El ministro de Seguridad presentó esta mañana el proyecto de ley sobre la “Reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza Ley 8465”.

El proyecto tomó estado parlamentario durante la sesión realizada hoy y fue girado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su evaluación.

Cabe destacar que la propuesta fue anticipada por el Gobernador Alfredo Cornejo  durante su discurso en la apertura de las Sesiones Ordinarias.

La reforma convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia de quienes están privados de su libertad.

La vicegobernadora Montero informó que el proyecto de Ley ingresó por la Cámara de Senadores y crea el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y establece la resocialización mediante la educación, la capacitación y el trabajo obligatorio de los presos y la participación de la víctima.

En tanto, el ministro de Seguridad de la Provincia explicó dicha propuesta plantea evitar la reincidencia y que los presos acostumbrados al sistema garantista, asuman la responsabilidad real de comprender que han cometido delitos contra los ciudadanos. Además añadió: “Deberíamos encontrar una solución y empezar a evitar esto de las cárceles son lugares de creación de delitos”.

“Consideramos que los espacios de inactividad total por parte de las personas que están condenadas, promueven el delito, promueven la inseguridad interna y crea delitos para aquellos que ingresan por primera vez al sistema”, discurrió Venier.

Para evitar este tipo de situaciones, desde el Ejecutivo proponen imponer a los condenados que deban trabajar a diario, realizando labores propias para manejar su entorno.

El ministro de Seguridad además informó que dicho trabajo se alía con la modificación total del Sistema de Ejecución Provincial de la Condena, ya que las personas privadas de la libertad, desde la mitad de la condena efectiva en adelante, pueden pedir beneficios para acortar su tiempo de duración. Ese pedido de beneficio está regulado por el Código Penal y también por la Ley de Ejecución.

Al respecto, Venier explicó que con la iniciativa proponen que el otorgamiento de estos beneficios, van a estar vinculados a la actitud para el trabajo y esa será la ofrenda del preso ante el juez de ejecución, para solicitarlo.

El funcionario además indicó que una persona que está privada de la libertad porque cometió un delito, dañó a un tercero. Con dicha modificación, la víctima podrá seguir la condena y participar en audiencias públicas cuando el condenado solicite algún beneficio en su sistema de ejecución.

El ministro de Seguridad además sostuvo que la víctima de delito tendrá acceso al legajo de  la persona privada de libertad a su sola petición y a través de representante con poder especial o autorización simple, igual derecho asiste al querellante particular y a las organizaciones de defensa de las víctimas de delito.

En tanto, Eduardo Orellana director de la Penitenciaría de Mendoza explicó: “Hay que optimizar los espacios actuales que a lo mejor tiene una matriz de trabajo que está obsoleta. Lo único que hay que hacer es crear estos espacios optimizándolos, fijar qué demanda hoy la actividad en la vida libre para que las personas privadas de la libertad sean competentes para ocupar estos puestos de trabajo”.

“Hoy el trabajo es un derecho y es deber. En la nueva ley el trabajo está marcado como una obligación. Las personas privadas de la libertad van a tener la obligación de trabajar, aquellos que no lo hagan el Servicio Penitenciario tendrán la herramienta para no presentar informes que le permitan avanzar en la ejecución de la pena. Al no poder avanzar en la ejecución de la pena, no va a tener la posibilidad de acceder a cualquier modo de libertad anticipada que prevé la ley al respecto”, detalló Orellana.

Por su parte, Juan Ignacio Mulet, director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia aseveró: “Todas las personas que ingresen al sistema penitenciario salgan capacitadas para poder trabajar en la vía libre, a partir de esta iniciativa  el estado va a dar las herramientas para socializarse”.

“Queremos que todos empiecen a trabajar, los condenados a través de esta ley tienen la obligación de trabajar. Los procesados estamos trabajando en un programa de régimen progresivo y voluntario de trabajo. La premisa de la ley es que todos tengan una actividad para que puedan reinsertarse”.

El diputado nacional Luis Petri destacó el proyecto presentado por el Ejecutivo e indicó que le llamó la atención que miembros de la oposición calificaran la propuesta como inconstitucional. Además añadió: “Lo más grave es que un juez de ejecución de la Provincia, que va a tener en sus manos la responsabilidad de aplicar esta ley, sin haberla leído, sin conocerla, la critique. Esto puede provocar su recusación o deberá al momento de sentenciar a un acusado, excusarse de la aplicar dicha normativa”, dijo el legislador.

Petri,  además informó que a nivel Nacional están impulsando una modificación para garantizar que las condenas sean cumplidas. “Las víctimas no sólo tienen derecho de que el acusado tenga una sentencia justa respecto de las imputaciones de un delito, sino también a que esas sentencias posteriormente se ejecuten en la práctica y no tengan el by pass de salidas transitorias o libertades condicionales, tratándose de delitos graves”.