Los actores involucrados en la reforma electoral que impulsa el Gobierno ya preparan el terreno pensando en el día después de la aprobación del proyecto, que comenzará a ser tratado en las comisiones del Congreso en la primera semana de agosto próximo.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, concurrirán a la Cámara de Diputados el 4 de agosto, para explicar en la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de reforma, que tuvo un demorado ingreso por mesa de entrada a fines del mes pasado.

Pérez -designado por Macri para encargarse de la reforma- tiene previsto, además, realizar viajes buena parte de las provincias argentinas, en giras que incluirán reuniones con los medios locales, los ministros de Gobierno y -si es posible- con ONGs provinciales, para explicar los cambios electorales propuestos, que en algunos casos despierta controversia (por ejemplo, los partidos vecinalistas ven con preocupación que en las PASO sólo se pueda votar dentro de un frente electoral).

El primer viaje de Pérez y su equipo con ese propósito, será el 27 de julio, para participar en la localidad entrerriana de Gualeguaychú del Foro de la Reforma Electoral, una iniciativa del Ministerio de Gobierno y Justicia de esa provincia, según informaron a Télam desde la cartera de Interior.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, crítico de algunos aspectos de la reforma, inició hace hace dos meses el diálogo con dirigentes políticos opositores y puso en marcha gestiones para aceitar la futura auditoria de un sistema de votación ajeno al Poder Judicial.

Dalla Via ya mantuvo conversaciones telefónicas o presenciales con Elisa Carrió (CC), Graciela Camaño (FR), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Néstor Pitrola (FIT), y tiene previsto luego de la feria judicial comenzar una serie de encuentros formales con jueces electorales, según dijeron a Télam fuentes de la CNE.

Además, viajó a Ecuador y firmó un convenio con el Consejo Nacional Electoral de ese país para cooperar en materia de auditoria de voto electrónico y está en tratativas para suscribir un acuerdo de ayuda técnica con el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

A la espera que en el Congreso se le otorgue un porcentaje ya asignado para la auditoría (desean el 6% del presupuesto total asignado a la reforma), y para que los legisladores tengan en cuenta los reparos de la CNE, Dalla Via hará llegar a los diputados y senadores un informe sobre el seminario realizado en marzo pasado sobre reforma electoral, organizado por ese órgano judicial.

Por ahora, Dalla Via y los jueces electorales descontentos con la reforma que quiere el Gobierno -que no son todos-, aguardan algún pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien notan «desinteresado» sobre este tema, según confiaron las fuentes consultadas.

También, de cara a la aplicación, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, continúa abocado a alistar el engranaje logístico que implicará la adquisición de más de 120.000 máquinas electorales y su respectivo software, algo para lo cual sumó a la Oficina Anticorrupción para «garantizar la transparencia».

Según adelantaron a Télam fuentes de Modernización, por ahora se «siguen explorando» las capacidades de diferentes empresas que podrían ofrecer los servicios requeridos y, a pesar de la demora en el tratamiento de la ley, se mantiene a rajatabla el mes de agosto como fecha para «hacer el llamado a consultas oficiales por pliego» de cara a la licitación.

En tanto, el Gobierno cree que cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Diputados -mayoría calificada de 129 votos- para la reforma electoral, y para eso, en la previa a la presentación, incorporó al proyecto varios de los aspectos pedidos por dirigentes opositores y hasta el propio Pérez se reunió con el jefe del interbloque UNA, Sergio Massa, en Tigre.