La noticia de que finalmente la Corte Suprema mantuviera el ajuste tarifario para el sector comercial e industrial, cayó como una balde de agua fría para el sector productivo local.

Es que el fallo sostiene que para no residenciales, sigue vigente el cuadro tarifario de 1 de abril de 2016, con un tope de hasta 500%, lo cual generó quejas y desconcierto en Mendoza. Mientras, a nivel nacional, varias entidades ya hablan de cautelares para resistir el aumento.

En la provincia, consultado sobre el tema, Julio Totero, vicepresidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) sostuvo que “este fallo no llega a los sectores de la actividad económica que más afecta la suba. Sin embargo, el mayor problema es la judicialización de temas económicos en el país, entonces, así se espantan los inversores. ¿Quién va a querer venir a invertir en Argentina donde todo se judicializa”?

Agregó: “Hay que reconocer que con la tarifa anterior no se podía seguir. Había que aumentar, pero tampoco se puede dar un golpe de efecto tan drástico como el que tomó el gobierno nacional. Tendría que haber sido más gradual.

Para Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, era claro que con las tarifas anteriores (al 1 de abril) no se podía seguir. “Sin ninguna duda, para las pequeñas bodegas el aumento debe ser más lento. No nos oponemos a la adecuación de las tarifas pero para las pequeñas es un aumento importante que impacta en los costos”.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Adolfo Trípodi, estimó que “hay muchas empresas que son gas-dependientes, principalmente las que tienen hornos y este nuevo cuadro tarifario las ha afectado muchísimo. Creo que era necesario aumentar las tarifas pero debería haber sido algo gradual, no así como se ha hecho”.

Juan Viciana, vicepresidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), sostuvo que “el tema del ajuste tarifario nos provoca contradicciones, porque sabemos que en cuestión energética se debían revisar las tarifas porque nuestra matriz energética se viene deteriorando pero del otro lado tenemos los aumentos que las Pymes no pueden solventar”.

La repercusiones nacionales  

Desde varias entidades que representan a pequeñas y medianas empresas sostuvieron que quedar excluidos del fallo de la Corte Suprema, que anuló la suba de tarifas del gas, podría generar graves perjuicios para el sector industrial del país.

En este sentido, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, advirtió en diálogo con DyN que el fallo del Máximo Tribunal “deja a la intemperie a las Pymes”, y adelantó: “Vamos a reservarnos el derechos de tomar medidas cautelares donde veamos que sobrepasa la capacidad de pago”.

Agregó: “Nos ha sorprendido que se haya excluido a las pymes de la protección del fallo de la Corte Suprema que involucra al sector residencial”, admitió Cornide, quien señaló “especialmente las de sector industrial de uso intensivo, tienen fragilidad muy grande respecto del tarifazo y tanto es así que las hacía inviables en muchos casos”.

En igual sintonía, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios conducida por Eduardo Fernández previno que ante esta situación “se perderán miles de empresas y puestos de trabajo”.

“En el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios”, aseguró a DyN.