiva onerosidad» (muy superior al valor contable del crédito, es decir, al momento del entrada en mora).

La ley hace hincapié en un recupero con fondos genuinos y no producto de la ejecución de garantías «que pongan fin a la labor productiva provincial; su finalidad no es el cobro a costa del desbaratamiento de establecimientos productivos que constituyen el motor de la economía local».

No obstante, que un productor inhibido se libere de la obligación y vuelva al ruedo financiero exige al menos una condición: la firma de un convenio de reconocimiento de deuda, forma de pago y cancelación, con las garantía reales existentes.

A cambio, la Provincia promete re pactar períodos de gracia y formas de pago acordes a la producción de cada sujeto. Y así gestionar el levantamiento de Inhibición general en todos los casos cuya deuda se encuentre debidamente garantizada y mejorar la calificación de riesgo crediticio.

Miguel Ángel Flores – mflores@losandes.com.ar