Mientras la Cámara Federal comenzó a analizar si fue bien procesada por el juez Claudio Bonadio en la causa del «dólar futuro», la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer una mala noticia desde otro tribunal federal de Comodoro Py y que seguramente desemboque el año próximo en su segundo procesamiento penal.  

El juez Julián Ercolini decidió citarla a declaración indagatoria para el jueves 20 de octubre por presunto delito en la concesión de obra pública vial en Santa Cruz a empresas vinculadas al detenido Lázaro Báez a través de un sistema de cartelización. También fueron citados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el propio Báez, el también detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

El juez Julián Ercolini, llegando a los tribunales federales de Comodoro Py. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

Además, el magistrado dispuso una inhibición general de bienes sobre la ex presidenta, por lo que notificó a los registros de bienes de todo el país, tanto de propiedades inmuebles como de vehículos, embarcaciones, aeronaves, créditos prendarios, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores, la Caja de Valores, la Inspección General de Justicia y hasta al Jockey Club, donde se inscribe la titularidad de caballos de carrera.

En total son 17 las personas citadas a indagatoria y alcanzadas por esta última medida. Entre las doce restantes, la mayoría de ellos ex funcionarios de Vialidad Nacional, también se encuentran el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal durante su gobierno y los de su viuda.

Carlos Santiago Kirchner, el primo del ex presidente. También acusado por defraudación con la obra pública. Foto Clarín.

La ronda de indagatorias comenzará con la propia ex presidenta y finalizará el 23 de noviembre, pero luego podrían sumarse a la convocatoria otras 17 personas que también fueron incluidas en su requerimiento por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pero respecto de las cuales el juez Ercolini ordenó nuevas medidas de prueba antes de decidir citarlos.

De esta manera, de ampliarse la cantidad de personas a indagar -lo que podría incluir por ejemplo a Martín Báez, el hijo del detenido ex cajero bancario de Santa Cruz-, la decisión sobre un eventual nuevo procesamiento de la ex presidenta podría estirarse hacia principios de 2017, según evaluaron fuentes judiciales.

Si bien los fiscales no calificaron legalmente en qué delito exacto incurrió para ellos la viuda de Néstor Kirchner, la descripción de los hechos que se le hará en la indagatoria del 20 de octubre en base a su requerimiento cuadra en las figuras de la defraudación en perjuicio de la administración pública y las negociaciones incompatibles.

Pero, según advirtieron otras fuentes de los tribunales federales, el requerimiento formulado el mes pasado por Pollicita y Mahiques le dejaría la puerta abierta a Ercolini para procesar a la ex presidenta por asociación ilícita, tal como pidió en 2008 a la Justicia la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con otros legisladores de su espacio político.

Ercolini tiene hace años abierta esa vieja denuncia por un requerimiento firmado a fines de ese año por el propio Pollicita. Esa causa fue desperdigada en varios expedientes conexos, método que exasperó todos estos años a los denunciantes. Pero la que motivó el llamado a indagatoria de ayer se corresponde con una denuncia formulada en abril de este año por las nuevas autoridades de Vialidad Nacional e informada en su momento por Clarín.

La denuncia incluyó un relevamiento de todas las obras de ese rubro otorgadas a las empresas vinculadas a Báez, los montos involucrados, la matriz de direccionamiento y la manera en la que se presentaban a licitaciones supuestamente armadas en un típico método de cartelización. Ahora Ercolini decidió pedir más informes ya que hasta ahora la acusación se focalizó en detalle en sólo dos obras: la emblemática ruta 3, que bordea la costa atlántica argentina hasta Tierra del Fuego, y la ruta provincial santacruceña 9.

Ercolini destacó que la «maniobra» delictiva imputada a la ex presidenta -Pollicita y Mahiques hablaron de un «plan sistemático» para el apoderamiento de fondos públicos- se edificó sobre «cuatro pilares fundamentales». Estos son:

– «la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial (por Báez);

– la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (por los funcionarios que acompañaron a Kirchner en su paso de la gobernación santacruceña a la Presidencia de la Nación);

– la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz; y

– el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado.»

La «inserción» de Báez en la obra pública, según la acusación, es porque Austral Construcciones, inicio de un imperio ahora caído en desgracia, se creó el 8 de abril de 2003, veinte días antes de la primera vuelta presidencial de ese año en la que el ex presidente Carlos Menem, según las encuestas no podría vencer. Kirchner asumió el 25 de mayo.

Los otros citados a indagatoria son Graciela Oporto, Raúl Rodríguez, Hugo Rodríguez, Héctor Garro, Raúl Pavesi, José Santibáñez, Juan Carlos Villafañe, Ernesto Morilla, Raúl Daruich y Mauricio Collareda.