La maquinaria oficialista para lograr consenso en la reforma de la Constitución provincial ya está en marcha.

Hay un borrador, que integra proyectos de los últimos gobernadores (que vieron frustrada esa intención), y que incorpora el material de las jornadas del centenario de la actual carta magna, organizadas por la vicegobernadora Laura Montero.

Hay interlocutores válidos,  como la propia vicegobernadora, o el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, autor del anteproyecto de ley que pedirá la reforma.

Y hay un gobernador que si bien no se desvela por el tema, admite públicamente la idea. “A la Constitución hay que reformarla. Me gustaría que se hiciera en mi gobierno”, señaló el viernes.

El mandatario habilitó el tema, aunque asegura que no interferirá “en lo más mínimo”. Y deja a los legisladores “que busquen el consenso necesario en la Legislatura”, para concretar la modificación.

A la Legislatura no ingresa todavía ningún proyecto. Y el Ejecutivo no lo enviará. Entonces, sólo está el borrador que trabaja Jaliff. Y es él quien comenta los puntos principales que buscarán reformarse.

La idea es generar una ley “marco”, discutida sólo por los legisladores. Y si bien ese texto hará planteos reformistas, la responsabilidad de concretar los cambios “será de los convencionales constituyentes” que se elijan para ese fin.

Así, el oficialismo (y sobre todo el Gobierno) se despegará de cualquier discordia que la oposición pueda ofrecer en temas complicados.

Estos son algunos de los puntos principales.

La reelección

Sin dudas, el de la reelección ha sido el tema más controvertido cada vez que se habló de reforma. En más de una ocasión, con proyectos lanzados por el Ejecutivo, se hablaba antes de la reelección del gobernador que de cualquier otro punto. “En esta ocasión preferimos que lo discutan los convencionales constituyentes y no los legisladores”, dice Jaliff.

En consecuencia, el proyecto sólo “habilita” el tema para que se discuta en la Convención. “Los constituyentes serán los que propicien o prohíban las reelecciones”, añadió el autor y la discusión abarcará “a todos los cargos electivos”.

Además, en cada caso deberá definirse el número de reelecciones, si el tema surge.

Balotaje

Es otro tema controvertido que en principio estará habilitado para discutirse. En la semana que pasó, el PJ en pleno cuestionó esa iniciativa que lo perjudicaría notablemente. “Sería firmar nuestra propia sentencia de muerte”, llegaron a decir los justicialistas.
Es quizás entonces, uno de los tópicos destinados a caerse en la discusión legislativa.

Senado representativo

La idea es que el proyecto plantee la necesidad de hacer más representativo el Senado, con legisladores de todos los departamentos. “Los constituyentes deberán definir cuántos serán por departamento y de qué manera -en el juego de mayorías y minorías- se elegirá esa representación”, informó Jaliff.

Sesiones ordinarias

Hay consenso de que el actual período de sesiones ordinarias, del 1 de mayo al 30 de setiembre (extensible al 30 de octubre), es obsoleto.

El proyecto habilita también este punto para ser abordado en la Convención.

Voto mayor y menor

La idea es que el sufragio continúe siendo obligatorio para los mayores de 18 años. Pero se buscará darle rango constitucional al voto “optativo” de los jóvenes de entre 16 y 18 años, como es para los mayores de 70.

Autonomía distrital

Una discusión que hace tiempo viene dándose, la de la autonomía de los distritos. Muchas provincias tienen municipios y comunas. La intención es que la Constitución habilite la posibilidad de que exista esa división. Y que los convencionales definan si serán los propios municipios, los que tomen la decisión final de tener o no, comunas autónomas.

Edad de los jueces

Hoy, los jueces no tienen límite de edad para jubilarse. La intención es que la Constitución defina una edad máxima, que podría ser de 75 años, como sucede en la Nación. Pero también se apunta a que superados los 65 años, los magistrados vuelvan a ser avalados por el Senado para seguir en sus cargos.

Cargos con acuerdo

Es un caso similar al de los jueces. La propuesta es que la nueva Constitución ordene un tiempo determinado (actualmente no hay límite) para ocupar cargos con acuerdo del Senado, como el del Fiscal de Estado, el Asesor de Gobierno o los integrantes del Tribunal de Cuentas, entre otros.

Jury de Enjuiciamiento

La intención es cambiar sustancialmente la actual conformación del Jury (de 21 integrantes -7 ministros de la Corte, 7 diputados y 7 senadores-). “Lo ideal sería una conformación similar al Consejo de la Magistratura nacional”, indicó Jaliff. Es decir, con una representación amplia y renovable periódicamente.

Además, se plantearán funciones específicas para sus distintos integrantes. “No puede ser que hoy los 21 miembros hagan todo, correr vista, suspender al acusado, investigar y juzgar”, añadió el senador.

Nueva fiscalía

En la Ley de Ética Pública que hoy se discute en la Legislatura, la propuesta de crear una Fiscalía de Investigaciones Administrativas (que ya existe en la Fiscalía de Estado) generó fuertes discusiones. Sin embargo, la idea es avanzar con ese organismo y que, al igual que el ente que hoy conduce Fernando Simón, tenga rango constitucional.

El decreto 221

El proyecto también busca agilizar nuevas reformas constitucionales, modificando la principal traba para esos cambios. Actualmente, el artículo 221 exige el voto de la mitad más 1 de todos los inscriptos en el padrón para variar el texto constitucional. “Los convencionales tendrán que definir de qué modo se definen las futuras modificaciones constitucionales”, señaló Jaliff.

La estrategia es lograr consenso político y social para cada cambio

“Reformar la Constitución no le quita el sueño a los mendocinos”, ha dicho el gobernador Cornejo. Y en eso basa su estrategia, que no apunta a que la discusión política se mezcle con la agenda de la ciudadanía, la que reclama “mejores gestiones de gobierno”, según ha dicho una y otra vez.

Es por eso que el Ejecutivo no quiere aparecer en esta etapa de propuestas modificatorias del texto constitucional.

Y es por eso también que la idea es buscar el consenso pleno desde lo político en la Legislatura, pero también desde los aportes sociales.

En tal sentido, en el oficialismo consideran “fundamentales” los aportes de las jornadas que durante más de un año, y en el marco del centenario de la actual Constitución provincial, organizó la vicegobernadora, Laura Montero.

“Nuestro proceso de consulta es casi de vanguardia. Se ha aplicado en Chile y México, por nombrar algunos países”, remarcó la vice.

A partir de esas charlas, se han integrado temas que podrán ser incorporados a la nueva Constitución, “como los derechos ambientales, del agua, de conectividad, entre varias categorías”, explicó la titular del Senado provincial.

También se plantea la profundización de la tarea de organismos de control, con la incorporación de figuras como la del Defensor del Pueblo o el Defensor de la Niñez, entre unos 70 puntos que fueron recolectados en esas jornadas.