El dirigente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) Ariel Aguilar declaró: «El Compre Nacional es una de las herramientas de política industrial vigente a nivel internacional que no es cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las naciones desarrolladas protegieron a sus industrias y hoy mantienen altos márgenes de preferencias o reservas de mercado para las compras que realizan los Estados». «No fijar un margen de 25%, teniendo en cuenta la carga impositiva que enfrentan las pymes argentinas, es obligarlas a competir de manera inequitativa. Además, se calcula que si se aplicara un margen de 25%, el Estado recaudaría un 38% más por la actividad económica que generaría la medida», agregó Aguilar, quien también es presidente de la Cámara de las Manufacturas del Cuero (CIMA).

En diálogo con El Cronista, Aguilar dijo que también solicitó que la nueva normativa no se quede sólo en las compras públicas directas y que alcancen a todas las que hagan también las compañías en las que participa el Estado o que tienen su concesión. «Estamos de acuerdo con la ley, pero hay que revisarla. Deja huecos para la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, que puede mover el margen de preferencia», explicó.

La ley vigente 25.551, sancionada en plena crisis de 2001 establece para las compras públicas un margen de preferencia de 5% para las grandes empresas y de 7% para las pymes, mientras que el proyecto en debate los eleva a 8% y 12%, respectivamente. Sin embargo, la industria le pide más, hasta un 25%.

En un debate previo al de ayer, el secretario de Industria y Servicios del Ministerio de la Producción, Martín Etchegoyen, reconoció que, en realidad, sería ideal que no hiciera falta una ley de Compre nacional, pero admitió que con la actual situación es necesario reformar la normativa vigente. En una mesa de discusión en la Universidad Torcuato Di Tella, el funcionario dijo que la normativa favorecerá casi exclusivamente al sector metalmecánico.

«La inversión del Estado nacional va a ser de u$s 170 millones y vamos a generar 66.000 nuevos puestos de trabajo, que se van a sostener durante al menos 8 años», detalló el funcionario. En la actualidad, el Estado destina el 5% de su PBI a las compras públicas, mientras que los 35 países miembros de la OCDE invierten, en promedio, un 13% de su Producto.

La discusión de esta ley, que se empezó a idear a fines del año pasado, es una manera que intenta el Gobierno de proteger a la industria nacional ante la liberalización de los mercados y la apertura de las importaciones, luego de las quejas de los empresarios.