El Fondo de Transformación y Crecimiento podrá, una vez que lo apruebe el Senado, rematar bienes adquiridos por cobro de deudas con mayor celeridad, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley que busca deshacerse de las propiedades que la entidad posee desde hace años.

A su vez, también se le dio visto bueno a la posibilidad de que se puedan suscribir convenios para cancelar créditos que quedaron de la década del 90 y son administrados por el FTyC.

Hace más de cuarenta años, Mendoza y otras provincias iniciaron un reclamo por las regalías hidrocarduríferas, en las que la Nación reconoció, en 1993, un monto de 3.200 millones de dólares que debía a las provincias.

Al suscibir a este acuerdo, Mendoza logró un fondo de capitalización que se destinó a la creación del Fondo para Transformación y Crecimiento, destinado a apoyar la actividad productiva. En ese entonces, la provincia se veía envuelta en la desaparición de los bancos de Mendoza y de Previsión Social, que otorgaban créditos a este sector.

Mientras tanto, una emergencia climática generó que muchos productores se aprestaran a buscar créditos, que con el tiempo no pagaron. En 2014, se terminó un acuerdo de refinanciamiento de estos créditos, que ahora están en manos del Fondo de Transformación y Crecimiento.

El proyecto, por lo tanto, permitiría que los deudores vuelvan a tener oportunidades financieras y, a su vez, «le permite al fondo tener una creencia en el pago de estas deudas», según explicó la autora del proyecto, Silvia Ramos (PJ).

En otros casos en que la deuda no sea un monto considerable, se podrá reducir hasta el 50% de la deuda general y permitir que estos deudores puedan acceder a nuevos c´reditos para la recuperación de bienes o adquisición de nuevos proyectos.

A su vez, el proyecto presentado por el radical César Biffi, le da la facultad al FTyC para subastar las propiedades que adquiere ante los incumplimientos de quienes solicitaron créditos, sin la necesidad de sancionar una ley específica a cada bien, como sucede en la actualidad.

En la actualidad, el Estado posee para rematar una aceitera en Maipú, un galpón en Corralitos, un predio de 30 hectáreas en Malargüe con un restaurante; y un inmueble en Chapanay. El problema añadido es que el Fondo debe aportar dinero para preservar las propiedades, lo cual también se quiere evitar con esta iniciativa.

«Si se subasta, se recupera de forma rápida el monto que se otorgó en créditos y no sólo se le saca un peso al Fondo sino que recibe dinero para seguir aportando», explicó Biffi.

Sin embargo, la oposición consideró innecesaria esta maniobra. Javier Cofano (FpV) explicó que, aunque facilitaron el tratamiento del proyecto este miércoles, no se lo acompañó «porque no se trata de un impedimente que no se pueda solucionar con el envío de proyecto de ley» con los bienes que van quedando para ser rematados.

Como es habitual, la izquierda también se opuso a esta idea, aunque no presentó públicamente argumentos. Ante la consulta de El Sol, la diputada Cecilia Soria se rehusó a dar declaraciones luego de haber adelantado su voto negativo.