De todos los motores que tiene la economía, el consumo privado es uno de los que viene más rezagado. Pero el plan anunciado por el Gobierno para poner al día la deuda con los jubilados por la falta de actualización de haberes se convertirá en un potenciador del repunte esperado para el segundo semestre. Según una fuente oficial que trabajó en el armado de las medidas, su implementación contempla la inyección de por lo menos $ 24.000 millones adicionales en lo que resta de 2016.

Esta cifra comenzará a moverse una vez que el Congreso apruebe el proyecto de ley de Reparación Histórica anunciado por el presidente Mauricio Macri el viernes. Los legisladores de Cambiemos esperan que el texto (que incluye el blanqueo de capitales) ingrese mañana a la Cámara de Diputados para su tratamiento en comisión. La expectativa del Ejecutivo es que el trámite legislativo se complete en junio.

El Gobierno tiene previsto pagar, en primer término, a aquellos que tienen sentencia firme de la Justicia, o que están en vía de obtenerla. Son cerca de 70.000 expedientes, y para ellos está previsto que una vez que presten su acuerdo sobre la liquidación presentada por la ANSeS (que incluye su convalidación judicial), cobren en efectivo la mitad de la sentencia reconocida, y el resto en 12 cuotas trimestrales ajustadas por el índice de movilidad jubilatoria. En el segundo grupo, se ubican quienes tienen juicios en trámite. La cantidad estimada en el organismo previsional es de 380.000. Estos jubilados recibirán una oferta de pago igual a la de aquellos que ganaron el reclamo, pero con una diferencia: solo se les reconocerá un retroactivo de cuatro años. El tercero es el más numeroso: lo integran aquellos que están en condiciones de comenzar el reclamo judicial pero aún no lo hicieron. Son 1,8 millones de pasivos, y para ellos está previsto que, si aceptan desistir del juicio, reciban un aumento en el haber de hasta 45%.

En la planificación oficial, la puesta al día con los jubilados por la mala liquidación de haberes entre los años 2002 y 2006 (reconocidas por el fallo Badaro de la Corte) y por una actualización insuficiente admitida en el fallo Elliff de 2009, absorberá en total $ 75.000 millones. Un tercio de ese monto será para cumplir con los retroactivos, y el resto para cubrir el aumento de los haberes.

Aunque el proyecto ató el financiamiento de esta medida al resultado del blanqueo de capitales, su arranque se hará con fondos ya presupuestados para los juicios, que totalizan $ 12.000 millones.

También está previsto usar las utilidades del FGS, que generan un flujo anual de $ 90.000 millones, que hoy solo alimentan el fondo original. La ANSeS recibirá solo los recursos de aquellos que se adhieran a la amnistía fiscal y acepten pagar 10% o 15% de multa, según cuando ingresen. Los que compren títulos públicos evitarán esa penalidad, y por lo tanto generarán financiamiento para el Tesoro pero no recursos extras para el sistema previsional.

Si se cumplen los plazos previstos para la sanción de la ley, el ente previsional estima que estará en condiciones de procesar 600.000 juicios este año (a razón de 100 mil por mes), siguiendo un orden de prioridad por edad y estado de salud de los involucrados.

Fuente: http://www.cronista.com/economiapolitica/Estiman-que-por-el-pago-de-juicios-a-jubilados-la-economia-recibira-este-ano–24.000-millones-20160530-0049.html