Uno aguarda definiciones de la Nación acerca del lanzamiento, y el otro prepara el terreno con la fiscalización de los volúmenes excedentes. En ese orden se mueven el ministro de Economía, Enrique Vaquié, y el flamante titular del INV, Carlos Tizio, para darle puntapié inicial al operativo que, a través del mecanismo de la licitación y con fondos nacionales, buscará despejar 190 millones de litros heredados, que al parecer incluirá un combo esperado por el sector: que el Gobierno también compre uva para tonificar los precios. 

“Aún no hay fecha. Estamos esperando confirmación, pero en principio será esta semana”, se limitaron a señalar desde el entorno de Vaquié sobre el dilatado anuncio, sin descartar aún la presencia del presidente Macri. Y que en principio se aseguró del Ministerio de Agroindustria nacional $ 75 millones para licitar una parte de los volúmenes, aunque ayer ya se hablaba de dar “una solución integral a la industria”.

Con ese mensaje, el Ejecutivo recogió el guante del reclamo para sostener el precio formulado por algunas entidades, a sabiendas de que dependerá de los recursos asignados por el ministro Ricardo Braille. De hecho, tanto Vaquié como su colega sanjuanino Díaz Cano asumían ayer como inminente la transferencia del dinero y la firma del convenio.

En busca de precisiones, Los Andes consultó a fuentes del Ministerio de Agroindustria. “No tenemos novedades aún” fue la respuesta sobre la fecha.

Por su parte, y luego de haber recorrido San Martín, el polo vitivinícola provincial, durante gran parte del lunes, el presidente del INV, Carlos Tizio, estuvo en San Juan. Allí se reunió con el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, ante quienes remarcó cuál será el rol del organismo en medio de la situación que atraviesa la industria.

Allí, en un intento por despegarse del perfil más político de la gestión anterior, Tizio resaltó que el trabajo del Instituto “se basará en las tareas de control y de fiscalización, y en aspectos técnicos que hacen a funciones propias”. Y aunque no trascendieron detalles, los funcionarios también discutieron sobre la coyuntura vitivinícola y cómo superarla.

Aval a la intervención directa
En tanto, las entidades del sector tampoco pierden el tiempo, y ya elevaron al Ministerio de Producción nacional, que conduce el mendocino Francisco Cabrera, un “punteo” de temas a trabajar. Esto, de acuerdo a lo convenido tras una reunión con Andrés Boehringer,  secretario de Desarrollo Regional, y su par Lucio Castro, de Desarrollo Productivo.

Además de la eliminación de excedentes, entre los ítems destacados aparecen la necesidad de recuperar rentabilidad y una agenda de exportaciones, con los acuerdos de libre comercio como punto 1. Porque, según afirman los dirigentes, “en 25 años de Mercosur no logramos ninguno”.

Paralelamente, esperan una reunión con Vaquié. Al ministro le llegó un planteo por escrito de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas) que abona 3 puntos: que en el caso de los sobrestock vínicos, el operativo integre un mix entre la licitación y el TIVI (Título Vitivinícola) para apalancar el precio de los caldos; una intervención directa en la compra de uva; y que en cualquier caso, las medidas prioricen a los pequeños productores.

En general, el operativo de inminente lanzamiento cosecha mayoritariamente apoyo. Pero más aún si viene integrado a un sostén para la materia prima a partir de $2 por kilo de uva criolla, al que se sumaría un subsidio al bolsillo del productor.

Asegurarse éxito exige, según Emiliano Palazzo, de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas “información urgente y detallada, sobre calidad y cantidad de vino”.

Al respecto, Palazzo insistió en que a los fondos nacionales “vía licitación o uva, habrá que darle un uso súper eficiente. Por ejemplo, si bien $2 sólo cubriría costos, sería el piso para pensar seriamente en cosechar”.

Las bodegas exportadoras también avalan las alternativas previstas en tanto sirvan para traccionar más las ventas al exterior.  “Con un aporte de la bodega y otro poco del Gobierno le puede servir al productor. Y también a la bodega, si cierran los números para exportar”, señaló Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, previo a que el Comité Ejecutivo termine de formalizar su postura.