Tras la fulminante victoria en la guerra de los Seis Días, Israel ha colonizado con 600.000 judíos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este que la comunidad internacional no reconoce
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a dar un aldabonazo a Israel el pasado diciembre al negar legitimidad a los asentamientos judíos construidos desde hace 50 años en territorios palestinos ocupados tras la guerra de los Seis Días. Israel respondió poco después anunciando la construcción de más de 6.000 viviendas en colonias de Jerusalén Este y Cisjordania.
En el territorio comprendido entre el río Jordán y la Línea Verde que fijaba fronteras en 1967 se han instalado unos 400.000 israelíes en 131 emplazamientos “autorizados” y en otros 97 declarados “ilegales” por el propio Gabinete, aunque la comunidad internacional no reconoce ninguno de esos asentamientos, independientemente de la calificación que les conceda el Estado hebreo. Otros 200.000 colonos residen en la parte oriental de la Ciudad Santa, que fue anexionada en 1980 por el Estado hebreo. En los últimos meses, EL PAÍS ha recorrido algunos de los enclaves israelíes en territorio ocupado.
En una oficina del cuartel de la brigada Benjamín del Ejército israelí, en Beit El, en la base militar próxima al puesto de control de acceso al norte de Ramala, un oficial de inteligencia intentaba explicar las causas de la ola de violencia que comenzó en octubre de 2015, en la que han muerto 43 israelíes, 257 palestinos –dos tercios de los cuales fueron abatidos por las fuerzas de seguridad al ser considerados atacantes– y 6 extranjeros. “El malestar social y económico y los problemas personales y familiares son las principales causas que empujan a jóvenes y adolescentes a empuñar un cuchillo, aunque sean conscientes de que pueden morir”, resume un comandante, cuyo nombre no puede ser citado por razones de seguridad, sin mencionar en ningún momento la ocupación israelí.
“Aquí no pasa nada más porque nuestros soldados están en todas partes”, puntualiza el teniente Nati Keres de la brigada Benjamín antes comenzar una patrulla por la carretera 60, la ruta que atraviesa Cisjordania de norte a sur. Desde la colina que divisa el Centro de Enlace y Coordinación militar de Beit El y el puesto de control hacia la ciudad palestina, este joven oficial asegura que su misión es mantener la estabilidad, independientemente de las decisiones políticas. Tras un breve recorrido en un todoterreno blindado dotado de un sistema informático y de comunicaciones –con pantallas que muestran las imágenes tomadas por las cámaras en la carretera–, el teniente se detiene en una de las entradas al pueblo palestino de Beitin. “Hemos tenido que cerrar este paso con bloques de cemento porque grupos de jóvenes apedreaban a las vehículos de los colonos”, detalla junto a una de las torres de vigilancia de cemento que jalonan el camino. Los soldados del pelotón que custodia el fortín no se han movido de su puesto en una semana, casi todos proceden de comunidades ortodoxas o de colonias judías. “No hay peligro ahora”, asegura desenvuelto el oficial israelí con el fusil en bandolera, “a pesar de que a veces nos vemos obligados a actuar fuera de muestra zona”.
Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina mantiene en teoría el control exclusivo sobre la llamada área A –las grandes ciudades y su entorno–, que representa un 18% de Cisjordania. Las tropas israelíes siguen penetrando dentro de su perímetro por razones de seguridad. En otro 21% del territorio, los palestinos asumen la gestión civil mientras el Ejército se ocupa de vigilar la llamada área B, que incluye poblaciones menores y en la que no existen asentamientos. El restante 61%, el área C, se halla por completo en manos de Israel. Los mapas de Naciones Unidas se asemejan a un remedo de piel de leopardo en donde cerca de tres millones de palestinos se encuentran rodeados y aislados por miles de soldados. Las tropas protegen a unos 400.000 colonos que disponen de unos caudales de agua siete veces superiores y tienen a su servicio las principales carreteras.
El movimiento colono cuenta con importantes valedores políticos en el seno del Gobierno—tanto en el partido Likud (liderado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu), como en la formación nacionalista religiosa Hogar Judío– ha presionado en favor de la expansión de los asentamientos y de la “legalización” de los outpost salvajes como Amona, que agrupan a unas 4.000 viviendas para colonos judíos en Cisjordania.
Este asentamiento salvaje estaba situado cerca de la colonia reconocida de Ofra (40 kilómetros al norte de Israel), a los pies del monte Hazor, donde la tradición bíblica sitúa la entrega de la tierra hecha por Dios al pueblo judío en la figura de Abraham. El nacionalismo judío colono invoca abiertamente el origen divino de su vinculación histórica al territorio cisjordano —Judea y Samaria en su denominación bíblica— para reclamar su anexión. El Gobierno de Netanyahu, considerado el más derechista en la historia de Israel, alega razones de seguridad para seguir manteniendo el control sobre el territorio palestino ocupado, y en especial sobre la frontera en el valle del Jordán.
En el territorio comprendido entre el río Jordán y la Línea Verde se han instalado unos 400.000 israelíes. Otros 200.000 colonos residen en la parte oriental de la Ciudad Santa
Pero, dos décadas después de haberse instalado en lo alto de una colina batida por el viento, los colonos de Amona perdieron la batalla en el Tribunal Supremo israelí ante los propietarios palestinos originarios de los terrenos en los que se asienta. La ejecución final del desalojo de sus 42 familias, escenificada por más de 3.000 policías el pasado mes de febrero. se saldó con incidentes menores, en contraposición a la batalla campal que se había librado en ese mismo escenario en 2006, durante el desahucio parcial de varias viviendas de Amona.
“Esta es nuestra tierra. Ni la ONU ni nadie puede quitarnos lo que, según nuestras creencias, Dios nos ha dado”, aseguraba un portavoz de los colonos de Ofra durante una visita efectuada por EL PAÍS a la colonia. En 2016, después de ocho años de presiones de la Administración del presidente demócrata Barack Obama para frenar la expansión de los asentamientos, se construyeron 2.260 nuevas viviendas para colonos en Cisjordania, un 40% más que en el ejercicio anterior según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, en uno de los mayores repuntes recientes.
La calidad de vida, sin el hacinamiento ni las aglomeraciones habituales en la superpoblada región central de Israel, junto con el sentimiento de pertenecer a una comunidad unida y homogénea, también cuentan para atraer a muchos colonos a Cisjordania, donde las viviendas tienen mayor superficie y cuestan hasta diez veces menos que las grandes ciudades israelíes.
Para intentar compensar a sus votantes en el movimiento colono por el desalojo de Amona, el Gobierno de Netanyahu aprobó, pese a la oposición del fiscal general de Israel, la primera norma de aplicación sobre territorio palestino en Cisjordania en medio siglo de ocupación. La llamada ley de regularización de los outpost recibió sucesivas condenas internacionales por suponer la expropiación de unas 800 hectáreas de terrenos particulares donde se han edificado viviendas para colonos sin ningún aval oficial.
Con la llamada regularización de estos asentamientos salvajes Israel se encamina hacia una anexión de hecho de territorios ocupados, en rumbo de colisión contra la Cuarta Convención de Ginebra: el derecho de guerra que ampara a la población civil bajo ocupación militar. En otro outpost situado al oeste de la colonia de Kfar Tapuah, en el norte de Cisjordania, los colonos tuvieron que derriba varias de sus edificaciones y trasladar de 19 caravanas que llevaban asentadas 19 años frente a los pueblos palestinos de Jamain y Zeitun por orden de la justicia israelí.
El Gobierno israelí no ha puesto aún en marcha los planes de expansión anunciados tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente republicano ha pedido a Netanyahu que contenga el crecimiento de las colonias para dar una oportunidad a la iniciativa de paz que intenta promover. En contrapartida, el primer ministro israelí ha autorizado —por primera vez en dos décadas— la construcción de un asentamiento de nuevo planta para realojar en Shilo, al norte de Ofra, a las familias expulsados de Amona.
Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/01/actualidad/1496319363_737208.html
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