El gobierno mendocino apuesta a que la Nación de una mano que le ayude a reducir el hacinamiento de presos en las cárceles locales.

De los dos proyectos de infraestructura penitenciaria que se barajaron en los últimos tiempos, sólo uno tiene chances de concretarse. Se trata de la cárcel para presos federales en Cacheuta, una vieja promesa (se anunció hace 8 años) que comenzó a construirse, pera que ha quedado en obra gruesa.

La otra solución es la construcción de una cárcel provincial más, que directamente hoy no se contempla debido a la falta de recursos.

Alfredo Cornejo tendrá una reunión dentro de dos semanas con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para hablar de la reactivación de la cárcel federal. También ha acudido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que interceda en el mismo sentido.

Parada

La cárcel de presos federales prácticamente se congeló en el gobierno de Francisco Pérez por un conflicto contractual de la firma Isolux con la Nación.

Para su sucesor sería clave destrabarla, dado que se cree que esas plazas solucionarían, al menos por el momento, el problema del hacinamiento carcelario.

En efecto, la cárcel federal alojaría cerca de 500 presos, un número que, según el Poder Ejecutivo, equivale prácticamente a la cantidad de internos que no tienen plazas en el resto de los presidios y deben amontonarse con otros en celdas pequeñas: unos 450 en total.

El Gobierno provincial no ha perdido de vista este problema, que reflotó hace poco a partir de un pedido de hábeas corpus colectivo aceptado por la Corte provincial en favor de los presos hacinados.

Si bien ese fallo quedó suspendido por la interna de la propia Justicia, el Gobierno en su momento salió a resistir la idea de restringir la prisión preventiva para evitar más hacinamiento carcelario.

Por eso ahora está obligado a buscar soluciones prácticas para la sobre población carcelaria, que no se propone atenuar sacando presos a la calle. Aunque el grave problema que enfrenta es la falta de financiamiento propio.

Ni se menciona en ese sentido un proyecto que está en la Legislatura y que promueve la construcción de una nueva cárcel provincial en Cacheuta con capacidad para entre 600 y 900 presos. Ese proyecto requeriría cerca de 1.000 millones de pesos, pero sólo se podría hacer por la vía del endeudamiento.

Así es como lo único que queda es empujar para que la cárcel federal se termine de construir de una vez.

Cifras

El gobierno de Cornejo, de todos modos, advierte que esta solución es precaria dado que sostiene que Mendoza tiene un índice bajo de detenciones: rondaría el 0,2 por ciento de la población, cuando en las grandes capitales se acerca al 1 por ciento.

Esto quiere decir que sí se aumenta el nivel de detenciones, como pretende esta gestión, la solución prevista será una frazada muy corta.

Otro problema es el hacinamiento de internos en cárceles de San Juan y Neuquén, que según el Ejecutivo sería más alto que en Mendoza y genera el riesgo de que el futuro presidio local reciba presos de esas provincias.

Por otro lado, en la batalla de números, Cornejo no puede combatir el dato de que la población carcelaria mendocina creció mucho más que la infraestructura: pasó de 2000 a 4000 presos en 15 años.

Eso sí, se ataja con el dato histórico: condenas internacionales obligaron a las gestiones radicales de Roberto Iglesias y Julio Cobos a invertir mucho más en esa área que lo que gastaron los sucesores peronistas Celso Jaque y Pérez.