La relación que busca consolidar el Gobierno nacional con las administraciones provinciales tendrá su segunda prueba de fuego en poco más de una semana con el encuentro que el 2 de agosto reunirá en Puerto Madryn al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los 24 gobernadores.

La cita viene precedida por la buena noticia de la promulgación el viernes pasado de la “ley ómnibus” que le dio tal jerarquía al acuerdo alcanzado en la primera reunión en Córdoba, el 18 de mayo, que estableció la devolución gradual (3% anual desde este año hasta el 2020 inclusive) del 15% de la coparticipación destinada a financiar la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Pero también por una escalada creciente de reclamos provenientes de las provincias, urgidas de mayores recursos ante la desaceleración de los envíos de coparticipación, tanto por el freno de la actividad económica como por cambios tributarios decididos por el presidente Mauricio Macri en impuestos que hacen de manera directa o indirecta a esa distribución primaria.

Esos cambios han ido desde el decreto que aumentó el mínimo no imponible de Ganancias, hasta la ley sobre IVA social, que ya empezaron a hacerse sentir en la coparticipación; hasta las que lo harán en este segundo semestre, como las leyes sobre Pymes y autopartes y dos de las incluidas en la  “ómnibus”: la reducción de Bienes Personales y la eliminación de Ganancia Mínima Presunta.

Por eso se han alzado voces de alerta de algunos gobernadores acerca de que el 3% que recibirán por devolución del 15% que iba a la Anses en el mejor de los casos sólo igualaría lo que perderán en 2016 por esos cambios tributarios.

Y esas voces han partido tanto de un gobernador peronista “duro” (el pampeano Carlos Verna) y de un peronista “dialoguista” (el entrerriano Gustavo Bordet), como de un radical aliado del oficialismo nacional, el mendocino Alfredo Cornejo.

A la cita chubutense también llegarán los gobernadores de provincias “grandes” con sus propios reclamos. Por caso, Buenos Aires, con su planteo de ponerle fin al tope del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano (650 millones de pesos desde 1996, que actualizados son hoy 48.000 millones de pesos para la gobernadora macrista María Eugenia Vidal).

La demanda es compartida por el resto de los gobernadores, pero ninguno de ellos está dispuesto a resignar recursos de su coparticipación para atenderla y todos apuntan a la Nación, que carece de los fondos necesarios. Al final, después de esta feria judicial, el reclamo bonaerense irá a la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente en otros fallos de la Corte está el origen del reclamo actual de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Si bien suscribieron el acuerdo para la devolución del 15%, demandan empezar a discutir la deuda acumulada por ese descuento, en los casos de Santa Fe y de San Luis, que tienen fallos definitivos: la primera estima que por ese concepto tiene acreencias por unos 40.000 millones, en tanto la segunda las estima en 11.000 millones de pesos.

En ambos casos, los reclamos se potencian por razones políticas. Después de un primer semestre de colaboración legislativa con la Rosada, los Rodríguez Saá pasaron a la confrontación, al parecer porque el Gobierno no atendió su reclamo de ampliación de la Corte que habría permitido el ingreso de la senadora puntana Liliana Negre.

El malestar se hizo patente cuando Alberto Rodríguez Saá fue el único gobernador ausente en Tucumán de los actos centrales por el Bicentenario de la Independencia.

Durante los últimos días el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, por su parte, ha sido objeto de inéditas críticas de parte del Presidente (“es el que menos vocación ha demostrado de coordinar políticas”, sostuvo), que parecerían tener que ver con el acercamiento del socialismo nacional al Frente Renovador de Sergio Massa de cara a las próximas elecciones.

El santafesino no se había quedado atrás al cuestionar los tarifazos y la inflación y recriminarle la falta de colaboración para afrontar la crisis hídrica.

Desde el Ministerio del Interior la réplica es que Santa Fe recibió 447 millones para obras hídricas y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante los primeros siete meses de gobierno de Macri; un aporte que la administración de Lifschitz contrasta con los 3.500 millones que por los mismos conceptos percibió Buenos Aires, aun salvadas las diferencias demográficas.

Córdoba, en cambio, con Juan Schiaretti, el “gobernador de mejor sintonía con Macri”, según lo definen, parece dispuesta a sostener su posición pero sin tanto ruido público. La expectativa está en contar con el dinero suficiente producto de la “ley de blanqueo” que permita reducir el déficit de la Caja provincial que, aun con las reformas recientes, terminará el año con un rojo de 900 millones.

Así las cosas, Frigerio y los gobernadores se encaminan a firmar el llamado “Acuerdo para el Fortalecimiento del Federalismo”, una suerte de acuerdo marco sobre criterios comunes para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019 y para un desarrollo económico equilibrado entre la Nación y las provincias.

 Detrás de aquel objetivo de “fortalecer el federalismo”, en fuentes gubernamentales resaltan otro de quizá de mayor trascendencia: “garantizar la gobernabilidad”. Al menos parece ser así hasta el electoral 2017, cuando el desafío estará en lograr aumentar su masa de poder político en el Congreso y también en la elección del senador por la provincia de Buenos Aires.

Fuente: http://losandes.com.ar/article/recelos-ante-un-futuro-pacto-fiscal