Nuevos perfiles en las empresas, desde la alta gerencia, hasta el empleado junior, empiezan a delinearse a causa de los cambios en la legislación que prometen endurecer las penas ante actos de corrupción. Si se comprueba que existió este delito, no solo serán penalizadas aquellas personas implicadas, ya sea funcionarios públicos o empleados de compañías, en connivencia para cometer un ilícito. La misma empresa tendrá que pagar hasta el 20% de sus ganancias anuales, y hasta corre el riesgo de perder su personería en casos extremos, por ejemplo que su misma conformación tenga como base hacer negocios non sanctos a costa del dinero público.

Es por eso que, ya desde la búsqueda ejecutiva por parte de los head hunters hasta el ingreso a la compañía en los niveles iniciales o a través de jóvenes profesionales, la sugerencia de los expertos es empezar a tener en cuenta competencias relacionadas con la ética más allá de la tentación de hacer un buen negocio. Es todo un desafío en la Argentina, pero también en el mundo. Como ejemplo, un caso resonante que llegó a la primera plana mundial: Odebrecht en Brasil, acusada de sobornos a funcionarios públicos de varios países, entre ellos la Argentina.

¿Qué es lo que puede cambiar en el corto plazo en materia de gestión para las empresas? Esta semana el presidente Mauricio Macri se refirió en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso a la necesidad de tratar la «ley de responsabilidad empresaria». Es, en realidad, un proyecto que ya fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 20 de octubre pasado, pero que todavía no fue tratado. Tiene el nombre, algo complejo, de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y busca que haya duras sanciones a las empresas, más allá de las personas, que participen en hechos de corrupción público-privada.

«Si la persona jurídica y los supervisores responsables no se enteraron de que se iba a cometer un ilícito o no hicieron nada al respecto, o no controlaron la conducta de quienes trabajan en la empresa, son responsables por omisión», dice Guillermo Jorge, socio de Governance Latam y profesor de la Universidad de Nueva York (NYU). «Pero si la empresa tiene un programa de integridad, un código de conducta, un sistema de auditoría, un departamento de compliance que investiga las conductas, a la hora de penalizar a la empresa se tiene en cuenta que hizo lo posible en materia de prevención y control».

«Además, es importante que la compañía no encubra sino que reporte a las autoridades, y con estas acciones, las sanciones siguen disminuyendo», agrega Jorge. «En Brasil, la constructora Odebrecht acusada de sobornos hizo una investigación interna y eso lleva a que la sanción se reduzca porque se le ahorra al Estado los costos de la investigación».

«En la Argentina las empresas multinacionales y las que cotizan en bolsa están más acostumbradas a un estilo de gobierno corporativo transparente», dice Edgar Medinaceli, socio de la consultora internacional Russell Reynolds. «Sería muy raro que una multinacional evada impuestos o tenga prácticas que se opongan a las leyes porque corren riesgos en sus mercados de origen y sus casas matrices pueden ser multadas. En la Argentina el resto de las empresas no tienen una ley que les exija, hasta ahora, este alto nivel de transparencia».

Vale recordar que la Argentina no califica bien en el ranking de Transparency International, en el cual el número 100 refiere a los países más transparentes y el 0 a los más corruptos. Mientras que el promedio de los 176 países que se evalúan en esta «percepción de transparencia» que mide la entidad está en 43, este país está por debajo de la media, con un 36. Un real impedimento para lograr más inversión y una barrera para formar parte de la OCDE.

Perfiles en demanda

En un entorno de negocios más transparente, cobran importancia nuevos roles a la hora de contratar, entre ellos:

Abogados, auditores: que entiendan de normas regulatorias y revisión de contratos. También podrán investigar cuando haya irregularidades.

Líderes con valores: «Lo más importante no es la profesión, sino el liderazgo. Los valores del éxito económico al que estamos acostumbrados conspiran contra el cumplimineto normativo», dice Guillermo Jorge. «En general se valora para contratar a un gerente que tenga autoconfianza, seguridad para animarse a tomar riesgos, pero a veces el hecho de cumplir con las reglas a veces no se lleva bien con estos valores».

Para Jorge, también investigador en Udesa, «hoy son más requeridos perfiles que puedan navegar las aguas de transparencia e integridad en la compañía y que puedan hacer crecer el negocio dentro de esos márgenes».

Oficiales de cumplimiento: también llamados «compliance officers», tienen hace algunos años su lugar en las compañías, sobre todo en las multinacionales porque las leyes internacionales lo piden. El nuevo proyecto de ley habla de que se necesita, en un programa de cumplimiento, «un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad».

Por ello, el oficial de cumplimiento debe tener un cargo directivo y ejecutivo en la compañía, participar de las tomas de decisiones, y, si es necesario, oponerse a negocios que no ve como transparentes. «Estas personas saben que la justicia puede ir en su contra, por lo que deben tomar los recaudos y dejar asentadas sus decisiones y opiniones» , dice Diego Bleger, socio de KPMG. «Es un cargo de alto estrés, de alto nivel, que debe estar muy bien remunerado»

Expertos en seguridad informática: «un eficaz sistema de gestión de compliance no solo deberá tener una fuerte capacidad de prevenir y detectar hechos de corrupción», dice Carlos Rozen, socio de BDO Argentina y presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), «también debe tener en cuenta otros dos elementos que en esencia complementan lo que hoy llamamos novedosamente «compliance penal». Se trata de identificar los casos, lo que llamamos «plan de crisis», y también demostrar qué fue lo que sucedió. Aquí los conceptos «evidencia» y «record management», o gestión de estas evidencias, van a ser las vedettes en materia de compliance y elementos clave para buscar la exoneración de cuantiosas multas toda vez que la corrupción haya tenido lugar». En este sentido la búsqueda de evidencias electrónicas y su adecuada conservación jugarán un papel cada vez más importante dentro de las empresas.

Prácticas que no van más

Hacer negocios de cualquier forma, o mirar hacia otro lado si un ejecutivo va más allá de la legalidad para lograr un negocio e incrementar su bonus. Invitar a comer a un funcionario, hacerle regalos… Si se aprueba la nueva ley, la falta de transparencia puede salirle muy cara a la empresa.

Diego Bleger advierte sobre el «doble estándar en la compañía, que se da cuando los directivos no mandan un mensaje claro sobre la manera de hacer negocios». En los mercados emergentes «los empresarios suelen mirar a sus competidores y dicen algo así como «no soy una carmelita descalza, si juegan más fuerte que yo, no me voy a quedar atrás», adhiere Jorge.

«¿Y en el Estado, quién es el compliance officer?. se pregunta Bleger, «El Estado también debería contar con esta figura, no solo las compañías».

En qué consiste un programa de integridad

Código de ética

Según el proyecto de ley que está ahora en el Congreso sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, un código de conducta es importante para que todos los integrantes de la compañía sepan prevenir delitos relacionados con la corrupción

También para terceros

Las normativas deben ser cumplidas por proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios

Capacitación

Periódica para directores, administradores, empleados, terceros y socios de la empresa

Alta dirección y gerencia

Son piezas clave para que el programa sea efectivo

Protección

Contra represalias a aquellos que denuncien irregularidades