La «grave situación institucional» que atraviesa Venezuela provocó una reacción de urgencia en la región: hoy, en Buenos Aires, se reunirán los cancilleres de los países miembros del Mercosur para «analizar posibles vías de solución».

«Vamos a agotar el tema a fondo. Vamos a discutir los posibles ejes de acción», anticipó a LA NACION la canciller argentina, Susana Malcorra.

La convocatoria la realizó la ministra de Relaciones Exteriores, ya que la Argentina preside el bloque. En el encuentro, del que participarán Aloysio Nunes (Brasil), Eladio Loizaga (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Malcorra, se discutirá la posible expulsión de Venezuela del Mercosur.

«Mantener a Venezuela en el bloque sería una ficción que desmoralizaría al Mercosur», advirtió el canciller del presidente brasileño, Michel Temer, antes de viajar a Buenos Aires. La única duda es la posición que tomará Uruguay ante esta posibilidad.

«Los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana», explicó la Cancillería argentina en un comunicado. Pero hoy se espera que el Mercosur también presente de forma conjunta su posición frente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que lidera Luis Almagro y que solicitó una reunión del Consejo Permanente del organismo para intentar suspender a Venezuela por «la alteración del orden constitucional». El llamado llegó tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en una sentencia anticipó que ejercerá las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional, que cuenta con mayoría opositora.

Igualmente no será una tarea sencilla, ya que para lograr la sanción contra Venezuela necesita dos tercios de los votos de los integrantes.

«Es difícil alcanzar ese número, porque a Venezuela lo respaldan los países del Petrocaribe», explicaron a LA NACION fuentes del Palacio San Martín. Se referían así a los países que dependen de Venezuela para acceder a petróleo subsidiado.

En paralelo, ayer el Gobierno argentino convocó al embajador venezolano en el país, Carlos Martínez, para pedirle explicaciones por declarar públicamente que la preocupación del presidente Mauricio Macri sobre la crisis venezolana resultaba «insignificante» para el régimen de Nicolás Maduro.

Malcorra confirmó el encuentro que tuvo su segundo, Pedro Villagra Delgado. Se trató de una reunión tensa en la que el Gobierno le planteó sus quejas al representante venezolano. «Siempre que se convoca a un embajador la situación no es cómoda», sostuvo Malcorra.

Según el Gobierno, la charla en el Palacio San Martín sirvió para explicar que la posición de la Argentina no es «injerencista». Además, el embajador Martínez responsabilizó a los medios por tergiversar sus palabras y aclaró que lo que dijo fue que la preocupación del presidente es «irrelevante para la problemática interna venezolana».

A pesar de la situación política y social que vive el régimen venezolano, desde la cancillería argentina ratificaron que el «diálogo» es el único camino para resolver la situación de crisis que afronta el pueblo venezolano. Y si bien gran parte de la comunidad internacional cuestionó la decisión del TSJ, lo cierto es que nadie está evaluando impulsar una medida drástica.

Cada vez que la comunidad internacional aplicó sanciones radicales, las consecuencias de esa medida fueron devastadoras para el país en crisis. «Ya quedó demostrado en el pasado que arrinconar a este tipo de gobiernos puede terminar con un baño de sangre y salir de estos procesos puede demorar años. No hay una solución fácil para lo que ocurre en Venezuela», dijeron anteayer a LA NACION fuentes oficiales.

No son pocos los que ven en esta actitud un gesto de debilidad. Sobre todo para el núcleo del votante de Macri que siempre fue muy crítico de lo que sucede en Venezuela.

Pero no sólo el Mercosur se mostró consternado y decidió tomar una acción. La mayoría de los países que integran la Unasur condenó lo que ocurrió y aseguraron que la decisión del TSJ atentó contra principios de la democracia.

La crítica, en la que hablaron de «alarma», lleva las firmas de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, pero no de Bolivia y Ecuador, también miembros de la Unasur, pero de mayor afinidad con el gobierno chavista.