Asistió a Comodoro Py, pero se negó a declarar vía oral, al igual que su hijo Martín y Pérez Gadín. El santacruceño dijo que el dinero que aparece en el video era para comprar un campo
En el texto, Báez dijo que el dinero que se contaba en la financiera conocida como «La Rosadita» era para comprar un campo, puso en duda la validez de las grabaciones con ese episodio y pidió su excarcelación. En medio de un imponente operativo de seguridad y un intenso seguimiento mediático, Báez fue trasladado muy temprano a Comodoro Py, tras ser detenido por la supuesta existencia de «riesgos procesales», o entorpecimiento de la investigación.
Báez, su hijo Martín y Pérez Gadín entregaron sendos escritos en los que cuestionaron la validez jurídica de uno de los principales elementos de cargo, la filmación de una cámara de seguridad que muestra a varios imputados contando grandes cantidades de dólares en la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», y que fue difundida por Canal 13 en marzo.
Trascendió de fuentes judiciales que Báez explicó en el escrito que presentó al juez que planeaba «comprar un campo» con el dinero que acomodaban en el video su hijo Martín y el contador Pérez Gadín. Además, el empresario habría tratado de desligar a su hijo Martín, argumentando no entender el por qué de su imputación. Justamente, el hijo de Báez, deslizó que el dinero era de su padre, a quien definió como «un importante empresario».
Quien sí aceptó declarar fue el financista Federico Elaskar, ex dueño de «La Rosadita», citado por otros dos hechos relacionados con la causa principal que tiene imputado a Báez. Cuando el juez Casanello lo interrogó sobre el contenido de la filmación, a propósito de declaraciones públicas en las que había apuntado a Báez y también a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Elaskar respondió que no tenía «nada para decir». El abogado de Elaskar, Juan Manuel Ubeira, había opinado poco antes que la detención de Lázaro Báez «está muy lejos del sistema de Justicia y muy cerca del Holocausto».
El letrado opinó que «me parece todo un disparate lo de las detenciones porque no hay nada para presumir que estas personas se van a fugar y no van a declarar. Todo esto aplica a un clima de espectacularidad». Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán también participaron en las indagatorias a César Fernández (titular de SGI) y Walter Zanzot (presidente de la compañía de aviones Top Air), que aparecían en el video de «La Rosadita» y se negaron a declarar.
Tras la ronda de indagatorias, las defensas de Báez y Pérez Gadín pidieron las respectivas excarcelaciones. Casanello las denegó, tras considerar que existe «riesgo de fuga» en función del «patrimonio abultado», la «cantidad de vehículos y aeronaves propias» y los «lazos internacionales» del empresario patagónico.
Para reforzar su decisión de no dar lugar al pedido de excarcelación que había solicitado la defensa de Báez, el magistrado agregó en la resolución que «no es posible olvidar que a lo largo del expediente se han mencionado amenazas y situaciones de presión sobre testigos» por parte del dueño de Austral Construcciones. Para Casanello, el «patrimonio abultado» de Báez «permite presuponer fundadamente la existencia de recursos materiales para eludir el accionar de la justicia».
Tras su paso por Comodoro Py, Báez fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, donde quedará detenido en el Hospital Penitenciario Central (HPC). Allí se someterá a un chequeo médico y luego el juez deberá decidir las condiciones de su alojamiento. En Ezeiza también está detenido el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, tras la decisión del juez Julián Ercolini.
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