Tanto los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio como el propio presidente Mauricio Macri vienen repitiendo que este año priorizarán el gasto en obra pública como dinamizador de la economía. No es casual que suceda en un año electoral, cuando un empujón de demanda viene bien para mejorar la situación económica de la ciudadanía e incidir en la decisión de votantes aún golpeados por la fuerte caída del poder adquisitivo del salario en 2016. Luego de haber representado sólo 2,4% del PBI en 2016, la inversión real directa del sector público consolidado, es decir, la obra pública, se ubicaría en 3,4% del PBI en 2017, un registro semejante al de 2009 y superior a los valores del período 2010-2015.

La economía crecerá este año entre 2,5% y 3,5%, según estimaciones privadas. La obra pública adicional que se realizará este año, en comparación con el año previo, teniendo en cuenta los tres niveles de gobierno, representa un punto porcentual del PBI, según estimaciones del Ieral. En enero, último mes del que hay datos de la ejecución presupuestaria, la inversión real directa -denominación técnica de la obra pública- aumentó 108% y las transferencias de capital hacia las provincias crecieron 123%, lo que da cuenta de un reimpulso de estas actividades estatales en comparación con 2016.

«Normalmente resulta mayor la obra pública en años electorales», sostiene el economista Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, estos desembolsos no necesariamente se traducirán en más votos para Cambiemos. El gasto «es capitalizado por el nivel de gobierno que es visualizado por la población como el ejecutor de la obra; no necesariamente por quien la financia», explica Capello, quien junto con Marcos Cohen Arazi elaboró un informe que analiza la evolución reciente de la obra pública.

«En 2017 el crecimiento del PBI será de 3,5% y el sector de la construcción será uno de los que aportará a la recuperación, traccionado fundamentalmente por la inversión pública», anticipa el economista Pablo Lara, director de la consultora Estrateco. En este escenario, la inversión en construcción (pública y privada) llegaría a crecer 9% con respecto a 2016. «Hay que tener en cuenta que en 2016 la inversión pública se paralizó, lo que establece una baja base de comparación, y que en 2017 nuevamente el calendario electoral favorecerá la puesta en marcha de obras paralizadas, así como también el lanzamiento de nuevas obras públicas», destaca Lara.

Tipo de obras

En el presupuesto nacional 2017, las partidas presupuestarias destinadas a inversiones en obras de infraestructura eléctrica y viales alcanzan los $ 24,7 mil millones y $ 16,1 mil millones, respectivamente; la inversión en vivienda social y el mejoramiento de las condiciones habitacionales y barriales, alrededor de $ 30 mil millones; y otras obras (civiles, túneles, agua y puertos, entre otras), un total de $ 8 mil millones.

En el primer mes de 2017 (último dato disponible), las obras públicas viales crecieron un 74% respecto de enero de 2016, con fuertes incrementos en las transferencias a provincias. Lo mismo sucedió con las obras relacionadas con la vivienda, en donde las transferencias para que las provincias construyan con fondos nacionales fueron un 191% más altas que las de enero de 2016, y aunque la Nación gastó de manera directa un 19% menos que hace un año, el gasto de capital en este rubro terminó creciendo un 190% interanual.

El gasto en saneamiento (agua potable y alcantarillado) también arrancó el año acelerado, con un gasto directo de la Nación un 37% mayor al de enero de 2016 y con envíos a provincias para que realicen obras con este destino por un valor equivalente a casi nueve veces lo que se les envió en el arranque de 2016.

En cambio, la obra pública relacionada con energía mostró una caída interanual de 79%, que arrastró a todo el gasto de capital (sobre todo por una caída en la obra directa nacional, muy alta a principios de 2016).

Brotes verdes en las rutas

«Esperamos construir 2.800 kilómetros de autopistas. Los mismos que existían cuando llegamos. Ya hay 1.100 kilómetros en construcción», dijo Macri durante el discurso de apertura de sesiones legislativas, y además anticipó que habrá 25 mil kilómetros de rutas en obra.

La recuperación de las obras públicas, sobre todo de las viales, se observa ya desde los últimos meses de 2016, a través de tres indicadores sectoriales, según el director de Estrateco. En primer lugar, los despachos de asfalto comenzaron a crecer en noviembre de 2016 y en enero de 2017 volvieron a llamar la atención de los analistas del sector, ya que más que se duplicaron con relación a los de enero de 2016 (se expandieron 118,2% anual). «Se combinaron una bajísima base de comparación con un período de puesta en marcha de obras viales antes paralizadas y también de nuevas obras públicas», explica Lara.

En segundo lugar, los despachos de cemento Portland acumularon un avance de 0,2% en el primer bimestre del año. Cuando se desagregan las entregas de cemento en bolsa y la de granel, surge claramente que estas últimas comenzaron a crecer a un ritmo de más de 6% anual ya en enero, envase que está muy vinculado con las obras nuevas.

En tercer lugar, y más allá del respiro que se tomó sobre el cierre de 2016, la cantidad de puestos de trabajo formales ocupados por el sector de la construcción totalizó 373.794. Esto implica que el nivel de ocupación formal de diciembre se mantuvo 2,4% por encima del piso alcanzado en julio del año pasado. En términos absolutos, en la segunda parte de 2016 (diciembre vs. julio), se recuperaron 8.718 puestos de trabajo. Así la contracción acumulada desde el último pico que alcanzó la serie en septiembre de 2015 quedó en 54.289 puestos de trabajo. La desagregación por provincias mostró que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el nivel de ocupación formal sectorial mejoró en seis jurisdicciones: La Pampa (9,9%; 16,5% entre el promedio de 2015 y de 2016), Santa Fe (5,7%), la Ciudad de Buenos Aires (3,8%), San Juan (1,9%), Córdoba (1,4%) y Entre Ríos (1,2%).

Expectativas por nuevas obras

Para el período febrero-abril, el 57% de las empresas que realizan obras públicas espera que la actividad mejore, según el Informe de la Construcción que elabora la consultora Economía & Regiones. En contraste, el 55% de las empresas que realizan obras privadas prevé que la actividad se mantenga. En 2016 cayó el consumo de todos los insumos de la construcción.

Consultadas respecto de cuáles piensan que son los principales factores que estimularán el crecimiento del sector de la construcción entre febrero y abril, 40% de las empresas que realizan principalmente obras públicas mencionó los nuevos planes estatales y 27% el reinicio de proyectos en curso. En contraste, solo 12% consideró que el crecimiento de la actividad económica per se será uno de los factores de la expansión del sector.

El documento de E&R también recalca que, si bien el consumo total (por obras públicas y privadas) de cemento disminuyó 10,7% en diciembre respecto de igual mes de 2015, con las mayores caídas en las provincias de San Luis, Santa Cruz, La Rioja y Entre Ríos, en enero presentó un aumento interanual del 1,8%.

Disparidad

Una novedad, en términos de obra pública respecto de otros años electorales es que ahora las provincias reciben mayores fondos y tienen un mayor peso político. «Serán más activas en la realización de obras públicas y aportarán una inversión real directa -nombre técnico de la obra pública- en torno a 1,8% del PBI, gracias a los fondos transferidos desde la Nación y la emisión de nuevas deudas», describe el documento del Ieral. Pero hay una gran disparidad en la distribución de la inversión real directa nacional -la obra pública financiada por el gobierno nacional- en las jurisdicciones subnacionales. Según datos del presupuesto consolidado del sector público nacional, este año se ejecutaría una inversión real directa equivalente a unos $130 mil millones. Solo para $53,5 mil millones de ese monto, se dispone de información de ubicación geográfica de las inversiones (el resto se presenta como «no clasificados»). En términos de estos 53,5 mil millones de obra pública financiada por el gobierno nacional, el ránking de las provincias es encabezado por Tucumán, con $ 5553 por habitante en todo 2017. Le siguen: Río Negro, con $ 4821; la Ciudad de Buenos Aires, con $ 3677; Chubut, con $3102, y Jujuy, con $ 2582. La provincia de Buenos Aires se ubica en el puesto 15, con $ 984 por habitante. En el otro extremo, las provincias que recibirán menos desembolsos para obra pública por habitante son: Santiago del Estero ($ 265); Tierra del Fuego ($ 329); Misiones ($ 458); Santa Fe ($ 502) y Salta ($ 549).

Pero este cálculo se queda corto porque en los $ 130 mil millones mencionados no están contempladas la inversión real directa provincial ni las transferencias de capital que la Nación hace a las provincias para obras. «El gobierno nacional está incrementando las transferencias de capital a provincias muy por encima de lo que está incrementando la inversión real directa que realiza», enfatiza Cohen Arazi.

Participación público-privada

Por otra parte, el 20 de febrero el gobierno nacional reglamentó la ley 27.328 de contratos de participación público privada (PPP), un instrumento que, según funcionarios y empresarios, permitirá atraer y agilizar inversiones por decenas de miles de millones de dólares.

De acuerdo con las previsiones oficiales, esta ley permitirá viabilizar el financiamiento por un monto de al menos u$s 40 mil millones destinado a un conjunto de obras de infraestructura.

La PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye. El nuevo régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, ya que excluye o limita en forma significativa las prerrogativas de la administración: entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato; la rescisión por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones; y la limitación de la responsabilidad estatal.

Sin embargo, el régimen es «muy reciente» y «difícilmente impacte mucho en 2017», afirma Capello.

Obra privada, más lenta

La inversión en construcción privada irá saliendo de la recesión de 2016 más gradualmente que la pública, según el director de la consultora Estrateco. Mientras el mercado inmobiliario sigue reactivándose, los permisos de construcción (indicador adelantado de obra privada) en los principales municipios del país mostraron una contracción durante 2016 (-6% anual), pero en diciembre del año pasado y en enero de este año exhibieron un rebote (14,7% y 8,8% anual, respectivamente). Cuando se desagregan los datos por municipios, sobre un total de 61 municipios que analiza Estrateco, se observa que en 2016 la superficie autorizada a construir casas, edificios y obras comerciales fue mayor en 18 de ellos (30% del total).

«Las obras privadas demorarán más en salir de la recesión porque surgieron alternativas de inversión tras el levantamiento del cepo cambiario (el período 2012-2015 fue atípico para la construcción) y porque, tras su reconversión, el Pro.Cre.Ar. perdió dinamismo», concluye Lara.