La cifra representa un gasto extra de $ 480.000 millones, mayor al déficit que le dejó a Cambiemos.
El déficit fiscal, de 400.000 millones de pesos, es más bajo que lo que paga el Estado por la cantidad de nuevos empleados públicos incorporados durante los gobiernos kirchneristas: 480.000 millones de pesos por año. También se podría cumplir con los holdouts sólo con la mitad de lo que se emplea en los salarios de los 1.400.000 estatales incorporados entre 2003 y 2015.
Durante la era kirchnerista se incorporaron a la nómina estatal 1.400.000 empleados públicos, que le insumen al Estado nacional y a las provincias y municipios 480.000 millones de pesos por año, ya que por cada estatal debe pagar $ 28.600 por mes y $ 343.000 por año.
«El déficit fiscal es de unos 400.000 millones de pesos, el 7 por ciento del PBI», dice José Luis Blanco, director de la consultora Tendencias Económicas. «Cuando no hay superávit hay que recurrir a la emisión, ya que no hay recursos genuinos para pagar los gastos. Ésta es una de las grandes causas de la inflación», dice Blanco.
A modo de comparación con algunos temas de la semana, por el durísimo arreglo con los holdouts habrá que emitir bonos por 187.000 millones de pesos. Es decir, menos de la mitad de lo que se les paga a los empleados públicos «nuevos» en un año. Por otro lado, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo ante la Asamblea Legislativa que encontró la provincia «con una deuda documentada de 122.000 millones de pesos». Se trata de un cuarto de lo que se les debe pagar por año a las nuevas incorporaciones estatales. Sólo con 10.000 millones de pesos el Gobierno anunció que se reactivan las obras en las rutas 5, 7 y 8, que tantas vidas costaron por el deterioro que sufren y el peligro de la doble mano con alto tránsito de camiones.
El empleo público se descontroló a partir de 2005 y creció durante los siguientes años hasta 2015 un 48 por ciento, según los últimos cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) revelados a LA NACION. En 23 años, de 1980 a 2003, se incorporaron 359.000 personas a las filas del Estado. Pero de 2003 a2015 hubo 1.393.000 trabajadores más.
La progresión de FIEL muestra que en 1980 había 1.851.000 empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal. No hubo demasiados cambios hasta 2003, cuando trabajaban 2.210.000 estatales. Sin embargo, en sólo tres años, en 2006, había 315.000 empleados nuevos.
Pero no paró ahí. La progresión siguió a pasos agigantados hasta llegar a 2015, con 3.603.000 empleados públicos. Durante la era K se triplicó la cantidad de empleados que se habían incorporado durante los anteriores 25 años. «Es una cifra muy importante dentro de lo que son los gastos del Gobierno», dice José Luis Blanco, director de la consultora Tendencias Económicas.
«En el cuadro 12 de la publicación del Indec «Puestos de trabajo y remuneraciones», editada el 21 de septiembre de 2015, se dice que el costo mensual de un empleado público promedio era de $ 22.349 en el segundo trimestre de 2015. Si se agrega un 30% de aumento, son $ 28,6 mil por empleado. Por año el costo sería de 343.000 pesos. Por 1.400.000 empleados, entonces el Estado debe pagar $ 480.000 millones de pesos anualmente», dice Juan Luis Bour, economista senior de FIEL. «No es sostenible porque no hay plata para pagarlo. O bien cobrás más impuestos o pagás menores salarios. Es cuestión de elegir.»
Esta estrategia fue una manera de bajar la tasa de desocupación: compensar la poca o nula creación de empleo privado con la incorporación de empleados públicos. Pero «se crearon empleos de muy baja productividad, y a la larga eso hace caer el salario y es fuente de conflictos. Además, hay menos gente que entra al mercado laboral privado formal porque muchos se satisfacen con ese «trabajo seguro», lo que a la larga reduce el crecimiento de la economía», asegura Bour.
«El empleo privado se estancó desde 2008, cuando se agotaron las buenas condiciones externas, ya que cuando la economía rebotó en 2010 y 2011 creció muy poco», continúa.
Las principales causas del estancamiento del empleo privado fueron, entre otras, los altos costos en salarios e impuestos sobre ellos, que volvieron menos competitiva la fuerza de trabajo local frente a la regional; la imposibilidad de las multinacionales de girar dividendos; las restricciones para importar y exportar, y el constante cambio de reglas, entre otras.
Según la Encuesta Continua sobre Gestión Competitiva de RR.HH., realizada mensualmente a 150 empresas líderes por SEL Consultores, en enero de 2016 un 16% de las empresas esperaba aumentar sus dotaciones, mientras que un 13% dijo que las iba a disminuir. En enero de 2015, un 18% de las empresas esperaba aumentar sus dotaciones y un 17%, disminuirlas. Prácticamente no se movió la aguja del empleo privado. «Las empresas están aún muy expectantes de la evolución de las medidas económicas antes de tomar decisiones de contratación de nuevo personal», dice María Laura Cali, directora de SEL.
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