La discusión se planteó en junio pasado, cuando la Cámara debatía la controversia generada luego de que el diputado del FpV-PJ Julio De Vido se amparara en sus fueros para impedir una medida judicial de esas características.

El proyecto del diputado del PRO propone eliminar de la Ley de Fueros el artículo que precisa que «no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara».

De esta manera, el oficialismo busca ir más allá de la propuesta presentada por el Frente Renovador que, a través de un proyecto de la diputada Graciela Camaño, sugirió una opción intermedia entre ésa y la actual legislación.

El proyecto de la diputada massista propone que, «al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas, deberá comunicar de tales medidas al presidente de la respectiva Cámara, quien debe estar informado de ello previo a llevárselas a cabo y guardar reserva de las mismas hasta tanto se hagan efectivas».

Tanto el proyecto de Massot, que elimina el requisito del visto bueno de la Cámara para avanzar con el allanamiento, como el de Camaño, que lo habilita luego de ser informado al presidente de la Cámara, además de a la comisión de Asuntos Constitucionales, fueron girados a las de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero cuentan con el respaldo de la mayoría de los bloques, excepto el FPV-PJ, por lo que se descuenta que avanzará.

La discusión sobre el alcance de los fueros se reavivó el año pasado luego de que, a fines de abril, el juez federal Luis Rodríguez debiera suspender un allanamiento que había ordenado realizar al domicilio de De Vido, a posteriori de que la defensa del ex funcionario y actual diputado nacional apelara a sus fueros para objetar la medida.

Ante esa situación, un grupo de diputados del PRO encabezados por Tonelli, impulsó un proyecto de resolución para autorizar a la Justicia a avanzar con el allanamiento, que fue aprobado en el recinto en junio de 2016, tras lo cual el oficialismo anticipó su decisión de avanzar con la reforma de la ley para hacer más clara la legislación sobre los fueros.