Hay una certeza: la inversión que necesita la red vial, vital para mejorar la logística y la seguridad, se cuenta en miles de millones de dólares. Pues es una de las pocas, las demás son consultas, planes y proyectos que tratan de generar un nuevo marco regulatorio para un sector clave para la economía y la baja del llamado «costo argentino».

Los constructores más importantes recibieron consultas por uno de los esquemas que merodeaba las carpetas de proyectos de los planificadores. Se trata de reflotar, o multiplicar en realidad, los llamados contratos Crema (construcción, reparación y mantenimiento), un acuerdo entre una agencia del Gobierno y una empresa para que se tome una determinada ruta y se la mantenga en condiciones a cambio de una determinada remuneración.

Hubo un sondeo oficioso. Pasaron un borrador para ver cuál sería la reacción para ingresar en un sistema que tenga una remuneración de 10% en dólares sobre el dinero invertido.

Pero no hubo caso. Los constructores lo miraron con detalle y respondieron que no era suficiente. Lo que sucede es que cuando se empiezan a calcular los flujos de ingresos y egresos, proyectados en 15 años, que era el plazo que se comentaba, ese retorno no sería tal. Más allá de que puedan cambiarse las condiciones por un cambio de gobierno, cualquier atraso en los pagos o conflicto gremial esmerilaría con fuerza la ecuación.

La lógica imperó en la respuesta. Semejante responsabilidad como es mantener en buen estado centenares de kilómetros de una ruta tenía un retorno apenas por encima de un título público de buen performance. Pero las consultas no se cortaron ahí.

En el Gobienro saben que tienen que definir cuál va a ser el andarivel por el que va a transitar el asunto. Saben, además, que los proyectos de participación público privada podrían ser una herramienta de mucha utilidad, siempre y cuando, claro está, el rendimiento sea atractivo. En medio, además, está el actual sistema de cobro de peajes en varias rutas nacionales que mayoritariamente todos consideran que hay que cambiar.

En principio evalúan tres tipos de rutas. Por un lado, están las que tienen mucho flujo de tránsito. Allí las concesiones viales, con contratos nuevos y transferencias del riesgo de explotación, parece el camino más claro. En estos casos, creen, deberían pagar un canon por la explotación de un determinado corredor.

Pero no todas tienen la ventaja de contar autos de a miles por día. Entonces aparecen otras dos categorías. En principio, están las neutras que, dado el flujo de tránsito, podrían generar una caja suficiente como para dar una ganancia de la concesionaria, además del dinero necesario para la reparación y el mantenimiento. No se exigiría pago de canon para estos contratos.

Finalmente están los casos en los que las rutas no tienen suficiente tránsito como para que se justifique la instalación de peajes. Se piensa, entonces, que aquel canon de las rutas masivas termine por subsidiar el dinero necesario para esta vía.

Para estos negocios, se trata de involucrar un actor más. Además de las constructoras, el Gobierno quiere que bancos o fondos de inversión acompañen a los consorcios. La idea es que uno financie y otro construya, como sucede en gran parte del mundo.

Así las cosas, la discusión sobre el destino de las rutas se ha tornado, prácticamente una conversación sobre la tasa de ganancias. «Es una cuestión de tasa. Los contratos Crema son muy buenos si el Gobierno cumple. Pero, claro, es una cuestión de tasa», resume un empresario de la construcción.

En el Gobierno reconocen que se transita por un ida y vuelta de proyectos para ver qué esquema se adapta mejor a la necesidad de construir y mejorar las rutas. Podría hacerse, claro está, con dinero del Tesoro. Pero la inversión privada en rutas podría multiplicar la velocidad de construcción.

Aclaran, además, que no está en carpeta la eliminación de los peajes. Sí se estudia cómo modificar el esquema de cobro actual. Sucede que en varios lugares, lo que se recauda en las estaciones no alcanza ni siquiera para pagar los tres turnos de los empleados que cobran al levantar la barrera.

Se miró con atención, por caso, el sistema de Chile, donde prácticamente todo el cobro está a cargo de sistemas electrónicos que detectan la patente y facturan a su dueño cuando un auto para un arco de peaje.

Pero nada está definido y menos aún la eliminación de las cabinas de peaje aunque no el pago del peaje. Primero hay que definir y hablar con Facundo Moyano, líder del sindicato de empleados de peaje. Será el paso previo a una definición.