En caso contrario, el impacto económico sería equivalente a los 430 o 470 millones de pesos para el año en curso, según los cálculos que manejan tanto en el ámbito privado como en el Gobierno provincial.

En los últimos tiempos, los espumantes han estado a salvo de pagar un tributo que equivale al 12 por ciento del producto terminado gracias a sucesivos decretos presidenciales firmados desde 2005. La ley nacional que dispuso gravarlos es la de Impuestos Internos, número 24674, que se sancionó a fines de los 90.

Estos decretos establecían que los bodegueros debían realizar inversiones por un valor superior al impuesto, a cambio de no pagarle al Estado. Nunca fue una situación ideal, ya que el esquema tributario debe ser fijado por el Congreso Nacional, pero al menos la industria de los espumantes no tributaba.

En 2014 incluso hubo un intento de que el Congreso dejara en firme la exclusión. El senador peronista Adolfo Bermejo, con el apoyo de Miguel Pichetto, logró que la Cámara Alta aprobara una ley que dejaba afuera de la ley Impuestos Internos a los espumantes, bajo el argumento de que era el único producto de la cadena vitivinícola que era afectado por el gravamen.

En Diputados, otro justicialista, Julián Domínguez, llegó a prometer después que el proyecto obtendría la media sanción restante, pero esto nunca ocurrió, se cree que porque intervino en contra el Poder Ejecutivo.

Sobrevino entonces el cambio de gobierno, pero en la era Macri, el impuesto a los espumantes parece seguir en suspenso.

El decreto que mantenía la exclusión caducaba el 31 de enero pasado y en la industria se esperaba señales de Macri respecto de la ley o al menos un nuevo decreto presidencial que prorrogara la exclusión un año más. Pero esto no ocurrió. En cambio, Macri otorgó -por medio del decreto 355– una prórroga de apenas tres meses, que vence a fines de abril. Ese DNU precisamente será tratado por la comisión bicameral del Congreso el 2 de marzo, donde todo indica que será convalidado.

Si bien el decreto 355 señala que «la exclusión ha producido un importante crecimiento en el sector» y sostiene que el Gobierno Nacional busca «impulsar las economías regionales, contribuyendo al posicionamiento y competitividad de la actividad vitivinícola», en Mendoza hay dudas por la prórroga acotada.

También se afirma que no fue fácil conseguirla: el ministro de Economía provincial, Enrique Vaquié, tuvo que «remar» con fundamentaciones y pedidos ante su par nacional, Alfonso Prat Gay, para evitar que los espumantes tuvieran que comenzar a pagar el impuesto ahora.

La polémica va a tener impacto durante la Fiesta de la Vendimia, ya que el Presidente viene a Mendoza y se espera que la industria le haga el respectivo reclamo en el desayuno de la Coviar, que se realizará el sábado.

«Desde la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) creemos que esto debería resolverse por ley», indicó al respecto Sergio Villanueva, quien comparó la situación de los espumantes con los cambios en el Impuesto a las Ganancias «que al final son un reconocimiento de la inflación».

En tanto, en el Ejecutivo provincial admitieron que hay «ruido» a nivel nacional con este tema. De hecho, se sabe que el gobierno de Macri está elaborando una reforma tributaria que podría elevar los montos de los Impuestos Internos, aunque esa reforma estaría apuntada al tabaco y se analiza con cierto cuidado por su impacto en las economía regionales.

En el gobierno de Cornejo no saben si Macri traerá una respuesta a los bodegueros locales en plena Vendimia, aunque dicen que las gestiones se están haciendo. «Estoy dando los argumentos a Finanzas de por qué queremos que el impuesto a los espumantes siga siendo cero, por decreto o por ley», afirmó al respecto el ministro Vaquié.

Fuente: http://www.mdzol.com/nota/659302-bodegueros-en-guardia-por-el-impuestos-a-los-espumantes/