Los problemas económicos están llegando a las empresas que fabrican productos electrónicos en Tierra del Fuego. En este sector, beneficiado por el régimen de promoción industrial (Ley 19.640), vigente desde el año 1972, tras más de una década de expansión vuelve a predominar una sensación de incertidumbre entre empleados y empleadores, que se tradujo recientemente en alrededor de 500 despidos.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande comenzó a movilizarse a partir de la semana pasada para intentar frenar las desvinculaciones por parte de las empresas Brightstar y la planta de IATEC, del Grupo Mirgor (propiedad de Nicolás Caputo, empresario cercano al presidente Mauricio Macri). Según informó la UOM, los trabajadores elevarán una contrapropuesta a las empresas, impulsando una reducción horaria y salarial para conservar los puestos laborales.

«El nuevo escenario político y económico generó incertidumbre desde el comienzo y hay temor por lo que pueda pasar. Hoy la situación no es dramática y el nivel de empleo no está por debajo de los valores acostumbrados en la provincia», afirma Juan Ignacio García, docente e investigador del instituto de desarrollo económico de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), pero aclara que esto es así porque «lamentablemente, la industria de Tierra del Fuego, mayoritariamente de electrónica, está expuesta a fluctuaciones muy marcadas que han generado un sistema de contratación bastante flexible. En este sector hay alrededor de 7000 empleados efectivos y otros 3000 con contratos a plazo. Esa es la variable de ajuste que estamos acostumbrados a ver a lo largo del año».

Si se consideran las estadísticas oficiales a principios del año 2015, de los 11.265 empleos que había en la industria, 8609 correspondían a la electrónica. En el segundo trimestre, esas cifras ascendían, respectivamente, a 13.117 y 10.732. Y, en el tercero, de 15.313 y 12.971 (no hay datos disponibles para el cuarto trimestre de 2015). Es decir, que los empleados de la industria electrónica habían ascendido, de más de 8000 en el período considerado de baja, a casi 13.000 en su pico más alto. Algo similar ocurrió en 2014, que pasó de ocupar a 10.158 empleados en el primer trimestre del año a 12.971 en el tercero (y que bajó considerablemente en el cuarto, a 8359 empleos).

La particularidad de este año es que las fluctuaciones no parecen responder a ese ciclo habitual al cual los pobladores de la provincia ya estarían acostumbrados: «Lo que empieza a verse ahora, y que ha sido la noticia del último tiempo sobre suspensiones y contratos que se dan de baja, tiene que ver con los primeros efectos del ajuste macroeconómico en el país: hay una devaluación que genera caída del salario real y un aumento del precio de los productos que son o utilizan insumos importados, lo que posterga el consumo de bienes, sobre todo de los suntuarios como los de electrónica», detalla García, que hasta mediados de diciembre de 2015 se desempeñó como secretario de Industria de Tierra del Fuego.

Al respecto, Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (AFARTE), dice que no hay despidos masivos, sino una disminución en la contratación, producto de una acumulación de stock provocada por una disminución general del consumo de este tipo de productos. De hecho, la empresa Brightstar justificó las desvinculaciones por la sobreacumulación de stock equivalente a casi seis meses de ventas.

Sin embargo, Mayoral considera que «algunos cambios eran absolutamente necesarios, porque el peso estaba muy sobrevaluado y había precios relativos que estaban muy distorsionados, como el de la energía. Con el desequilibrio de precios relativos que había hacia fin de año en tarifas, el tipo de cambio y demás, era obvio que se iban a introducir correcciones para nivelar los precios relativos; esa nivelación afecta el nivel de actividad y, sobre todo, el consumo».

Sumado a la disminución del consumo, «este escenario se puede volver mucho más complejo si además empieza a haber una apertura a las importaciones, algo que todavía no se ha visto de manera masiva pero que hay temor de que ocurra», afirma García, y destaca que «eso ya significaría un ajuste estructural y no un proceso coyuntural de ajuste: si cambia el modelo, cambian los volúmenes que puede fabricar Tierra del Fuego en el largo plazo. Por eso ahora hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con este escenario de comercio internacional», agrega.

Mayoral considera que, más que preocupados por una apertura a las importaciones, «las empresas están atentas». Y agrega: «Si hay que discutir y competir con importaciones del 20% o el 25% del mercado, no va a ser dramático». Pero advierte que durante el primer trimestre de 2016 no ha bajado el nivel de producción en la isla, aunque sí se espera una reducción para el segundo trimestre. Del mismo modo, adelanta que «se está esperando una baja en el consumo del 10 al 15 por ciento», lo que podría provocar una ralentización en el ritmo de contrataciones, que podría afectar al 10% de las 12.000 personas que suelen trabajar en esta industria: «Es posible que queden 1000 o 1200 personas que tarden en volver a ser contratadas, eso puede pasar», dice.

A esta situación de incertidumbre se le suma la inestabilidad en el sector público en la provincia gobernada por Rosana Bertone, del Frente para la Victoria. Un dato no menor, si se tiene en cuenta que, entre ambos, suman casi el 60% del empleo provincial (alrededor de un 33 % en el sector público y un 22% en la industria, según las estadísticas disponibles). «La situación desde lo político es muy complicada y no se visualiza claramente una posibilidad de solución del conflicto. El Estado está virtualmente parado, el hospital público solo funciona para emergencias y no hay clases en los colegios desde el inicio del año», dice García y reflexiona: «Esta provincia vive fundamentalmente del empleo público e industrial, y el comercio le sirve a estos dos. Hoy, el sector estatal está en una situación que no se sostiene mucho más, y la industria, si bien no ha dejado gente en la calle de manera masiva, enfrenta un escenario complicado, de incertidumbre. Creo que todavía no se están viendo las consecuencias más graves que esto podría llegar a tener».

Mayoral se muestra más esperanzado: «Estamos desarrollando un centro tecnológico en Río Grande a través del programa CEN-TEC -del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-, para desarrollar servicios y estudios vinculados a ciencia aplicada, no solo para la industria electrónica. También estamos terminando de desarrollar un plan que tiene aspectos de reconversión y de inversiones en otros sectores de la industria».

El régimen de promoción industrial que beneficia al sector electrónico en Tierra del Fuego vence en 2022 y existe temor acerca de su continuidad. «No hay una salida sencilla», reconoce García. Y concluye: «Según cómo se administre el conflicto desde lo político, se verá si se resuelve el escenario del empleo público. Desde lo económico e industrial y sus posibles efectos, para el largo plazo hay que pensar un modelo de desarrollo para la provincia que sea más autónomo y no esté tan expuesto a los vaivenes de la macroeconomía. El punto clave es que no nos suelten la mano con la industria porque queremos transitar ese camino apoyándonos fuertemente en su desarrollo, ya que hoy representa más de un tercio del empleo privado provincial y no podemos reemplazarlo en el corto plazo».