“Nuestro Gobierno tiene el firme compromiso con la ciudadanía de mejorar los servicios de seguridad en la provincia”, aseguró el Gobernador Alfredo Cornejo esta mañana en el predio de la Base Cóndor. En la oportunidad, el mandatario presentó a los 63 nuevos efectivos policiales que fueron designados el Día del Trabajador. 

Cornejo aseguró que “es imprescindible el trabajo en forma conjunta con el Poder Judicial”. Y agregó: “Hemos hecho un gran cambio en la Ley de Policía dándole mayor fortaleza al efectivo policial”.

Respecto del equipamiento que se presentó, Cornejo dijo: “Estamos equipando para poder prevenir ,disuadir antes que se cometa y porque no reprimir el delito en caso de ser necesario”. Luego destacó: “En el 2016 y en lo que va de 2017 hemos hecho una inversión en cantidad y en calidad nunca vista desde la democracia en la policía de Mendoza”.

En este sentido ejemplificó: “Desde un helicóptero bimotor como la gran estrella a este sinnúmero de vehículos y motos”. Remarcó el equipamiento tecnológico que en el continente pocas policías tienen aplicados a sus móviles, “para identificar personas con sus huellas digitales e incluso identificadores faciales”.

Adelantó que “mañana vamos a inaugurar el banco de ADN, el más importante del país porque es el que va a poder cruzar la huella de ADN de los principales delincuentes de la provincia con las escenas de los hechos”.

“Con todo esto se demuestra que el Gobierno y los funcionarios políticos han puesto mucha importancia a resolver los temas de seguridad”, aseveró el mandatario.

Posteriormente Alfredo Cornejo afirmó: “El Gobierno protege a la policía en el marco de la ley y en lo que va del año no hay ningún policía imputado por mal funcionamiento en su trabajo. Le hemos dado las garantías para trabajar bien y es alentador que tengamos mejorías pero sigue habiendo inseguridad de en Mendoza”.

Por lo que aclaró que para combatir esa inseguridad necesitamos una policía capacitada, equipada y predispuesta: “En un pasado no muy lejano, quienes terminaban de hacer el curso esperaban hasta dos años para ser designados, estos 63 efectivos han sido designados inmediatamente terminado su curso con un decreto del Poder Ejecutivo”.

Para finalizar el Gobernador se dirigió a los delincuentes y les dijo: “A partir  de ahora sepan que el Estado está mucho mejor preparado que antes y no es gratis cometer delitos”. Y puntualizó: “ delinquir se paga con con prisión, trabajando y estudiando para la resocialización. Tiene sus consecuencias,  por eso necesitamos una administración de justicia penal más eficaz y necesitamos un Ministerio Público que esté del lado de la víctima.

Los vehículos que se incorporarán son:

• 10 Fiat Toro
• 40 4×2 Ford Ranger
• 20 4×4 Ford Ranger
• 70 Fiat Siena
• 14 traffics marca Iveco Daily que se destinarán al traslado de detenidos. Estos vehículos tienen capacidad para 9 personas
• 13 vehículos para el personal de investigaciones
• 30 motos BMW
• 50 motos marca Honda Tornado 250 cc

Con esta cantidad de móviles se renueva en un 42% el parque automotor policial.La inversión total de equipamiento supera los $107.500.000 millones.

El acto fue en Base Cóndor, donde además estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Gianni Venier, el ministro de Seguridad de San Juan, Emilio Baistrocchi, el director general de Policías, Roberto Munives y otras autoridades del ejecutivo provincial.

El Gobernador enviará a la Legislatura un proyecto de ley sobre la “Reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza Ley 8465”. Así lo explicó Alfredo Cornejo en la apertura del año legislativo 2017, donde dio un discurso que duró un poco más de una hora. Tras realizar un repaso de su gestión y de destacar la “Revolución de lo sencillo” como motor de su gobierno, el mandatario anunció “una nueva ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles”.

La reforma convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal. Trabajo, educación y capacitación son los tres ejes que promueve para conseguir disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia de quienes están privados de su libertad.

El proyecto será presentado en estos días y se funda en la noción de que “tanto el delito como la reincidencia han crecido a niveles inusitados en la Argentina” y en el hecho de que “los fines primordiales por los cuales se sancionó la Ley 24660, hace 20 años, no se han cumplido”. La resocialización de quienes están privados de su libertad es una deuda pendiente, lo que deriva en la constante de que la gran mayoría de quienes cometen delitos en Mendoza vuelven otra vez a cometerlos.

Son varias las cuestiones que fundamentan una cadena de cambios necesarios. La permisión de la ociosidad es una de las aristas que Cornejo subrayó en su discurso. En efecto, a cada persona privada de la libertad se le provee alimento diario y regular, atención médica, vestimenta, una cama, servicios, sin contraprestación obligatoria a la sociedad. “Cada preso le cuesta al Estado $20.000 mensuales. La idea es que de a poco comiencen a achicarse esos costos”, detalló el ministro de Seguridad, Gianni Venier.

El objetivo de la ley será conseguir la adecuada inserción social de las personas privadas de libertad a través de la asistencia, tratamiento, control y la protección de la sociedad frente al crimen, siendo el trabajo, educación y capacitación los ejes rectores para lograr estos objetivos. En especial, es interés de la ley lograr la comprensión del interno de los efectos de su conducta disvaliosa en relación con la sociedad y las víctimas, con especial énfasis en su responsabilidad.

Venier comentó que “la reforma le dará plena vigencia a la aplicación de la Ley 8465 y prevé la incorporación de algunos artículos que establecen la necesidad del trabajo como pilar del sistema de conducta durante el encierro. Durante años se ha interpretado que el interno debe recibir sus alimentos del Estado, pero nada se ha dicho de su manutención y de sus obligaciones, que son abonadas por los impuestos de los ciudadanos”.

Es por esta razón que se agregará un elemento esencial, como lo es la comprensión de la situación de la víctima. Es necesario que la víctima juegue un papel importante, obteniendo una reparación de quien le causó un daño. “Es decir que el privado de libertad deberá financiar los gastos que su estancia demande y trabajar para indemnizar a la víctima”, expresó Venier.

Esta introducción es una novedad en el derecho argentino, “ya que por primera vez se incorpora a la víctima en el sistema penal. No tenemos experiencia de esta situación”, indicó Venier. La víctima tendrá derecho a recibir una indemnización del producido del trabajo de los presos; a recibir solicitud de perdón y arrepentimiento de los mismos; a ser informada del avance del régimen progresivo de la ejecución de la condena, para lo cual podrá compulsar su legajo, y a ser notificada.

Así, el cumplimiento de los deberes laborales de las personas privadas de libertad se transformará en la única posibilidad de obtener beneficios. A modo de ejemplo, Venier citó las salidas transitorias, que eran pedidas por buena conducta, y explicó que “antes se solicitaban al juez por escrito. Ahora se hará mediante audiencia pública ante el juez de ejecución y con la presencia de la víctima, quien podrá optar por asistir, o no, a la instancia o enviar a un representante”.

Para acceder a los beneficios se constatará que “haya cumplido efectivamente con las labores mínimas exigidas por la autoridad y el trabajo, tanto en cantidad como en calidad, la acreditación de pago de los gastos de su estadía o internación en los lugares de detención como también el resarcimiento a las víctimas”, concluyó el ministro.