«Tenés que ordenar la casa», le dijo Mauricio Macri a Juan José Gómez Centurión cuando le pidió que se hiciera cargo de la Aduana. El Presidente pensó en el veterano de Malvinas para combatir en dos frentes: el narcotráfico y el contrabando. Y la Aduana era el campo de batalla. Gómez Centurión aprendió rápido que estos flagelos son siameses, y tienen como cuerpo al comercio exterior.

El narcotráfico precisa de la creativa logística con la que el contrabando burla las fronteras y los controles de aduana para ingresar precursores químicos en el país, desplazarse protegido «en tránsito» a las cocinas y sacar desapercibida la droga por los puertos. 

Y el contrabando, a su vez, necesita de los fondos del narcotráfico para mantener aceitados los engranajes que les permitió a las bandas seguir operando en tiempos de restricciones a las importaciones, traer mercaderías prohibidas y sortear el control de cambios para hacerse de los dólares baratos al cambio oficial, venderlos en el mercado paralelo o girarlos a cuentas del exterior.

Estos dos virus infectan la entrada y salida de mercaderías del país. Los legítimos operadores (exportadores, importadores, despachantes, navieras, puertos, transportistas y depósitos fiscales) son el vehículo o la fachada. La connivencia de las autoridades de control aduanero hace el resto.

El plan de Gómez Centurión era ambicioso: auditorías exhaustivas de los depósitos fiscales (donde descansan los contenedores con mercadería a la espera de que los importadores la reclamen), reestructuración de los métodos de verificación en Aduana y de la división del mapa de regiones aduaneras, creando la dependencia Hidrovía, por entender que el control del tráfico de barcazas por el río era muy laxo.

Por ejemplo, se encontró con que el área de fiscalización respondía a la Subdirección de Aduana Metropolitana: es decir, el que controlaba las importaciones en el puerto de Buenos Aires reportaba a la misma división que debía controlar. Gómez Centurión desarmó este mecanismo y creó la Subdirección de Control Aduanero. Al sacar la fiscalización del «campo», le quitó el poder a los verificadores en el puerto.

Verificó que muchos depósitos fiscales (permisionarios del servicio aduanero) estaban plagados de irregularidades en infraestructura, habilitaciones e incluso en la contabilidad: tenían más contenedores que los declarados. Y el resultado de una de las primeras auditorías arrojó que el peso declarado no coincidía con el peso real.

Encaró procedimientos en depósitos fiscales donde los contenedores permanecían sin ser reclamados. Y presumió que era porque se había cortado la estructura de contención oficial con el cambio de autoridades. Ya en situación de rezago, se abrieron contenedores que decían tener, por ejemplo, flores de plástico, y traían telas.

El siguiente paso fue el cruce de base de datos (CUIT contra despachos, contra giro de dólares, contra transportistas y depósitos fiscales) y fue delineando los perfiles de riesgo de los operadores de comercio exterior. Las sospechas de contrabando dieron lugar al cierre de varios depósitos fiscales, entre ellos, Carestiba, Censer, Depósito Fiscal de Carácter General Logística Central, Logexpor, Tefasa y Lo Primo II, amparándose en el decreto 228, de este Gobierno, que declaró la «emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado».

Las investigaciones judiciales posteriores descubrieron vínculos entre transportistas, depósitos fiscales y empresas de precintos electrónicos (que garantizan la inviolabilidad del contenedor desde que sale del puerto hasta que llega al depósito fiscal) con el anterior titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que también fue director de Aduanas.

Las auditorías probaron que tanto contenedores como depósitos fiscales se abrían de madrugada. Que la ruta que debían seguir los tránsitos (monitoreados gracias a los precintos electrónicos que sellaban los contenedores con importación aún no nacionalizada) sufrían desvíos no autorizados, según informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que investigó tales maniobras entre 2012 y 2013. Y que había vínculos entre los dueños de las empresas de precintos con los depósitos fiscales cerrados por sospechas: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, dueño de Lo Primo II; y RSI, de Sergio «el Pelado» González, amigo de Ricardo Echegaray, y de Jorge Lambiris, vinculado a Carestiba, depósito del Mercado Central. Gómez Centurión pretendía desregular este sistema y que fuera la Aduana la que proveyera y controlara los precintos.

También se opuso al régimen del «puerta a puerta» por considerar que es una vía propicia para el narcotráfico por menudeo, a lo cual se sumaba que no estaban dadas las condiciones de control necesarias para hacer frente a un volumen que podría activarse con el sistema de compras exprés, lo que le valió un enfrentamiento con su jefe, Alberto Abad.

Como Macri, Gómez Centurión descubrió que la herencia aduanera también fue pesada.

Mientras cerraba depósitos fiscales, investigaba importadores apócrifos y reordenaba la casa, el funcionario suspendido concluía el primer gran resultado de sus ocho meses de gestión: el multimillonario fraude de las DJAI por US$ 14.473 millones.

El cruce de base de datos de la AFIP y la Aduana abarcó un universo de 8 millones de DJAI presentadas por 78.000 personas físicas y jurídicas entre 2012 y 2015. De ese total, 17.495 CUIT tenían inconsistencias. La más grave: giraron dólares sin ingresar mercaderías.

Gómez Centurión y su subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi, denunciaron a 55 empresas que habrían incurrido en delitos aduaneros (contrabando, fraude por valor), tributario (evasión), penal cambiario y lavado de activos. A las 48 horas de la denuncia, Gómez Centurión fue denunciado y suspendido. Allievi corrió la misma suerte.

La administración absoluta del comercio exterior de la era K tenía otra cara: la inflación normativa que provocó dolores de cabeza a todo el espectro operativo tenía como contrapartida un proteccionismo selectivo. Los depósitos fiscales fueron entregados a manos amigas, el área de control aduanero fue desmadrado y las prácticas irregulares proliferaron por todas partes.

El kirchernismo institucionalizó la corrupción e impuso un esquema tarifario para la obtención de permisos de exportación (ROE) y de importación (DJAI). Era común encontrar hasta avisos clasificados de gestores que prometían la obtención tales certificados a cambio de porcentajes que iban del 10 al 15% del valor del embarque. Y también proliferaron los servicios de entrega de contenedores «puerta a puerta», por entre US$ 50.000 y US$ 100.000, el «tacho».

La denuncia elevada por la diputada Elisa Carrió alega la connivencia con el contrabando como actor político y el acuerdo con el narcotráfico como actor estratégico.

Gómez Centurión quería acabar con el poder absoluto de los aduaneros sobre exportadores e importadores por ser engendro de corrupción. Creía que así dejaría de ser más barato ceder ante la coima que cumplir con la burocracia de lo legal. Su función fue interrumpida.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1934528-ocho-meses-de-gestion-que-sacudieron-una-estructura-mafiosa