Finalizados los festejos por el Día de la Minería en el departamento de Malargüe, el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, anunció la publicación del documento preliminar de la política de Estado para el desarrollo de la minería en Mendoza.

Luego de meses de trabajo, exposiciones de especialistas y recopilación de información en el Espacio de Diálogo, donde se invitó a la comunidad a compartir posiciones sobre los temas más importantes relacionados con la minería que sirvieron de base para la generación de la Política de Estado, el Gobierno elaboró un informe para garantizar que la actividad se desarrolle de manera correcta y segura, reduciendo los riesgos y las barreras que limitan el desarrollo del sector minero y potenciando las oportunidades para la provincia.

El trabajo será publicado en la página web del Espacio de Diálogo, sitio donde se encuentra toda la información correspondiente con este evento, tales como charlas, exposiciones, informes especiales y leyes vinculantes, entre otras, y estará disponible para recibir los comentarios de quienes participaron del espacio y del público en general.

Entre los puntos más destacables se incluyen planes de apoyo y capacitación para los pequeños emprendimientos mineros, posibilidades de desarrollo de infraestructura, fortalecimiento institucional y de participación comunitaria, y una política que permitirá que el desarrollo de la actividad sea acompañado de un balance neto positivo en términos de disponibilidad de agua y energía.

Otro aspecto considerado es la promoción de las tareas de prospección y exploración y los factores que hoy impiden el desarrollo de estas actividades que son fundamentales para cumplir con el objetivo de la política: tener un sector armónicamente integrado a la economía provincial, que la dinamice y que tenga sustentabilidad en el tiempo.

También se proponen mecanismos para que parte de la renta minera, que se lleva la Nación a través de los impuestos nacionales, vuelva hacia las regiones donde se ejecutan los proyectos mineros en forma de planes de desarrollo social e infraestructura.

La dimensión territorial también se tuvo en cuenta y los trabajos se concentrarán, en una primera etapa, en aquellas regiones donde exista potencial y haya soporte de la comunidad hacia la actividad, como es el caso de Malargüe, dejando para etapas de mayor maduración de la industria a regiones en las que la comunidad prefiera orientar sus capacidades productivas hacia otras actividades, como es el caso del Valle de Uco.

Cabe destacar que la política propuesta se enmarca en el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales vigentes especialmente la ley 7722.