La Cámara de Diputados convirtió en ley anoche el proyecto que prevé la exteriorización de capitales no declarados a través de determinadas herramientas financieras, en una sesión especial marcada por las posturas antagónicas del oficialismo, a favor de la iniciativa, y de la oposición, de rechazo al texto.
Al sancionarse la ley, se podrá cumplir el objetivo de que la norma entre en vigencia el 1 de junio.
El blanqueo de divisas se podrá concretar, según la norma, a través de determinados instrumentos financieros como el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) para la compra de inmuebles o el financiamiento de la construcción, y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) -también en formato de pagaré- para financiar proyectos energéticos.
En el texto de la iniciativa se establece que esos documentos podrán adquirirse sólo con dólares y que no será requerida justificación alguna sobre el origen de los fondos, ni tributarán impuestos por su declaración.
La sesión especial se inició poco después del mediodía con 131 diputados presentes en el recinto y sin los representantes de la oposición, quienes se sumaron una vez que arrancó el debate.
El diputado Roberto Feletti, en carácter de miembro informante del oficialismo, destacó que la iniciativa apunta a «movilizar ahorros que salieron del circuito económico formal de Argentina y lograr que reingresen, se pongan en valor y movilicen activos».
En su discurso, Feletti aclaró que «el único beneficio» que se otorga con el proyecto «es el de exención impositiva».
«Cuando el dinero ingresa en el circuito bancario formal las instituciones financieras de Argentina deben aplicar la normativa de lavado de dinero y registrar quién es el depositante», dijo Feletti.
Por su parte, el jefe del bloque del oficialismo, Agustín Rossi, señaló que “es distinta la calificación de dinero negro y de dinero sucio”.
“El dinero que nosotros queremos que se exteriorice en la Argentina es de actividad lícita que por determinadas circunstancias se saca del circuito formal de la economía. En lugar de ponerlo en un plazo fijo, lo pone en una caja de seguridad”, mencionó.
Rossi agregó que “el dinero sucio es el que viene de actividades ilegales como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y de otras cuestiones ilegales”.
Aliado del Frente para la Victoria, el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller se quejó de quienes sólo hablan de «blanqueo» y advirtió que el proyecto trata, en cambio, de «exteriorización de activos y amnistía o perdón fiscal».
«Escuchamos una enorme cantidad de mentiras sobre la base de un desconocimiento absoluto del proyecto; ninguna de las disposiciones (de la norma) liberará a las entidades financieras de cumplir con lo establecido para la prevención del lavado», aseguró Heller.
Desde la vereda opuesta, el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, consideró que “esto es una suerte de manotazo de la peor calaña, es un recurso a dinero ilegal”.
“Esta ley es inmoral y no es equitativa. Y abre la puerta a graves riesgos en el futuro. No van a venir dinero de simples evasores, esta ley sólo atraerá a los grandes delincuentes”, pronosticó.
A su turno, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el radical Miguel Giubergia, apuntó que la norma «penaliza al que paga regularmente sus impuestos, ya que se eliminan los regímenes de facilidades de pago, con el único objeto de maximizar la recaudación mensual».
La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, puntualizó que “hay gente cautiva de los impuestos que son los trabajadores dependientes y los jubilados que a fin de mes le sacan porcentaje de ganancias”.
“Y hay gente liberada de los impuestos que saca su dinero del país y vuelven con su dinero blanqueado y el objeto es que no pagan ningún impuesto”, comentó.
Otro legislador de la oposición, el diputado Federico Pinedo, jefe del bloque PRO, entendió que, con la iniciativa, «el gobierno reconoce que está teniendo problemas, como por ejemplo la caída de reservas del Banco Central, y, en vez de recorrer las causas, toma esta medida de endeudarse con delincuentes y evasores».
Otras de las voces opositores que cuestionaron con más fuerza el proyecto del Poder Ejecutivo fueron las del referente del bloque GEN-FAP, Gerardo Milman; la del diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay; la de Patricia Bullrich, de Unión por Todos; la del peronista disidente Eduardo Amadeo; y la de Fernando Solanas (Proyecto Sur).
Las críticas opositoras advierten la posibilidad de que fondos obtenidos de manera ilícita sean incorporados al circuito económico formal a través de este mecanismo.
«Se premia la lógica de la evasión», coincidieron la mayoría de los expositores del arco opositor.
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