La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene un auténtico calvario judicial por delante. Está implicada en varias causas por presunta corrupción pero el proceso más avanzado no tiene que ver con supuesto enriquecimiento sino con el perjuicio al Estado que se investiga en la llamada causa del «dólar futuro». El juez Claudio Bonadío, uno de los más duros con la expresidenta, ha decidido enviarla a juicio oral, con lo que Fernández de Kirchner se enfrentará por primera vez en su vida a un juicio como encausada para el que aùn no hay fecha, pero que sin duda tendrá enorme relevancia política: ella sigue siendo una especie de líder de la oposición en la sombra.

La causa del dólar futuro tiene su origen en una decisión de los últimos meses de mandato de la expresidenta, su ministro de Economía, Axel Kicillof, y su gobernador del Banco Central, Alejandro Vanoli. En ese momento el llamado dólar blue, la cotización extraoficial que existió durante la última etapa de los Kirchner ante la limitación oficial de comprar y vender dólares, se estaba disparando. Había un ambiente de crisis grave que afectaba a la campaña electoral y beneficiaba a Mauricio Macri.

El juez Bonadío sostiene que el Gobierno de Kirchner, y ella como máxima responsable, perjudicó al Estado conscientemente y le hizo perder enormes cantidades de dinero a sabiendas. El cálculo del juez asegura que esta pérdida llegó a los 3.500 millones de dólares que se pagaron ya cuando Macri estaba en el poder. La defensa de Kirchner asegura que ellos no podían saber qué iba a pasar con el dólar después de que dejaran el Gobierno y culpan a Macri por haber devaluado.

El Ejecutivo de Fernández de Kirchner ofreció a los que quisieron entrar, en su mayoría las grandes fortunas del país, un auténtico chollo: los dólares en ese momento en el llamado contado con liquidación, el más extendido entre las empresas en este momento de finales de 2015, en plena campaña electoral, estaban en 14 o 15 pesos. En la calle estaba por encima de 16. Conseguirlo a 10 con la garantía de que le pagarían a la cotización oficial unos meses después era negocio seguro. Y lo fue.

La expresidenta no tiene aforamiento alguno pero no corre el riesgo de ir a la cárcel por esta causa:  la pena máxima por «defraudación contra la administración pública» es de 1 a 6 años, y sin antecedentes no hay prisión. Pero una condena sería un gran escándalo político.

En cualquier caso no es esta causa la que preocupa realmente a los Kirchner. Son otras por presunta corrupción y enriquecimiento las que inquietan a la familia, ya que están todos implicados, también los hijos de la expresidenta. Esas causas también siguen avanzando aunque más lentamente.

La expresidente ya tiene una primera imputación por corrupción. El juez federal Julián Ercolini intenta probar que entre 2003 y 2015 Fernández de Kirchner, varios miembros del Gobierno y uno de sus empresarios más cercanos, Lázaro Báez, hoy en la cárcel, integraron una organización «criminal» para «beneficiarse ilegítimamente» de la adjudicación de obra pública en «consecuente y grave detrimento» de las arcas del Estado. Además hay otras causas que afectan a la familia, como el caso Hotesur, los hoteles de la presidenta que presuntamente se utilizaron para lavado de dinero.

La corrupción ha golpeado muy duro la imagen del kirchnerismo desde que el responsable máximo de la obra pública, Julio López, acabara en prisión después de tratar de ocultar nueve millones de dólares en un convento. Pero la expresidenta tiene un grupo de fieles convencidos de que todo es una operación política y se prepara para ser candidata, con imputación, juicio oral o lo que sea. El vía crucis judicial promete ser muy duro.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/23/argentina/1490281293_926764.html