Un rompecabezas entre cuyas piezas se podrían agregar, además del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández; el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y la mismísima ex presidente de la Nación. Tuve oportunidad de leer la mayoría de las comparecencias de Pérez Corradi.  

Y estoy al tanto de la línea de investigación que sigue la jueza María Servini de Cubría para avanzar sobre la responsabilidad de altos funcionarios del Estado en el asunto de la mafia de los medicamentos y el tráfico de la efedrina.Este es el cuadro de situación que es necesario comprender:

* Servini de Cubría determinó que entre 2004 y 2008 Argentina importó, de manera ilegal, más de 41 toneladas de efedrina, cuando el mercado legal de medicamentos no necesitaba más que una o dos toneladas.

* Además concluyó que la maniobra generó negocios ilegales por más casi 500 millones de dólares.

* La jueza probó que altos funcionarios del anterior gobierno fueron coautores y partícipes del delito, porque facilitaron la importación ilegal de efedrina, desde la India y desde China y su exportación a varios países del mundo. Entre otros México, donde la importación masiva de efedrina está prohibida desde hace varios años.

* Servini de Cubría procesó al ex titular del Sedronar José Ramón Granero, y a los hermanos Máximo y Miguel Angel Zacarías. Máximo trabajaba en el área de ceremonial del PAMI. Miguel Angel era el secretario privado de Granero.

* Otros dos hermanos Zacarías, Rubén y Luis, trabajaban en el área de ceremonial de la Presidencia. Ambos lo hicieron muy cerca tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández.

* En sus investigaciones, la jueza probó la existencia de cientos de llamadas cruzadas entre narcotraficantes, la Sedronar y áreas de inteligencia, con el conmutador de la Casa Rosada. Y también comprobó que las llamadas se hacían más frecuentes en los días en que ingresaba la efedrina a la Argentina.

* Pérez Corradi, en sus sucesivas declaraciones, afirmó que él, junto a otros vendedores y compradores de efedrina, como Sebastián Forza, formaban parte de un club de protegidos, que debían pagar para no ser investigados o atacados físicamente, por la sensibilidad del enorme negocio. Entre sus protectores nombró a un tal «Chipi» Mondragón, integrante del departamento Delitos contra la Salud de la Policía Federal, a Carlos Armando Gorosito, por entonces jefe del Departamento de Drogas Peligrosas y a su jefe político, Aníbal Fernández.

* Pérez Corradi explicó, en su declaración de la semana pasada, que el dinero que le pagaba a Mondragón tenía como último destino a Aníbal Fernández.

* Habló de hasta 100 mil pesos por mes. Y agregó que, naturalmente, él era solo uno de los muchos que tenían que aportar la cuota.

En este contexto, el pedido de indagatoria del juez federal Ariel Lijo a Oscar Parrili, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que en agosto de 2015 recibió información precisa de dónde se encontraba el prófugo Pérez Corradi, se la guardó y no la confirmó a la Justicia para evitar su captura, tiene cada vez más razón de ser.

Porque ayer, en La Cornisa TV, anticipamos que las actuales autoridades de la AFI ordenaron un sumario interno para determinar por qué se «había perdido» el «expediente Pérez Corradi».
La conducción de la AFI supo del escrito porque el fiscal federal Picardi se lo reclamó ni bien asumieron, en diciembre de 2015.

Lo empezaron a buscar a través del área de Asuntos Jurídicos. Y lo encontraron en otro lugar. No en la carpeta donde se acumulan y se responden los requerimientos de la Justicia.
El resultado del sumario interno no dejó lugar a dudas. Dos ex funcionarios de Asuntos Jurídicos, Emiliano Rodríguez y otro de apellido De Estrada, quienes cesaron en sus funciones en diciembre de 2015, explicaron que el requerimiento del fiscal estaba respondido, que los datos que había aportado un testigo sobre el paradero de Pérez Corradi eran ciertos y que Parrilli les ordenó no responder el pedido de la Justicia.

¿Por qué Parrilli no colaboró con la captura del prófugo más importante de la Argentina si sabía dónde estaba? ¿Acaso presentía o deducía que tarde o temprano, Pérez Corradi podía involucrar no solo a Aníbal Fernández sino a otros altos ex funcionarios?

En su larguísima y por momentos desconcertante declaración indagatoria, Pérez Corradi recordó que la justicia de los Estados Unidos ya lo venía buscando desde mucho antes de 2008, cuando él envió desde la Argentina, y por correo privado, pastillas de Oxicodona, un calmante prohibido, que provoca el mismo efecto que la heroína.

Pérez Corradi afirmó también que por entonces la DEA mandó la primera alerta al gobierno argentino en la que involucró a la Aduana, la AFIP y organismos de inteligencia. Que Aníbal Fernández debía estar al tanto de eso. Y que la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) y la Cancillería, también.

De hecho, el entonces canciller Héctor Timerman, se las arregló para dificultar el pedido de extradición de la justicia norteamericana. Este mismo rompecabezas, por distintos caminos, armaron en su momento la diputada Elisa Carrió y también su colega Margarita Stolbizer.

Stolbizer, con los documentos en la mano, está convencida que los dueños del negocio de la efedrina fueron, primero, Néstor Kirchner, y después su sucesora, la ex presidenta Cristina Fernández. Carrió también cree que todos los caminos conducen a lo más alto.